Ante el decreto 743, aprobado por la Asamblea Legislativa para reformar transitoriamente los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica Judicial, sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial del 2 de junio, las instancias abajo firmantes denunciamos:
1. Que el contenido de este decreto es contrario a la institucionalidad del país, pues busca romper con el equilibrio de poderes dentro de nuestro Estado y favorecer los intereses de pequeños grupos sobre los de la población salvadoreña.
2. Que el decreto fue aprobado irrespetando los procedimientos establecidos para la formulación de leyes: se aprobó con dispensa de trámite y con modificación de agenda. Esta forma de actuar de la Asamblea Legislativa ya fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional. Por ende, es un decreto aprobado de forma ilegal.
3. La urgencia con la que fue aprobado, sancionado y publicado, y la temporalidad del mismo dejan en evidencia que se trata de una maniobra política que otorga a la actual Asamblea Legislativa poderes ilimitados y que busca amordazar a la Sala de lo Constitucional, para que no siga emitiendo más sentencias molestas.
4. Que la pretendida homologación de los procesos de decisión y la exigencia de que las demandas de inconstitucionalidad se resuelvan con el acuerdo de todos los magistrados tienen como consecuencia la imposibilidad práctica de tomar decisiones. En este sentido, el dictamen aprobado otorga capacidad de veto a cada uno de los magistrados, lo cual no ocurre en ningún otro órgano del Estado. ¿Qué dirían los mismos diputados si cada dictamen debiera ser aprobado con los votos del 100% de los legisladores?
5. Que la aprobación del decreto es una acción más contra los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes con hidalguía han demostrado actuar bajo los dos principios que deben caracterizar a todo sistema que pretenda impartir justicia pronta y cumplida: imparcialidad e independencia. Entre otros temas, las sentencias de la Sala abren el camino para posibilitar las candidaturas independientes; para que sea la ciudadanía la que elija directamente a sus diputados y diputadas; para la cancelación del PCN y PDC; y para la remoción de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral por haber violentado las leyes del país. Los diputados y las cúpulas de los partidos se resisten a la implementación de estos cambios.
6. Que la Asamblea Legislativa hizo caso omiso de la existencia de un proyecto de la Ley Orgánica Judicial, por lo que interfiere en el proceso ya iniciado de la formulación de la mencionada ley.
7. Que este decreto, en lugar de resolver problemas, ocasionará nuevos conflictos si la Sala de lo Constitucional tiene que juzgar sobre la constitucionalidad de un decreto que afecta a su capacidad de tomar decisiones.
8. Que el Presidente de la República, con su sanción y forma de proceder al respecto, está apoyando una medida antidemocrática que atenta contra la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de las instituciones, y pone en entredicho su imagen democrática.
Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes hacemos público nuestro repudio a esta acción, que ha debilitado la democracia y pone en riesgo la institucionalidad, por lo que exigimos la derogación del decreto. Pedimos al pueblo salvadoreño que se adhiera a este pronunciamiento y demuestre su repudio, por todos los medios pacíficos a su alcance, ante este acto indigno y contrario al mandato delegado por los ciudadanos y ciudadanas en las elecciones; un acto propio de personas sin principios, ni valores cívicos y morales.
Asociación Americana de Juristas, Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador, Asociación de Desarrollo Económico y Social, Asociación de Jueces de Paz, Cambio Democrático, Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE), Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), Concertación Democrática Nacional (CDN), Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social, Consejo de Asociaciones de Profesionales de El Salvador (CAPES), El Rescate, Foro de Jueces Democráticos e independientes, Foro para la Defensa de la Constitución, Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (Fespad), Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (Redes), Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (Cemujer), Movimiento Independiente Pro Reforma Electoral (MIRE), Movimiento Unificado Francisco Sánchez (MUFRAS 32), Patria Exacta, Pro Búsqueda, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Red Ciudadana, Salvadoreños en el Mundo, Servicio Social Pasionista (SSPAS), Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Tutela Legal del Arzobispado, Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Universidad Luterana Salvadoreña (ULS).
San Salvador, 7 de junio de 20
