Cosas tan pasajeras bis

Declaración de Caracas

2011-12-06T06:02:00.000-08:00

"En el Bicentenario de la Lucha por la Independencia Hacia el Camino de Nuestros Libertadores"

1. Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe, reunidos en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, los días 2 y 3 de diciembre de 2011, en el marco de la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y la XXII Cumbre del Grupo de Río, y en el año de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Venezuela, y en memoria y homenaje a la trascendental obra histórica de El Libertador Simón Bolívar, acuerdan:

2. Reconocer la valiosa contribución del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política - Grupo de Río- creado en diciembre de 1986 en Río de Janeiro en los temas centrales de la agenda regional y global y en favor de las más altas aspiraciones de nuestros países, así como el impulso que ha otorgado a la cooperación, como a la integración y al desarrollo de la región, la CALC, creada en diciembre de 2008, en Salvador de Bahía, Brasil.

3. Reafirmar la declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe (Riviera Maya, México, 23 de febrero de 2010) y, en particular, la decisión de constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que comprende a los 33 Estados soberanos de nuestra región.

4. Saludar la creación del Foro Unificado CALC y Grupo de Río de composición abierta, Co-Presidido por Chile y Venezuela que impulsó la excelente tarea de redactar el documento de procedimientos de la CELAC, dando cumplimiento efectivo a la Declaración Ministerial de Caracas del 3 de julio de 2010.

5. Reconocer los importantes logros y consensos alcanzados en las reuniones de las Ministras y los Ministros de Relaciones Exteriores realizadas en Caracas, durante julio de 2010 y abril de 2011, así como las reuniones ministeriales especializadas de lo social, ambiental, energético, financiero y comercial, en el marco de la Presidencia venezolana de la CALC.

6. Conscientes de los desafíos que la crisis económica y financiera internacional presentan al futuro de nuestra región y a nuestras legítimas aspiraciones de inclusión social, crecimiento con equidad, con desarrollo sustentable e integración.

7. Convencidos de que la unidad e integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe constituye, además de una aspiración fundamental de los pueblos aquí representados, una necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región.

8. Conscientes de que la conmemoración del Bicentenario de los procesos de Independencia en América Latina y el Caribe, ofrece el marco propicio para la consolidación y puesta en marcha de nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

9. Decididos a promover y proyectar una voz concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de los grandes temas y en el posicionamiento de la región ante acontecimientos relevantes en reuniones y conferencias internacionales de alcance global, así como en la interlocución con otras regiones y países.

10. Reconocer que nuestros países han avanzado en procesos de Integración regional y subregional y en la conformación de diversos mecanismos a lo largo de las últimas décadas, reflejo de su vocación de unidad y su naturaleza diversa y plural, que constituyen un sólido cimiento a partir del cual edificamos la Comunidad que agrupa a todos los Estados latinoamericanos y caribeños.

11. Conscientes de la aspiración común de construir sociedades justas, democráticas y libres y, convencidos de que cada uno de nuestros pueblos escogerá las vías y medios que, basados en el pleno respeto de los valores democráticos de la región, del Estado de derecho, sus instituciones y procedimientos y de los derechos humanos, les permita perseguir dichos ideales.

12. Ratificar nuestro apego a los Propósitos y Principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, y el respeto al Derecho Internacional.

13. Destacando el camino trazado por los Libertadores de América Latina y el Caribe hace más de doscientos años, un camino iniciado de manera efectiva con la independencia de Haití en 1804, dirigida por Toussaint Louverture, constituyéndose de esta manera en la primera República Independiente de la región. De la misma manera recordamos que la República de Haití liderada por su Presidente Alexandre Pétion, con la ayuda prestada a Simón Bolívar para la Independencia de los territorios que en el presente conocemos como América Latina y el Caribe inició las bases para la solidaridad e integración entre los pueblos de la región.

14. Inspirados en la obra de los Libertadores, y asumiendo plenamente su legado como acervo fundacional de nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

15. Conscientes de que han transcurrido 185 años desde que se ensayara el gran proyecto de los Libertadores, para que la región se encuentre hoy en condiciones de abordar, por la experiencia y la madurez adquirida, el desafío de la unidad e integración de América Latina y el Caribe.

16. Inspirados en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, acto fundamental de la doctrina de la unidad latinoamericana y caribeña, en el que nuestras jóvenes naciones soberanas plantearon la discusión de los destinos de la paz, el desarrollo y la transformación social del continente.

17. Destacando la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las luchas independentistas y reconociendo sus aportes morales, políticos, económicos, espirituales y culturales en la conformación de nuestras identidades y en la construcción de nuestras naciones y procesos democráticos.

18. Reconociendo el papel histórico de los países de la Comunidad Caribeña (CARICOM) en el proceso de liberación, desarrollo e integración en Latinoamérica y el Caribe, y enfatizando el compromiso permanente de CARICOM y los Pueblos Caribeños para contribuir con el desarrollo integral y sostenible de la región.

19. Exaltando la conmemoración del Bicentenario de Independencia, los países latinoamericanos y caribeños honramos la memoria de nuestras luchas independentistas y reafirmamos el pensamiento integracionista que enarbolaron nuestros héroes y heroínas.

Declaramos:

20. En el marco del Bicentenario de la independencia, nos hemos reunido los 33 países de América Latina y el Caribe, luego de los esfuerzos concretados en la Cumbre de América Latina y El Caribe (CALC) realizada el 17 de diciembre de 2008 en Salvador de Bahía y la Cumbre de la Unidad realizada en Cancún el 23 de febrero de 2010, para poner en marcha la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

21. Que conforme al mandato originario de nuestros libertadores, la CELAC avance en el proceso de integración política, económica, social y cultural haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad de nuestros pueblos, para que el mecanismo regional de integración sea el espacio idóneo para la expresión de nuestra rica diversidad cultural y a su vez sea el espacio adecuado para reafirmar la identidad de América Latina y El Caribe, su historia común y sus continuas luchas por la justicia
y la libertad.

22. Que teniendo en cuenta la diversidad en los procesos de formación de la identidad latinoamericana y caribeña, la CELAC se convierta en un espacio que reivindique el derecho a la existencia, preservación y convivencia de todas las culturas, razas y etnias que habitan en los países de la región, así como el carácter multicultural de nuestros pueblos, y plurinacional de algunos de nuestros países en especial de las comunidades originarias que promueven y recreen la memoria histórica, los saberes y los conocimientos ancestrales.

23. Que reconociendo el derecho que tiene cada nación de construir en paz y libremente su propio sistema político y económico, así como en el marco de las instituciones correspondientes de acuerdo al mandato soberano de su pueblo, los procesos de diálogo, intercambio y negociación política que se activen desde la CELAC deben realizarse tomando en cuenta los siguientes valores y principios comunes: el respeto al Derecho Internacional, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación, el respeto a la soberanía, el respeto a la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de cada país, la protección y promoción de todos los derechos humanos y de la democracia.

24. Con fundamento en los valores y principios del párrafo anterior y recogiendo la práctica del Grupo de Rio, la CELAC promoverá el desarrollo de instrumentos para garantizar el cumplimiento de los mismos.

25. Que es necesario continuar unificando esfuerzos y capacidades para impulsar el desarrollo sostenible de la región, concentrando los esfuerzos en el creciente proceso de cooperación e integración política, económica, social y cultural para así contribuir con la consolidación de un mundo pluripolar y democrático, justo y equilibrado, y en paz, despojado del flagelo del colonialismo y de la ocupación militar.

26. Que es necesario profundizar la cooperación y la implementación de políticas sociales para la reducción de las desigualdades sociales internas a fin de consolidar naciones capaces de cumplir y superar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

27. La necesidad de avanzar sobre la base de nuestros principios en el fortalecimiento y consolidación de la cooperación latinoamericana y caribeña, en el desenvolvimiento de nuestras complementariedades económicas y la cooperación Sur-Sur, como eje integrador de nuestro espacio común y como instrumento de reducción de nuestras asimetrías.

28. Que la CELAC, único mecanismo de diálogo y concertación que agrupa a los 33 países de América Latina y El Caribe, es la más alta expresión de nuestra voluntad de unidad en la diversidad, donde en lo sucesivo se fortalecerán nuestros vínculos políticos, económicos, sociales y culturales sobre la base de una agenda común de bienestar, paz y seguridad para nuestros pueblos, a objeto de consolidarnos como una comunidad regional.

29. Que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), teniendo presente el acervo histórico del Grupo de Río y de la CALC, impulsará planes de acción para la implementación y el cumplimiento de los compromisos plasmados en las Declaraciones de Salvador de Bahía y de Cancún, en el Plan de Acción de Montego Bay y en el Programa de Trabajo de Caracas. Enalteciendo el proceso histórico vivido, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de
América Latina y el Caribe deciden:

30. Adoptar, con base en los principios de flexibilidad y de participación voluntaria en las iniciativas las declaraciones y documentos adoptados en las reuniones ministeriales especializadas sobre Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y la pobreza, celebrada en Caracas, 24 y 25 de marzo de 2011; reunión de seguimiento y evaluación de los avances del Foro de Ministros de Ambiente, Caracas, 28 y 29 de abril de 2011; reunión Ministerial sobre Energía, Caracas, 12 y 13 de mayo de 2011; reunión Ministerial sobre la Crisis Financiera Internacional y Comercio Exterior, Caracas 18 y 19 de mayo de 2011; reunión entre Mecanismos regionales y subregionales de integración en América Latina y el Caribe en el marco de la CALC, Caracas 25 y 26 de Octubre de 2010; reunión entre mecanismos regionales y subregionales de integración en América Latina y el Caribe en el área económico-comercial, Montevideo, 6 y 7 de abril 2010; Reunión entre mecanismos regionales y subregionales de integración en América Latina y el Caribe en el área productiva, Caracas 5 y 6 de mayo de 2011; reunión entre mecanismos regionales y subregionales de integración en América Latina y el Caribe en el área social e institucional, Caracas, 10 y 11 de junio de 2011; reunión de conclusiones entre mecanismos regionales y subregionales de integración en América Latina y el Caribe, Caracas, 11 de junio de 2011; reunión de coordinación de las iniciativas regionales en las áreas de infraestructura para la integración física de transporte y telecomunicaciones e integración fronteriza, realizada el 24 y 25 de marzo de 2011 en México; Reunión Regional de Mecanismos Latinoamericanos y Caribeños sobre Asistencia Humanitaria, realizada el 30 y 31 de mayo de 2011 en Panamá; reunión regional sobre protección a los migrantes, Perú 26 y 27 de junio de 2011. Dando cumplimiento al Programa de Trabajo de Caracas para la implementación de los mandatos de la CALC plasmados en las Declaraciones de Salvador de Bahía y de Cancún, así como en el Plan de Acción de los Cancilleres el 3 de julio de 2010.

31. Poner en marcha la CELAC, como mecanismo representativo de concertación política, cooperación e integración de los Estados latinoamericanos y caribeños y como un espacio común que garantice la unidad e integración de nuestra región.

32. Reafirmar que el propósito común de integración, unidad y cooperación dentro de la CELAC se sustenta en los acervos heredados por los principios compartidos y consensos adoptados en la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre la Integración y Desarrollo (CALC) y el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política Grupo de Río, que luego de fructífera labor cesan formalmente en sus acciones y dan paso a la CELAC.

33. Incorporar el Plan de Acción de Caracas 2012 como parte integral de esta Declaración, con el objetivo de llevar a la realidad nuestro compromiso político de defensa de la unidad y la integración, la cooperación, la complementariedad y la solidaridad.

34. Aprobar el "Estatuto de Procedimientos de la CELAC", como parte integral de la presente Declaración, poniendo así definitivamente en marcha su organización y funcionamiento.

35. Invitan a la Presidencia Pro-Témpore de la CELAC a que en el ejercicio de su Presidencia implementen el Plan de Acción de Caracas 2012 en especial lo relativo a los ejes temáticos en las áreas social, ambiental, energético, económico, cultural y otras áreas prioritarias determinadas en el Plan de Acción de Caracas. Asimismo, encomendar a los Ministros de Relaciones Exteriores a que formulen propuestas para destinar los recursos materiales y financieros necesarios, sustentados en los criterios de máxima efectividad y austeridad establecidos en el documento de procedimientos de la CELAC.

36. Comprometer la voluntad de nuestros gobiernos para instruir a los mecanismos y organismos regionales, a que promuevan entre ellos la comunicación, cooperación, articulación, coordinación, complementariedad y sinergia, cuando corresponda y a través de sus respectivos órganos directivos, para contribuir a alcanzar los objetivos de integración planteados en esta Declaración, asegurando el óptimo uso de los recursos y la complementariedad de esfuerzos.

37. Reafirmar la invitación para celebrar la Cumbre de la CELAC en la República de Chile en el 2012.

38. Celebrar en la República de Cuba la Cumbre de la CELAC en 2013.

39. Acoger la realización de la Cumbre de la CELAC en el año 2014 en la República de Costa Rica.

40. Dado en Caracas, cuna de El Libertador Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, el 3 de diciembre de 2011.

Atentado contra la institucionalidad

2011-06-08T05:52:00.001-07:00

Ante el decreto 743, aprobado por la Asamblea Legislativa para reformar transitoriamente los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica Judicial, sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial del 2 de junio, las instancias abajo firmantes denunciamos:

1. Que el contenido de este decreto es contrario a la institucionalidad del país, pues busca romper con el equilibrio de poderes dentro de nuestro Estado y favorecer los intereses de pequeños grupos sobre los de la población salvadoreña.

2. Que el decreto fue aprobado irrespetando los procedimientos establecidos para la formulación de leyes: se aprobó con dispensa de trámite y con modificación de agenda. Esta forma de actuar de la Asamblea Legislativa ya fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional. Por ende, es un decreto aprobado de forma ilegal.

3. La urgencia con la que fue aprobado, sancionado y publicado, y la temporalidad del mismo dejan en evidencia que se trata de una maniobra política que otorga a la actual Asamblea Legislativa poderes ilimitados y que busca amordazar a la Sala de lo Constitucional, para que no siga emitiendo más sentencias molestas.

4. Que la pretendida homologación de los procesos de decisión y la exigencia de que las demandas de inconstitucionalidad se resuelvan con el acuerdo de todos los magistrados tienen como consecuencia la imposibilidad práctica de tomar decisiones. En este sentido, el dictamen aprobado otorga capacidad de veto a cada uno de los magistrados, lo cual no ocurre en ningún otro órgano del Estado. ¿Qué dirían los mismos diputados si cada dictamen debiera ser aprobado con los votos del 100% de los legisladores?

5. Que la aprobación del decreto es una acción más contra los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes con hidalguía han demostrado actuar bajo los dos principios que deben caracterizar a todo sistema que pretenda impartir justicia pronta y cumplida: imparcialidad e independencia. Entre otros temas, las sentencias de la Sala abren el camino para posibilitar las candidaturas independientes; para que sea la ciudadanía la que elija directamente a sus diputados y diputadas; para la cancelación del PCN y PDC; y para la remoción de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral por haber violentado las leyes del país. Los diputados y las cúpulas de los partidos se resisten a la implementación de estos cambios.

6. Que la Asamblea Legislativa hizo caso omiso de la existencia de un proyecto de la Ley Orgánica Judicial, por lo que interfiere en el proceso ya iniciado de la formulación de la mencionada ley.

7. Que este decreto, en lugar de resolver problemas, ocasionará nuevos conflictos si la Sala de lo Constitucional tiene que juzgar sobre la constitucionalidad de un decreto que afecta a su capacidad de tomar decisiones.

8. Que el Presidente de la República, con su sanción y forma de proceder al respecto, está apoyando una medida antidemocrática que atenta contra la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de las instituciones, y pone en entredicho su imagen democrática.

Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes hacemos público nuestro repudio a esta acción, que ha debilitado la democracia y pone en riesgo la institucionalidad, por lo que exigimos la derogación del decreto. Pedimos al pueblo salvadoreño que se adhiera a este pronunciamiento y demuestre su repudio, por todos los medios pacíficos a su alcance, ante este acto indigno y contrario al mandato delegado por los ciudadanos y ciudadanas en las elecciones; un acto propio de personas sin principios, ni valores cívicos y morales.

Asociación Americana de Juristas, Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador, Asociación de Desarrollo Económico y Social, Asociación de Jueces de Paz, Cambio Democrático, Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE), Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), Concertación Democrática Nacional (CDN), Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social, Consejo de Asociaciones de Profesionales de El Salvador (CAPES), El Rescate, Foro de Jueces Democráticos e independientes, Foro para la Defensa de la Constitución, Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (Fespad), Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (Redes), Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (Cemujer), Movimiento Independiente Pro Reforma Electoral (MIRE), Movimiento Unificado Francisco Sánchez (MUFRAS 32), Patria Exacta, Pro Búsqueda, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Red Ciudadana, Salvadoreños en el Mundo, Servicio Social Pasionista (SSPAS), Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Tutela Legal del Arzobispado, Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Universidad Luterana Salvadoreña (ULS).

San Salvador, 7 de junio de 20

Fallo de la Sala de lo Constitucional sobre el PCN y la Democracia Cristiana

2011-05-02T09:29:00.000-07:00

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, a las trece horas con quince minutos del día veintinueve de abril de dos mil once.

El presente proceso constitucional fue promovido mediante demanda, presentada el día 22-IV-2005, por los ciudadanos María Silvia Guillén, Abraham Atilio Abrego Hasbún, Danilo Ernesto Flores López, Ligia Verónica Guevara Ventura, Gerbert Marcelo Marquelli Canales y Ruth Estela Valenzuela de García, a fin de que este Tribunal declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo n° 586, de 19-I-2005, publicado en el Diario Oficial n° 23, de 2-II-2005 (D. L. 586/2005, en lo sucesivo), por la supuesta violación al art. 21 de la Constitución.

El Decreto impugnado prescribe:

Art. 1.- Las fuerzas políticas que a la fecha cuentan con representación legislativa y municipal y que por los resultados electorales de la elección presidencial de marzo de 2004, no alcanzaron los porcentajes regulados en los numerales tres y siete del Art. 182 del Código Electoral, y que como consecuencia de ello hubiere sido cancelada su respectiva inscripción como Partido Político por parte del Tribunal Supremo Electoral, podrán inscribirse nuevamente contando con un número de tres mil afiliados y sus respectivas firmas, debiendo usar, durante el proceso de inscripción, los mismos nombres, divisas, emblemas, siglas y colores que les identificaban como partidos políticos.

A los partidos políticos que participaron en la elección presidencial de marzo de 2004, no les serán aplicables, los ordinales 3 y 7 del Art. 182 del Código Electoral, como efecto de los resultados obtenidos en dicha elección.

Han intervenido en el proceso, además de los demandantes, la Asamblea Legislativa y el Fiscal General de la República.

I. En el trámite del proceso los intervinientes expusieron lo siguiente:

1. Los demandantes manifestaron que el D. L. n° 586/2005, vulnera los arts. 185 y 86 –que consagran el principio de legalidad–; 21 –que reconoce el principio de irretroactividad de la ley–; y 1 inc. 1° –que se refiere a la seguridad jurídica–, todos de la Constitución.

En cuanto a la violación del art. 185 Cn., expusieron que la Asamblea Legislativa inaplicó las disposiciones legales vigentes al 19-I-2005, es decir, el art. 182 del Código Electoral (CE), al promulgar el inc. 2° del art. 1 del D. L. 586/2005, lo que constituye una violación al principio de separación de Órganos, puesto que ha existido una injerencia del Legislativo en las atribuciones del Judicial.

La Asamblea Legislativa ha incurrido en un evidente exceso –dijeron–, pues la facultad de declarar inaplicables normas jurídicas, sólo se encuentra reservada para los tribunales al ejercer la facultad de administrar justicia; por consiguiente, si bien resulta inobjetable que cualquier poder público u organismo descentralizado tiene facultad para interpretar la Constitución y aplicarla en los casos que corresponda, la Asamblea Legislativa no puede arrogarse una potestad como la de declarar inaplicables normas infraconstitucionales.

Con dicha actuación –afirmaron– se vulnera también el principio de legalidad, puesto que la Asamblea Legislativa se extralimita en las facultades que le otorga el art. 131 Cn., y contraviene lo dispuesto en el art. 86 inc. 3º Cn., en tanto que los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más atribuciones que las que expresamente les da la ley.

Alegaron, además, que el referido Decreto viola el contenido del art. 21 Cn., es decir, el principio de irretroactividad de la ley, puesto que norma actos ocurridos el 21-III-2004, sin que lo anterior constituya alguno de los supuestos de retroactividad permitidos constitucionalmente.

Agregaron que el principio de irretroactividad de las leyes es directamente consecuencia de la seguridad jurídica, que exige que las situaciones o derechos nacidos al amparo de un ordenamiento jurídico positivo no sean modificados por una norma posterior; en consecuencia, la violación de dicho principio constituye, además, violación a la seguridad jurídica.

Asimismo, manifestaron que –en técnica legislativa– la seguridad jurídica exige que las normas y las situaciones que en ellas se contemplan gocen de cierta estabilidad y sean modificables sólo en la forma prevista en las leyes. Por el contrario, la inseguridad jurídica proviene de la mala técnica legislativa, de la inadecuada actuación de los poderes públicos y de la injustificada inestabilidad de las instituciones jurídicas.

2. Efectuado el análisis sobre la admisibilidad de la demanda, se previno a los actores, en fecha 6-V-2005, para que aclararan los términos de la impugnación del D. L. 586/2005 respecto de la supuesta violación al art. 86 Cn., lo cual fue cumplido mediante escrito de 13-V-2005.

Mediante auto de 9-XII-2009, se declaró improcedente la pretensión en cuanto a la supuesta vulneración a los arts. 86 y 185 Cn., puesto que, entender que la Asamblea está inaplicando algunas disposiciones por vicios de inconstitucionalidad y usurpando con ello atribuciones del Órgano Judicial, constituye una interpretación irrazonable; y en relación con la violación a la seguridad jurídica –arts. 1 y 2 Cn.–, se declaró igualmente improcedente al alegarse un enfoque genérico respecto del motivo específico, relativo a la violación al art. 21 Cn.

Sin embargo, se admitió la demanda circunscrita al control del D. L. 586/2005, por la supuesta violación al art. 21 Cn.

3. Al rendir el informe que le fue solicitado, la Asamblea Legislativa expuso que el principio de irretroactividad de las leyes admite excepciones, y la primera es el caso de aplicación retroactiva cuando se trata de materias de orden público.

Expuso que el orden público es sinónimo de orden jurídico de un Estado, como conjunto de leyes y decretos que regulan y tratan de armonizar la relación de los individuos dentro de la sociedad en un momento dado; y como conjunto de normas integrantes del derecho positivo, que establece las libertades y garantías generales del individuo en sus relaciones privadas y públicas.

Además, acotó que las leyes de orden público, por su misma naturaleza, tienen por objeto mantener un clima de confianza, estabilidad y garantía general.

En ese sentido, afirmó que el D. L. 586/2005 es de orden público, y es expresamente retroactivo para las elecciones presidenciales que se desarrollaron en el año 2004. A su juicio, “si el legislador no se hubiere pronunciado por la emisión del Decreto hoy impugnado, se estaría violando los derechos adquiridos por parte de las fuerzas políticas que a la fecha cuentan con representación legislativa y municipal, y que por los resultados electorales de la elección presidencial de marzo de 2004, no alcanzaron los porcentajes regulados en los números 3° y 7° del art. 182 del Código Electoral, y que como consecuencia de ello hubiere sido cancelada su respectiva inscripción como partidos políticos por parte del Tribunal Supremo Electoral, podrán inscribirse nuevamente contando con un número de 3,000 afiliados y sus respectivas firmas, debiendo usar durante el proceso de inscripción, los mismos nombres, divisas, emblemas, siglas y colores que los identifiquen como partidos políticos”.

Afirmó, asimismo, que se estaban protegiendo los derechos adquiridos de los funcionarios que se habían asociado para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley o ingresar a los ya constituidos, tal como lo establece el art. 72 ord. 2º Cn.

Por otra parte –dijo–, el art. 80 Cn. establece que el Presidente y Vicepresidente de la República, los Diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano, y los miembros de los Concejos Municipales, son funcionarios de elección popular; por consiguiente, se les están protegiendo, de igual forma, sus derechos adquiridos ganados en su respectiva elección.

Por lo que, lejos de violentarse el art. 21 Cn., se configuró la excepción constitucional que establece que las leyes no pueden tener efecto retroactivo salvo en materia de orden público, y en el presente caso, el D. L. 586/2005, es de orden público.

4. Al contestar el traslado conferido de conformidad con el art. 8 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (L. Pr. Cn.), el Fiscal General de la República afirmó que el Decreto impugnado no es de orden público, pues su texto no lo determina como tal, ni tampoco el CE se ha catalogado como una ley de orden público por el Órgano legisferante.

A su juicio, los pretensores han hecho una interpretación equivocada de lo que trata de resolver el Decreto impugnado: la reducción de requisitos para una nueva inscripción, ante la inminente cancelación por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el objeto de mantener un sistema político pluralista, el cual únicamente se expresa por medio de los partidos políticos, quienes recogen la diversidad de expresiones ideológicas que convergen en los procesos electorales.

El Decreto impugnado –concluyó– trata de regular las situaciones que ocurrieron en el año 2004, para que surta sus efectos hacia futuro; por ende, el mismo no debe entenderse de carácter retroactivo. Y solicitó a esta Sala que “en sentencia definitiva declaréis la constitucionalidad del art. 182 ords. 3° y 7° del Código Electoral, contenido en el Decreto Legislativo n° 586, de fecha 19 de enero de dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial n° 23, tomo 366, de fecha 2 de febrero del mismo año, mediante el cual se habilita a los partidos políticos que no alcanzaron los porcentajes regulados”.

II. Luego de expuestos los motivos de inconstitucionalidad señalados por los demandantes, así como los argumentos de la Asamblea Legislativa y del Fiscal General de la República, corresponde resumir los términos del contraste normativo aducido y la justificación de la autoridad demandada, para luego enunciar el orden lógico de esta decisión.

1. El art. 1 inc. 1° del D. L. 586/2005 establece, primero, que los partidos políticos que al 19-I-2005 contaban con representación legislativa y municipal, y que hubiesen sido cancelados por no alcanzar los porcentajes regulados en los ords. 3° y 7° del art. 187 CE, podrían inscribirse nuevamente contando con un número de tres mil afiliados y sus respectivas firmas.

Por su parte, el inc. 2° del mismo artículo establece que a los partidos políticos que participaron en la elección presidencial del marzo de 2004, no les serían aplicables los ords. 3° y 7° del art. 182 CE, como efecto de los resultados obtenidos en dicha elección.

A. Los actores sostienen la inconstitucionalidad por violación al principio de irretroactividad, pues consideran que se pretende un efecto retroactivo del inc. 2° del art. 1 del Decreto citado, al dejar sin aplicación los ords. 3° y 7° del art. 182 CE, regulando así actos ocurridos el 21-II-2004, sin que lo anterior constituya una de las excepciones prescritas para la existencia de retroactividad de la ley de acuerdo con la Constitución: orden público o ley penal más favorable.

B. La Asamblea Legislativa admitió el efecto retroactivo del art. 1 del D. L. 586/2005, bajo la idea que se trata de una materia de orden público, que tiene por objeto garantizar los derechos adquiridos de los partidos políticos que participaron en las elecciones de marzo de 2004, así como los derechos adquiridos de los funcionarios que participaron en las elecciones a través de dichos partidos.

2. Delimitados los términos de la contradicción constitucional alegada y la defensa de la autoridad demandada, en la presente decisión se definirán: (III) los aspectos de la seguridad jurídica en el ámbito de la producción de normas; para luego exponer (IV) la noción de una de sus manifestaciones concretas, el principio de irretroactividad y sus excepciones constitucionalmente admitidas; y con base a ello, (V) dilucidar la constitucionalidad de la disposición impugnada.

III. 1. Como forma concreta de ejercicio del poder en nuestra sociedad, el Estado descansa en gran medida sobre la idea de la seguridad jurídica. La situación ideal sería la actuación racional y fundada de los otros actores públicos y privados; sin embargo, la realidad cotidiana demuestra que para lograr este comportamiento de los demás, y específicamente del poder público, es necesario tomar medidas institucionales y reglamentarias, así como articular principios que disciplinen su funcionamiento.

En cuanto definidora de un status de certeza para el individuo en sus relaciones con el poder público, la seguridad jurídica se manifiesta en los más diversos campos y respecto de todos los Órganos del Estado, lo que resulta una consecuencia lógica y necesaria de su carácter de valor estructurador del ordenamiento jurídico, pues pretende asegurar la estabilidad en la actuación pública, en relación con las legítimas expectativas de los ciudadanos y la sociedad en el mantenimiento y permanencia de lo ya realizado o declarado.

Ahora bien, es preciso afirmar que este valor no es absoluto, pues de lo contrario el ordenamiento jurídico existente se congelaría al impedirse su necesaria renovación y adaptarlo a las circunstancias de tiempo y espacio. La seguridad jurídica como valor no ampara, por tanto, la preservación indefinida del régimen jurídico que se establece en un momento histórico determinado.

2. Una primera aproximación a la seguridad jurídica –como valor estructural– se centra en el proceso previo de creación y articulación del Derecho a fin de conseguir la certeza de éste y la mayor calidad técnica del mismo.

Desde este punto de vista, son varios los principios que se suman a la lista de concreciones de la seguridad jurídica como valor fundamental en la estructuración del Estado; así pueden mencionarse los principios de certeza y claridad legislativa, y el principio de irretroactividad de las leyes, todos ellos con una relación muy estrecha.

En conexión con lo anterior, y sobre la convicción de la necesidad de conocer de una forma previa las consecuencias de los actos estatales, la Constitución salvadoreña recoge en el art. 1 la seguridad jurídica, el cual sirve de punto de partida al art. 21 Cn., que expresa, de otro lado, la prohibición, por regla general, de retroactividad de las emisiones normativas.

3. En ese sentido, adquieren relevancia algunos elementos de las disposiciones jurídicas, como caracteres representativos de seguridad jurídica:

A. Así, el primer requisito de la norma escrita debe ser el de su validez, pero, junto a ello, debe garantizarse su conexión con el resto del sistema jurídico.

Una disposición jurídica es válida, cuando ha sido emitida de acuerdo a los cánones de producción normativa establecidos; por tanto, son las normas sobre producción jurídica las que regulan las competencias normativas de diversos órganos, los procedimientos que deben seguirse para generar las distintas fuentes, y la potencialidad material de cada fuente del Derecho.

En ese sentido, la exigencia de certeza impone a los poderes públicos la obligación de que la producción de normas se ajuste a las pautas preestablecidas por el sistema jurídico del país, lo que redundará en la identificación objetiva de cuáles leyes han sido emitidas y cuáles de sus alteraciones son válidas, así también se permitiría saber si el ingreso de cualquier modificación legal ha sido regular conforme al sistema.

B. Por su parte, la vigencia implica la pertenencia actual y activa de una disposición en el ordenamiento jurídico, de manera que es capaz de regular todas las situaciones subsumibles en su supuesto de hecho, toda vez que haya sido publicada y concluido su período de vacatio legis.

En otras palabras, la vigencia de las disposiciones es el intervalo de tiempo durante el cual una disposición jurídica pertenece al sistema y es susceptible de ser aplicada. La cualidad de imponer en la realidad las consecuencias previstas en las disposiciones empieza desde el momento de su publicación o difusión oficial del cuerpo normativo que las contiene, más el lapso de vacatio legis.

A partir de tal suceso, y no antes, las disposiciones contenidas en las leyes se vuelven jurídicamente aplicables, vale decir, producen efectos normativos hacia el futuro.

IV. Como se apuntó anteriormente, el principio de irretroactividad de las leyes figura como una concreción de la seguridad jurídica como valor fundamental.

1. Sobre el mismo, es pertinente tener en cuenta que, ya sea de forma expresa o tácita, todas las disposiciones jurídicas se refieren a intervalos temporales, en su supuesto y en su consecuencia.

El momento en que acontecen los supuestos relevantes para un caso, es determinante para la aplicabilidad de las disposiciones del mismo. Así, el ámbito temporal abstracto que contiene la disposición debe coincidir con el momento en que acontece la acción que habilitaría su aplicación. De manera que todo lo que ocurra fuera de ese ámbito temporal debe considerarse irrelevante para tal disposición.

Por tanto, para establecer si determinada circunstancia de hecho es merecedora de la consecuencia jurídica prevista en una disposición, es necesario establecer en qué momento es realizada la acción y el intervalo de tiempo al que la primera se refiere.

2. Desde el punto de vista del aplicador de la norma, el sistema jurídico vigente presente al momento de su decisión, ocupa una posición privilegiada en cuanto a la aplicabilidad al caso concreto; sin embargo, no es el único susceptible de aplicación actual, ya que existirán casos en los que quien aplica la norma debe optar por disposiciones que ya han sido derogadas, pero que retienen su aplicabilidad, porque los hechos a los que se refiere se consumaron durante su vigencia –ultractividad–.

Así también, existirán otros supuestos en que se deberán aplicar disposiciones actualmente vigentes, sobre situaciones o hechos iniciados o acontecidos con anterioridad a dicha vigencia –retroactividad–.

3. Ahora bien, en el sistema jurídico salvadoreño, uno de los criterios de aplicabilidad de las normas en el tiempo es el principio de irretroactividad de las leyes, consagrado en el art. 21 Cn.

Al respecto hay que subrayar que la Constitución no garantiza un principio de irretroactividad absoluto o total; sino que sujeta la excepción a dicho principio a los casos de leyes favorables en materia penal y en materias de orden público –este último, declarado expresamente en la ley y avalado por la jurisdicción constitucional–.

Como límite al legislador, la irretroactividad implica que las emisiones normativas futuras no pueden calificar jurídicamente los actos o hechos pretéritos de los individuos o instituciones públicas, de manera que se altere la regulación que correspondería aplicar, según el ordenamiento que estuvo vigente en el momento en que aquélla tuvo lugar o se consumó.

Desde este punto de vista, la retroactividad se verificaría en la afectación o modificación de situaciones jurídicas consolidadas; es decir, en la traslación de consecuencias jurídicas a un momento anterior a la vigencia de la nueva ley.

De ahí que, en definitiva, para comprobar si una ley es o no retroactiva, sea determinante verificar, primero, si las situaciones iniciadas en el pasado son reguladas por la nueva ley; y segundo, si las consecuencias de ésta se extienden a esas situaciones consumadas.

4. A. Como se dejó apuntado, ya sea de forma expresa o tácita, todos los enunciados jurídicos se refieren a intervalos temporales en su supuesto y en su consecuencia.

Cuando la afectación de la nueva disposición se da en el supuesto de hecho, el intervalo de tiempo se refiere a la subsunción; mientras que si el ámbito temporal se da en la consecuencia, se refiere al efecto.

B. En virtud de ello, cabe distinguir dos requisitos para verificar la retroactividad: que el enunciado jurídico nuevo se refiera a supuestos de hecho pasados; y que, además, desplace a las consecuencias jurídicas que el ordenamiento anterior preveía.

En conclusión, ninguna ley es retroactiva stricto sensu si solamente se refiere a hechos pasados –por ejemplo, el derecho intertemporal, en la sucesión de normas procesales–. Lo determinante es calificar si pretende extender las consecuencias jurídicas del presente a situaciones de hecho que se produjeron en el pasado –Sentencia de 6-VI-2008, pronunciada en el proceso de Inc. 31-2004–.

V. Corresponde ahora dilucidar si, de conformidad con su estructura, el art. 1 del D. L. n° 586/2005, tiene efectos retroactivos.

1. A. El supuesto de hecho del inc. 1º del art. 1 es la cancelación de los partidos políticos que al 19-I-2005 contaban con representación legislativa y municipal, pero que no alcanzaron los porcentajes regulados en el CE, exigibles en ese momento. La consecuencia jurídica es que, no obstante su cancelación, podrían inscribirse nuevamente contando con un número de tres mil afiliados, siempre que hubiere sido cancelada su inscripción como partido político, por parte del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, esta norma aplica a partidos políticos que fueron realmente cancelados y les prescribe unas consecuencias futuras.

En el enunciado jurídico contenido en el art. 1 inc. 1° se advierte lo siguiente:

a. En tal inciso el intervalo de subsunción es el 19-I-2005, al aludirse a “las fuerzas políticas que a la fecha cuentan con representación legislativa y municipal…”, refiriéndose, por tanto, a la fecha del D. L. n° 586/2005.

b. El inicio de la vigencia fue el 10-II-2005, es decir, ocho días después de la publicación en el Diario Oficial (2-II-2005).

c. El momento al que se refiere la consecuencia del enunciado –tiempo del efecto– coincide con el intervalo de validez; o sea, que genera una consecuencia jurídica no prevista previamente, pues sería a partir de la entrada en vigencia del D. L. 586/2005 (10-II-2005) que los partidos políticos cancelados pudieron inscribirse nuevamente (a futuro), una vez publicado el Decreto y transcurrido el período de vacatio legis.

Expuesto lo anterior, se advierte que no se trata, entonces, de un enunciado con efectos retroactivos, pues, si el tiempo del hecho regulado se refiere al momento de la emisión del D. L. 586/2005, y su consecuencia jurídica –inscribirse nuevamente– es una regulación hacia el futuro, el inc. 1° del art. 1 empieza a surtir efectos luego de su vigencia, y no antes.

B. El supuesto de hecho del inc. 2° del art. 1, del D. L. 586/2005, es pretérito: la participación de los partidos políticos en la elección presidencial de marzo de 2004. La consecuencia jurídica es desplazar la regulación de los ords. 3° y 7° del art. 182 CE, según los resultados obtenidos en dicha elección.

En este enunciado jurídico se advierte lo siguiente:

a. El intervalo de subsunción –intervalo de tiempo durante el cual ha de tener lugar el acontecimiento– es previo al Decreto: 21-III-2004, fecha en la cual se llevaron a cabo las elecciones presidenciales.

b. El inicio de la vigencia fue el 10-II-2005, es decir, ocho días después de la publicación en el Diario Oficial (2-II-2005).

c. El tiempo al que se refiere la consecuencia del enunciado –tiempo del efecto– es el 26-III-2005, fecha en la cual se dieron a conocer los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, y momento en el cual –según esta disposición jurídica–, no se les aplicaría a los partidos políticos el art. 182 ords. 3º y 7º CE; por lo tanto, no serían cancelados aquéllos que no hubiesen llegado a los porcentajes contemplados en dicha ley.

Expuesto lo anterior, el tiempo de la consecuencia del enunciado jurídico es previo al intervalo de validez; es decir, que los efectos de dicha norma –10-II-2005– se despliegan hacia un momento anterior a la vigencia del mismo Decreto, o sea, a marzo de 2004; por lo tanto, se trata de una norma jurídica con efectos retroactivos. Esto modifica la consecuencia que ya estaba prevista en el art. 182 ords. 3° y 7° CE, y que era la que correspondía aplicar a los hechos que acontecieron durante su vigencia.

C. Advierte esta Sala, entonces, que el inc. 1° del art. 1 del D. L. 586/2005, no tiene efectos retroactivos; mientras que el inc. 2° es efectivamente retroactivo, y según las argumentaciones expuestas por las partes, corresponde ahora verificar si se trata de una materia de orden público, facultad que este Tribunal puede ejercer, conforme al art. 21 inc. 2° Cn., por tratarse de una materia constitucional.

2. A. Respecto del concepto jurídico de orden público, no ha existido uniformidad sobre qué debe entenderse por tal; pero doctrinariamente se han ensayado algunos elementos conceptuales que se describen a continuación:

a. El orden público material –o restringido– consiste en una situación de tranquilidad en la sociedad, como ausencia de agresiones a bienes jurídicos relevantes. Así también, se ha sostenido que desde una perspectiva formal –o amplia–, orden público se entiende como límite a la voluntad de los particulares; es decir, como ley imperativa no disponible por los individuos.

b. Otras posturas doctrinales sostienen que orden público es un concepto metajurídico, pues no se identifica con ordenamiento jurídico alguno, ni con el sistema normativo e institucional propio de un Estado, sino que se dirige a tutelar bienes y principios que no son tomados en consideración de modo específico por una norma jurídica, pero que son considerados esenciales para la convivencia en un determinado momento histórico.

En respuesta crítica a esta idea, se ha tratado de definir al orden público como un status social establecido y condicionado por la voluntad formal de una comunidad jurídica, en función de su tradición histórica, sus convicciones éticas más arraigadas, sus costumbres y convencionalismos más generalizados, sus necesidades y exigencias más sentidas.

c. Una definición más restringida, considera al orden público como el conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños causados a las personas o sus bienes por toda clase de medios de agresión por los elementos naturales o extraordinarios, cuando la gravedad de sus efectos les hace alcanzar el carácter de calamidad pública.

En ese sentido, el concepto en estudio incluiría aquellas medidas que contrarresten las perturbaciones contra la salubridad, seguridad y propiedad de las personas, o contra los servicios públicos esenciales para la comunidad, provocadas por desastres naturales o estado de guerra o actos violentos o de fuerza contra el ordenamiento constitucional.

d. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una acepción posible del orden público dentro del marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace referencia a las “condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. En tal sentido podrían justificarse restricciones al ejercicio de ciertos derechos y libertades para asegurar el orden público” (Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985).

B. Una de las propiedades definitorias del concepto de orden público es ser cambiante, ya que se refiere a intereses que el Legislador –a veces también el Juzgador– considera prevalentes en la sociedad en un momento determinado, motivo por el cual deben ser especialmente protegidos. Obviamente, su caracterización dependerá de las circunstancias sociales, económicas y políticas que un Estado expresa o implícitamente adopta. Parece claro, entonces, que el orden público no puede concebirse de manera aislada o autónoma, sino que necesariamente se reconduce al precepto y materia que lo consagre.

Lo que sí puede recalcarse es que el concepto de orden público no es particular ni exclusivo de una sola rama del Derecho; se enuncia y está implícito en diversas ramas jurídicas. Es por ello que en cada una se aporta una connotación distinta, lo que da como resultado que no exista una concepción unívoca de dicho concepto jurídico indeterminado.

C. Conforme a lo expuesto, analizar detenidamente su función y sus articulaciones con el contexto en el cual habitualmente se utiliza, puede contribuir a una configuración crítica de la noción de orden público que, en definitiva, apunte a su transformación, y fundamentalmente, a su reconstrucción, en aras de una concepción dinámica del sistema normativo y de su aplicación.

Desde la perspectiva en que constitucionalmente se sitúa –arts. 6, 21, 25 y 29 Cn.–, el orden público aparece relacionado con los límites legítimos a determinados derechos, y por tanto, dista mucho de constituir una cláusula habilitadora de poderes indeterminados e ilimitados hacia el Legislador.

Y es que, si se tiene en cuenta la importancia que la Constitución atribuye al conjunto de derechos –con todas las técnicas y herramientas de protección y potenciación, como la proporcionalidad– está claro que el orden público se formula desde esta perspectiva de límites a tales derechos y, por tanto, habrá de ser objeto de interpretación restrictiva.

Por ello, la herramienta hermenéutica adecuada a este tipo de análisis se centra en la definición misma de orden público, como principio que busca la adecuada orientación o colocación de situaciones inseguras o dificultosas, para contrarrestarlas o reducirlas, a través del equilibrio y proporción de las mismas, en aras del interés público o del interés general.

D. No puede negarse que, en el orden de los hechos, puedan suscitarse necesidades sociales de importancia fundamental que impongan acudir a la retroactividad para solucionarlas; sin embargo, para evitar el abuso de esta herramienta, el principio de irretroactividad de las leyes está concebido como una garantía normativa o mecanismo tendente a tutelar los derechos fundamentales.

La ley, por lo tanto, habrá de aplicarse a situaciones jurídicas o facultades legales o que han emergido bajo su vigencia; mientras que la alteración de situaciones jurídicas consolidadas o nacidas con anterioridad a la ley más actual, debe justificarse y consignarse expresamente, no pudiendo quedar a la discreción del juzgador (v. gr., Sentencias de 2-X-1987 y 16-I-1991, emitidas en los Amp. 5-S-85 y 17-C-90, respectivamente, así como la Sentencia de 25-I-1989, pronunciada en el Inc. 10-87).

En efecto, por el sólo carácter de orden público de una ley, manifestado o no en ella, no debe aplicarse retroactivamente, pues implicaría un exceso a la permisión constitucional, y crearía mayor inseguridad jurídica en perjuicio del orden público que se invoca.

En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sala ha sido clara al señalar que el carácter de orden público de una ley no le concede a ésta –ipso iure– efecto retroactivo, puesto que dicho carácter debe estar consignado expresamente en la ley, de una manera general o con referencia a situaciones especiales que ella regula (Sentencias de 26-VIII-1998 y 13-V-2005, pronunciadas en los procesos de Amp. 317-97 y de Inc. 16-2004, respectivamente).

En conclusión, la calificación de una ley como de orden público no queda sujeta a la discrecionalidad del legislador, sino que presupone el respeto al régimen constitucional establecido, principalmente a las garantías que protegen a los derechos fundamentales de límites excesivos, cuyo núcleo esencial está centrado en los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Por ello, no basta que el legislador dé a sus preceptos vigencia retroactiva arguyendo que son de orden público, sino que compete a la Corte Suprema de Justicia, y específicamente a la Sala de lo Constitucional –por tratarse de materia constitucional–, proceder al análisis de tales normas para determinar si una ley es o no de orden público (art. 21 Cn.)

E. En el presente caso, la Asamblea Legislativa no consignó expresamente el carácter de orden público en el Decreto impugnado. No obstante ello, en el informe rendido en la tramitación de este proceso, sostuvo que la finalidad es preservar el ejercicio del derecho político a asociarse para constituir partidos e ingresar a los ya constituidos (art. 72 ord. 2° Cn.)

a. Al respecto, se ha afirmado en la Sentencia de 25-IV-2006, pronunciada en el proceso de Inc. 11-2004, que con la incorporación del pluralismo al modelo eleccionario y a las acepciones del Estado moderno, se hace necesario implantar instituciones democratizadoras que aseguren la participación política de los ciudadanos, principalmente, a través de un conjunto de facultades que tienen por objeto activar la vida política de un Estado bajo el matiz de libertades públicas o libertades democráticas.

Mediante dichas facultades –derechos fundamentales, estrictamente– se asegura al ciudadano la posibilidad directa de influir y acceder a la organización del Estado, y ser determinante y director de la política nacional. En ese sentido, el art. 72 Cn. establece, entre otros, el derecho político a asociarse para constituir partidos políticos e ingresar a los ya constituidos.

Al igual que el derecho de asociación, el derecho establecido en el art. 72 ord. 2° Cn., puede apreciarse desde una doble vertiente: la que se manifiesta en el derecho de cada persona individualmente considerada y que constituye un ámbito de autonomía individual –asociarse o no–; y la vertiente colectiva del mismo derecho, que implica el libre desenvolvimiento de la asociación como persona jurídica, dentro de la licitud de sus fines.

Asociarse para crear partidos políticos o ingresar a los ya existentes constituye una derivación del derecho general de libertad, donde se pone de manifiesto el carácter individual del derecho subjetivo de asociación, que se ejerce en compañía de otros individuos con el mismo ánimo.

b. No cabe duda que la presencia de los partidos en las elecciones confirma su papel mediador de la relación representativa entre electores y electos (Sentencia de 29-VII-2010, Inc. 61-2009). Pero también, una parte esencial del consenso y representatividad política reside en el respeto a las reglas del juego preestablecidas por la ley (CE): las formas y procedimientos institucionales deben ser observados estrictamente en los procesos político-electorales y en los debates ideológicos plurales.

Este respeto de las reglas legales del proceso democrático, pretende generar una aproximación porcentual de la representación social, hacia la representación orgánico-funcional en las instituciones estatales, y dar mayor legitimidad a la decisión de los órganos de conformación compuesta; por el contrario, no es la idea de la democracia plantear un sistema en el que cada individuo o cada identidad diferenciada tenga necesariamente que estar presente en las instituciones políticas, representando sus características peculiares o sus propios intereses en el debate político.

c. En efecto, una de las funciones principales de los procesos electorales es la generación de participación política, pues posibilitan, por un lado, expresar al electorado sus preferencias políticas; elegir programas políticos distintos; y, por otra parte –no menos importante–, producir representación, en la que se refleja el pluralismo de la comunidad en el seno de las instituciones públicas.

Como expresión del poder electoral, el sufragio asume la función principal de determinar la elección y nombramiento de las personas que han de ejercer el poder del Estado, en representación del pueblo, del cual deviene el carácter legítimamente representativo de las autoridades. Así también, el sufragio permite reflejar el rechazo tácito de otras ofertas electorales que no satisfacen sus expectativas, idea central en toda democracia que garantiza en el electorado la última palabra en el traslado de la responsabilidad política hacia los funcionarios electos por voto popular.

En ese marco, el partido político es una asociación de individuos unidos por la defensa de intereses concretos que se enmarcan dentro de una determinada ideología, organizado internamente mediante una estructura jerárquica, con afán de permanencia en el tiempo, y cuyo objetivo es alcanzar el poder político, ejercerlo y concretar determinado programa político. Dicho objetivo –alcanzar el poder político– solamente se logra con la participación en los mecanismos o procesos electorales y en el respeto del ordenamiento legal que sirve de base a tales procesos, en los cuales se canalizan las demandas de la población hacia los poderes públicos.

En ese sentido, la faceta individual –que también es de configuración legal– queda preservada independientemente de si hay o no un traslado de la representación social hacia las estructuras orgánico-funcionales del Estado, cuando un partido político no supera las barreras electorales predeterminadas por el ordenamiento jurídico vigente al momento de la elección popular.

d. Y es que, si se acepta que preservar por siempre y en todos los casos los derechos políticos adquiridos, es materia de orden público, no podrían hacerse efectivas las intervenciones legítimas sobre los mismos, ni activarse el dinamismo democrático en la creación y disolución de los partidos políticos.

3. A. El presente caso tiene como sustento fáctico previo, la elección presidencial de 21-III-2004, declarado firme por Decreto del TSE, de 3-IV-2004, publicado en el Diario Oficial n° 67, de 14-IV-2004.

Según acta de escrutinio final autorizada por el TSE, en fecha 26-III-2004, en dicho evento se dieron los siguientes resultados electorales: el partido ARENA obtuvo un total de 1. 314, 436 votos, equivalentes al 57.71 % del total de votos válidos; el partido FMLN obtuvo 812, 519 votos válidos, equivalentes al 35.68 %; el partido PCN obtuvo un total de 61, 781 votos, equivalentes al 2.71 % del total de votos válidos; y la coalición CDU-PDC obtuvo 88, 737 votos válidos, equivalentes al 3.9 %.

B. Ante estos resultados, y para lo que al presente caso interesa, el TSE debe iniciar el proceso de cancelación de los partidos políticos que no alcanzaron el porcentaje mínimo establecido en la legislación que regulaba el evento electoral en cuestión, contemplado en el art 182 CE –3 % de los votos válidos para los partidos que participaron solos, y 6 % para los que participaron en coalición–.

Tales resultados son coherentes con las intenciones de voto democrático y con la finalidad de representación orgánica e institucional que los partidos debieron acreditar para poder subsistir, lo cual no fue alcanzado por algunos de ellos.

Contrario a ello, el D. L. 586/2005 ha pretendido desconocer y anular la voluntad del electorado –como soberano–, ya consolidada con el resultado de las elecciones mencionadas; y, con efectos retroactivos en una materia que no es de orden público, habilita a los partidos que no obtuvieron el porcentaje mínimo establecido en la ley, a subsistir a un escrutinio democrático en el que el cuerpo electoral se decantó por el rechazo tácito a su oferta electoral.

Lo que atiende a un verdadero orden público, como necesidad de estabilidad institucional y democrática, es respetar los resultados electorales, antes que desacreditarlos por las expectativas particulares del derecho de asociación de las personas que integran partidos políticos que no superaron la barrera de representación mínima para subsistir como tales.

C. En suma, tanto en la omisión del texto del Decreto impugnado, de consignar expresamente que se trataba de una materia de orden público, como del análisis de las justificaciones rendidas por la autoridad demandada en este proceso, se concluye que la regulación impugnada no es materia de orden público, no obstante sus efectos retroactivos; y por tanto, debe declararse la inconstitucionalidad del inc. 2° del art. 1 del Decreto Legislativo n° 586, de 19-I-2005, publicado en el Diario Oficial n° 23, de 2-II-2005, por violación al art. 21 Cn., ya que constituye una regulación con efectos retroactivos y la exoneración de las consecuencias electorales no es materia de orden público.

En consecuencia, el TSE deberá iniciar el procedimiento de cancelación de los partidos políticos que no alcanzaron los porcentajes establecidos por el CE en las elecciones presidenciales del año 2004; y tales partidos no podrán beneficiarse de los requisitos establecidos en el mencionado inc. 1° del art. 1, D. L. 586/2005, sino que deberán inscribirse con los mismos requisitos que se exigen actualmente a los demás partidos políticos.

Por tanto

Con base en las razones expuestas, disposiciones y jurisprudencia constitucional citadas, y arts. 9, 10 y 11 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, en nombre de la República de El Salvador esta Sala:

Falla:

1. Declárase que en el inc. 1° del art. 1 del D. L. 586, de 19-I-2005, publicado en el Diario Oficial n° 23, tomo n° 366, de 2-II-2005, no existe la inconstitucionalidad alegada, en cuanto a la supuesta violación al art. 21 de la Constitución; pues su consecuencia jurídica es una regulación hacia el futuro, es decir, empieza a surtir efectos luego de su vigencia.

2. Declárase inconstitucional, en su contenido, de modo general y obligatorio, el inciso 2° del artículo 1 del Decreto Legislativo n° 586, de 19-I-2005, publicado en el Diario Oficial n° 23, tomo n° 366, de 2-II-2005, pues traslada sus efectos a las elecciones presidenciales de marzo de 2004, lo que constituye una regulación con efectos retroactivos, y la exoneración de las consecuencias de dicho evento electoral no es materia de orden público.

3. Notifíquese la presente resolución a todos los intervinientes.

4. Publíquese esta Sentencia en el Diario Oficial dentro de los quince días siguientes a esta fecha, debiendo remitirse copia de la misma al Director de dicho órgano oficial.

Sobre Libia

2011-02-28T08:22:00.000-08:00

LIBIA

Las fuerzas opositoras controlan la tercera ciudad de Libia

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Las fuerzas opositoras a Muamar al-Gadafi aseguran que se han hecho con el control de la tercera ciudad de Libia, Misrata, donde han sido derribados dos helicópteros de las fuerzas del líder libio. En las cercanías de la capital también continúan los combates.

28/02/2011

WASHINGTON-. Las fuerzas opositoras a Gadafi se han hecho con el control de la ciudad y del aeropuerto de Misrata, a unos 200 kilómetros al este de Trípoli.

El abogado Abdel Baset Merziq, miembro del comité popular de Misrata, ha declarado a la cadena Al Arabiya que las fuerzas antigubernamentales han derribado dos helicópteros leales a Gadafi que intentaban bombardear la sede de la radio local, utilizada por los rebelados para difundir sus mensajes.

Merziq ha indicado que las fuerzas leales a Gadafi, que se encuentran posicionadas alrededor de la ciudad, dispararon anoche sobre civiles, causando la muerte de una persona y heridas a muchas otras.

Por su parte, el activista político Meftah Abdelhamid ha confirmado a Al Jazeera que Misrata está bajo control popular desde hace más de una semana.

Además de la tercera ciudad del país, los opositores aseguran tener bajo su control cada vez más lugares. Según un miembro del comité popular de Nalout, a 230 kilómetros al oeste de Trípoli, las localidades de Al-Rhibat, Kabaw, Jado, Rogbané, Zentani, Yefren, Kekli y Hawamed Gherien están "en manos del pueblo".

En Zawiya, los rebelados contra Gadafi esperan que las fuerzas leales al mandatario libio emprendan hoy una ofensiva para recuperar la localidad, ubicada a unos 50 kilómetros al oeste de Trípoli, ya que unos 2.000 efectivos han cercado la ciudad, según apuntan algunos testigos.

Algunos de los habitantes temen que se repitan los incidentes de la noche anterior, cuando al menos 50 personas murieron en los enfrentamientos entre manifestantes y leales a Gadafi, que utilizaron artillería pesada.

En la capital, que continúa en manos de las fuerzas de Gadafi, continúan los combates entre los detractores y partidarios de Muamar al-Gadafi. Los vecinos han comenzado a construir barricadas para defenderse de las fuerzas leales. Un alto mando del Ejército en Benghazi, bastión de la insurgencia, el general Ahmed al-Gatrani, se ha mostrado dispuesto a apoyar a los habitantes de Trípoli si así se lo solicitan.

Reunión de Obama y Ban ki-moon

Entretanto, Barack Obama y Ban ki-moon abordarán hoy la imposición de más saciones contra Gadafi. Este fin de semana, tanto el Gobierno estadounidense como el Consejo de Seguridad de la ONU han anunciado sanciones contra el Gobierno de Muamar al-Gadafi, a quien Obama instó el sábado a abandonar el país de inmediato.

El presidente estadounidense firmó el viernes un decreto para congelar los activos del líder libio y de su familia, un primer paso que la secretaria de Estado, Hillary Clinto,n siguió horas después con la aprobación de una orden para revocar los visados de entrada al país de los funcionarios del Gobierno libio y de sus familiares.

El Consejo de Seguridad de la ONU concluyó la madrugada del domingo una larga reunión dedicada a Libia con un voto unánime para imponer al régimen y a su entorno sanciones como el bloqueo de todos sus bienes en el exterior, la prohibición de viajar o el embargo de armas.

Obama y Ban Ki-moon debatirán ahora cuáles deben ser los siguientes pasos contra Gadafi, y el líder estadounidense, en particular, deberá decidir si escucha propuestas como la del senador John McCain, que le instó el domingo desde El Cairo a declarar Libia zona de exclusión aérea y a considerar emprender acciones militares.

Londres congela activos y con la excusa de la "ayuda humanitaria" París interviene enviando aviones con ayuda

El Gobierno británico también ha congelado con efecto inmediato los activos de Gadafi, de los miembros de su familia y de "quienes actúan siguiendo sus instrucciones", según ha dado a conocer el ministro de Finanzas, George Osborne, en un comunicado.

Por su parte, el Gobierno francés enviará hoy dos aviones con ayuda médica y humanitaria a Benghazi como inicio de una "masiva campaña" de ayuda humanitaria a la zona del país fuera del control de Gadafi, según ha informado el primer ministro, François Fillon, quien ha indicado además que están "evaluando" la adopción de "soluciones militares".

FUENTE: GARA

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LIBIA

Los rebeldes llegan a las puertas de Trípoli

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La caída de Zauiya marca un hito en el avance de las fuerzas insurgentes hacia la toma de la capital - ACNUR dice que 100.000 personas han abandonado el país

28/02/2011

La antigua bandera tricolor del reino de Libia -roja, verde y negra- ondea sobre la ciudad de Zauiya, controlada ya por las tropas rebeldes , una mezcla de comités ciudadanos y de militares contrarios al régimen de Gadafi. Las batallas de los últimos días se han decantado finalmente del lado de los opositores y ni la artillería pesada, ni las incursiones esporádicas de los mercenarios africanos pagados por el dictador han logrado someter a los ciudadanos. Su resistencia a esos ataques les ha dado ventaja en su afán por acercarse a las puertas de Trípoli . Los rebeldes ya están a las puertas de la capital y último bastión del régimen que ha dominado el país magrebí durante los últimos 42 años.

La localidad de la costa oeste de Libia, a 50 kilómetros de la capital, se convierte desde ahora en un punto estratégico para derrocar a Gadafi. No solo por poseer refinerías de petróleo y un puerto, sino por sus éxitos a la hora de repeler con escopetas los embates de las fuerzas leales a Gadafi. Los testimonios que venían de la ciudad, de 200.000 habitantes, hablaban de los castigos del régimen por haberse rebelado . La sangre corrió por las calles el miércoles y el jueves, pero los ciudadanos, apoyados por los soldados, resistieron la munición del calibre 14,5 disparada desde ametralladoras antiaéreas, según la información obtenida esta semana por este periódico.

Ayer ya no eran solo las voces de la red socialTwitter y las llamadas telefónicas las que hablaban de la conquista de Zauiya, sino las noticias enviadas por periodistas desde la misma ciudad. El grupo de reporteros invitados por el Gobierno libio el jueves a un tour por Trípoli ha tenido suerte. Lo que se preveía como el paseo por un escenario teatral, en el que se iba a eliminar toda prueba de disidencia, ha acabado siendo contra el régimen.

Según las crónicas de medios como el periódicoThe New York Times o la agencia Reuters, en Trípoli hay imágenes de Gadafi en las paredes en las que se puede leer "chupasangre". Los periodistas han conseguido hablar con gente que ha manifestado su repulsa a la represión y ayer, inexplicablemente, visitaron Zauiya para confirmar que estaba bajo el control total de la oposición. "La gente quiere la caída del régimen", gritaba la multitud, aseguró la periodista de Reuters.

El hijo de Gadafi, Saif el Islam, la cara más visible del Gobierno durante todo el conflicto, había llegado a decir que había un abismo entre la realidad y lo que estaban contando los medios internaciones. "Todo el sur está tranquilo, el oeste también, el centro también, incluso parte del este", dijo Saif a la cadena ABC. Sin embargo, en las calles de Zauiya había agujeros de bala en las casas y coches quemados. La plaza central ha sido el lugar elegido para el funeral por las 11 víctimas que cayeron en el duro combate del jueves. "Necesitamos justicia. La gente está siendo asesinada. La gente de Gadafi ha matado a mi sobrino", explicó un hombre llamado Chawki a los periodistas. "Necesitamos ayuda del exterior. Nunca usaremos la fuerza ni haremos daño a nadie, solo queremos nuestros derechos civiles. Gadafi tiene que irse. No hay otra posibilidad".

Las imágenes que se pueden ver del oeste del país muestran a la gente subida en tanques haciendo el símbolo de la victoria. Todas estas escenas subrayan día tras día la pérdida de poder de Gadafi, acorralado en la capital, obcecado con la idea de mostrarse ante su pueblo como un rey aclamado por quienes aún le siguen y amenazado por ambos lados del país, este y oeste. Incluso una eventual huida de la capital hacia su provincia natal, Sirte, a medio camino entre Trípoli y Bengasi, le supondría tener que vencer primero en Misrata, la tercera ciudad más grande del país y una de las que se ha rebelado por el este. Algunas informaciones señalaban ayer la existencia de ataques en esa zona.

Mientras tanto, varias ciudades del oeste en manos de los comités revolucionarios se organizan para marchar hacia Trípoli, según comentó a la agencia France Presse uno de sus líderes.

Aun así, la carretera de 200 kilómetros que llega hasta Trípoli sigue tomada por el régimen. Acompañados por funcionarios del Ministerio de Información, los periodistas invitados tuvieron que atravesar ocho puestos de control antes de llegar a Zauiya.

La situación en el resto del camino es parecida, según cuentan los refugiados que llegan a la frontera de Ras el Ajdir. Cerca de Zuara, hay una base militar controlada aún por partidarios del dictador. También controlan los accesos por el sur a través del desierto. Los únicos que pueden circular por esa carretera son los refugiados que llegan a Túnez. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) dijo ayer que unas 100.000 personas han abandonado Libia por las dos fronteras huyendo de los ataques.

A medida que Gadafi pierde poder dentro de Libia, desde fuera también se estrecha el cerco contra su régimen. Los Gobiernos de Italia y Reino Unido ya han manifestado que el dictador debe abandonar el poder. Londres incluso ha retirado la inmunidad diplomática del dirigente y de toda su familia. "Hemos llegado, creo yo, a un punto de no retorno", aseguró el ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini, a la cadena Sky Italia. "Es inevitable que [Gadafi] acabe abandonando el poder".

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OPINIONES

Libia, la OTAN y los peligros de la confusión política

Guillermo Almeyra

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Antes que nada, unos pocos datos históricos. La rebelión contra la colonización italiana unificó en Libia a las

tribus beduinas y a los ocupantes de Cirenaica, en la mitad del país más

cercana a Egipto, donde era muy influyente la secta fundamentalista y xenófoba de los Senoussi. Vencida Italia en la Segunda Guerra Mundial los ingleses pusieron en

el poder al jefe de la secta, Idriss el Senoussi, como rey de Libia y, al igual que los estadunidenses, instalaron en el país una gran base naval y militar. El país en 1951 pasó a ser de hecho una colonia inglesa con un rey y formalmente "independiente". Recién en 1957/58 se descubrió la riqueza petrolera

líbica, que pasó de 700 mil toneladas exportadas en ese año a 122.5 millones en 1968 y cambió la estructura social y política del país. Eran los años del gran

impulso del nacionalismo socializante árabe (con la revolución argelina) y del nacionalismo burgués árabe, con el nasserismo en Egipto y estaba candente la revolución palestina. Por otra parte, eran también los años de la Guerra Fría (de la

guerra por el Canal de Suez, del aplastamiento de los consejos obreros húngaros en 1956 por la Unión Soviética, del aplastamiento de la independencia de Checoslovaquia

y de su Partido Comunista en 1968). En 1969 un grupo heterogéneo de militares nacionalistas, dirigido por un beduino ex jefe de los servicios de inteligencia formado por los ingleses y anticomunista, el coronel Muammar Kadafi, derribó a

la corrupta monarquía y poco después expulsó las bases imperialistas. Después, Kadafi eliminó del gobierno su ala marxistizante, que tuvo que emigrar, su ala nasserista y su ala derecha y asumió todo el poder y a partir de 1977 se mantiene depurando el ejército con continuas ejecuciones de oficiales.

A partir del bombardeo de Trípoli en 1986

por el gobierno de Reagan no queda nada de sus primeras posiciones islámicas de "tercera vía". Es socio de la

Fiat, de Infinvest y de grandes empresas italianas, suizas y

francesas, es un puntal de la

OTAN en la región y fue utilizado por ésta como garantía

contra las rebeliones populares siempre latentes. Del intento de federarse con Sudán, Túnez, Argelia, Mauritania y hasta Egipto tampoco quedó nada; en cambio, jugó con la oposición de intereses entre el ENI (Ente Nazionale Idrocarburi)

italiano y su empresa petrolera AGIP, por un lado, y las Siete Hermanas,

encabezadas por la Shell y la Esso, del otro, lucha muy aguda que se libró sobre todo en Libia y costó la vida al

fundador de la empresa italiana. Kadafi era y es un dictador corrupto y

mesiánico sostenido por el imperialismo como uno de "nuestros hijos de

puta" y en la Unión Europea Berlusconi, literalmente, le besa la mano cuando Kadafi llega a Italia.

Es gravísimo, por lo tanto, confundir a

Kadafi con Bolívar –como hizo en su momento Hugo Chávez– o apoyarlo cuando está masacrando indiscriminadamente a millares de libios, utilizando para eso, además de sus fieles en el ejército, a mercenarios africanos. La contradicción central no es entre la OTAN

y Kadafi, supuesto defensor de la independencia de Libia y, en realidad, hombre de la OTAN en la

región. Es entre la revolución democrática árabe y los gobiernos corruptos y agentes del imperialismo, como Ben Ali, Mubarak, Kadafi, Bouteflika o el rey de Marruecos. Cubrir a esos déspotas en crisis con la autoridad de la revolución

cubana es desprestigiar a ésta ante los pueblos árabes, asociarla con

dictadores. La identificación entre los gobiernos y los pueblos, la idea de que no existen en éstos divisiones de clases y conflictos políticos sino la ficción

de una unidad nacional imposible en cualquier parte del mundo y el método que consiste en juzgar los acontecimientos por las declaraciones verbales de los gobernantes y no por la contradicción esencial entre éstos y sus víctimas, conducen inevitablemente a gravísimos errores y a ponerse de lado de las dictaduras (como hizo, por otra parte, una buena parte de la izquierda mundial

y de los nacionalistas antiimperialistas con la sangrienta dictadura argentina

durante la guerra de las Malvinas al dar su apoyo a la misma contra Inglaterra en vez de oponerse a las dos).

Los efectos de la crisis capitalista

mundial y de la pérdida de hegemonía estadounidense han favorecido una nueva eclosión de la revolución nacional, democrática y antiimperialista de los pueblos árabes. Salvo Marruecos y Egipto, formalmente independientes hasta la Segunda Guerra

Mundial, todos ellos fueron colonizados. Su primer intento de liberación, bajo la bandera del nacionalismo, tuvo sus momentos más importantes en los años 1950 en la revolución argelina, en la iraquí y en la palestina y, en menor medida, en el nasserismo. Nasser ahorcó obreros comunistas en huelga diciendo "los obreros no piden; nosotros les damos" y puso como centro de su política la construcción vertical del poder estatal. La unidad de la nación árabe no pudo

ser lograda por los conflictos entre las camarillas nacionalistas gobernantes.

Ahora, esa revolución entonces derrotada vuelve a presentarse con la bandera de la democracia, que es de hecho antiimperialista y, por lo tanto, rompe el

dispositivo capitalista mundial de dominación. Es cierto que en ella pesan los intereses del separatismo regionalista, de clanes, sectas religiosas, sectores

burgueses moderados opuestos al monopolio de los negocios por los dictadores y no sólo de los plebeyos. Es cierto que los diversos imperialismos tienen planes

diferentes de intervención en Libia y que en Bengassi y toda la Cirenaica está el cheque

político y social nunca pagado de la relación con lo que queda de la secta

Senoussi, que es tribal y monárquica. Pero, insisto, lo esencial no es eso: es la rebelión que comienza –siempre– con formas confusas. Y, como escribió

Zibechi, la defensa de la ética. A eso hay que apostar.

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LIBIA

Gadafi ya no es pueblo

Que el miedo al imperio no nos paralice

Pascual Serrano y Juan Carlos Monedero

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Rebelión

No demos ni una sola baza al imperio y sus comparsas para frenar las revoluciones de América, de Egipto, de Túnez, de Libia. Mubarak, Ben Ali, Gadafi, escogieron un camino contrario a los intereses de sus pueblos y fueron arrastrados por el viento popular. Los líderes de América Latina, que han demostrado estar con sus pueblos, deben encontrar su lugar con esos pueblos árabes que se levantan. Por que la lucha por la emancipación es una.

Los levantamientos populares que se están sucediendo en los países árabes abren sin duda la peligrosa posibilidad de que despierten, e incluso faciliten, la intervención de las potencias occidentales vía OTAN, con la consecuente tragedia de ocupación, crimen y atropello a la soberanía que caracteriza las intervenciones de la Alianza y los Estados Unidos. Es evidente que en río revuelto pueden suceder muchas cosas. Sin embargo, ese temor no debe impedirnos a quiénes, como el Che, nos indignamos ante cualquier injusticia y contra cualquier persona en cualquier lugar del mundo, apoyar los movimientos populares que se rebelan contra tiranos. Y los gobernantes de los tres países árabes donde en este momento más lejos han llegado las rebeliones lo son. Tan tiranos como amigos de los gobernantes europeos, con quiénes tan buenos negocios tenían cuando el pueblo aún no había empezado a hablar.

Tampoco faltan quienes piensan que, detrás de los levantamientos, se encuentra la mano del imperio, interesado, como siempre, en desestabilizar y tomar el control del país y de sus recursos, repitiendo para ello el esquema que tan bien conoce de las revoluciones de colores. Por supuesto que Estados Unidos y sus escuderos europeos estarían encantado de tomar ese control, e incluso en estos momentos, caben pocas dudas de que descansan sobre las mesas de los gobiernos estudios que permitan legitimar esa ocupación. Para saber de esos planes, basta conocer la manipulación sobre los acontecimientos en Libia, algo que ya ha quedado al descubierto. En las primeras veinticuatro horas de su llegada a Tripoli el periodista de Il Manifesto Maurizio Matteuzzi comprobaba que muchos de los acontecimientos difundidos por los medios occidentales -y también por árabes como Al Jazzira y Al Arabiya-, no se correspondían con la verdad. No existían las fosas comunes en Tadjoura, no era cierto que el distrito de Fascilum y otros distritos de la capital hubieran sido bombardeados. No era cierto que el aeropuerto de Mitiga hubiera sido tomado por los rebeldes. Informaciones falsas que no ayudan a entender las razones profundas del pueblo libio para mostrar su rebeldía ante quien hace mucho abandonó la pelea de los pueblos árabes –tergiversaciones que, a veces, pueden haber tenido la voluntad de informar –el caso de los medios que, a día de hoy, tienen ganada su credibilidad-, pero que sabemos que, de manera más general, tienen la única voluntad de confundir y preparar el camino a la intervención de la OTAN–tarea constante de los medios tradicionales al servicio de los intereses creados-.

Sin embargo, la amenaza del control de las grandes potencias no puede ser razón para condenar a los pueblos árabes al yugo de unos gobernantes déspotas y corruptos. En la parábola de Buda y la casa en llamas, Bertolt Brecht narra la historia de una familia cuya vivienda está ardiendo. Mientras los vecinos les increpan para que la abandonen y se salven de morir abrasados, la familia no deja de preguntarse sobre el futuro que les espera fuera de la casa, si el frío les amenazará, si conseguirían otro techo, si podrían alimentarse. El miedo al futuro les paralizaba y les impedía abandonar una muerte segura. Es verdad que el vacío de poder y la desestabilización planea sobre esos países y la región, pero es de ese modo como siempre se produjeron las revoluciones. El vacío de poder puede ser aprovechado por los militares, por un líder mesiánico, por el imperio, pero también podría serlo por el pueblo que ha tenido el coraje de romper su obediencia y desafiar al poder.

De modo que de eso se trata, de que mientras algunos poderes están al acecho, también lo estén los hombres y mujeres de Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Bahrein, Jordania, Argelia o Marruecos, para no permitir que nadie que no les represente ocupe ilegítimamente el gobierno. Y con ese pueblo debemos estar quiénes siempre denunciamos las dictaduras de los países árabes, esas que vendían a precio de saldo los recursos naturales del país a las potencias europeas a cambio de ser mantenidas en el poder con la excusa de que contenían la amenaza islámica. Ahora hemos visto que quien de verdad amenazaba esos regímenes era la sed de justicia de un pueblo.

Muy inteligentemente los gobiernos europeos han abandonado a los dictadores una vez comprobado que no pueden seguir manteniendo la farsa. Sería un error imperdonable que fuera la izquierda quien, temerosa de la garra del imperio, se refugiara en el mal menor. El vacío de poder está llegando, y con el pueblo movilizado se abre una etapa constituyente con un pueblo soberano al que le corresponde dibujar los contornos de su organización social y política. Sabemos que en muchos centros de poder se estarán maniobrando para colocar a un candidato que permita mantener el saqueo y la corrupción. La propuesta del presidente español de inventar un plan Marshall de reconstrucción de Libia o trasladar el modelo de la transición española al mundo árabe son las penúltimas mentiras de un occidente que prefiere seguir negociando con élites en vez de con el pueblo y sus representantes legítimos. Ni el dinero privado de ese Plan Marshall, que entregaría Libia a las grandes empresas, ni una transición que se hicera por las cúpulas y olvidase al pueblo pueden solventar las décadas perdidas en el mundo árabe. Muy al contrario, sería un retroceso que traicionaría las esperanzas depositadas por los pueblos que están rompiendo con sus yugos. Ayudemos a los pueblos a que sean ellos los que, de una vez, tomen el destino de sus países, lejos de repetir el saqueo de las empresas transnacionales y los grupos que las representan.

No son pocos los rebeldes alzados en los pueblos árabes que miran a los procesos emancipadores de América Latina en busca de ejemplo. Es momento de que las revoluciones latinoamericanas acompañen a las revoluciones árabes. Un sueño internacionalista por la base, lleno de dificultades pero también lleno de esperanzas. Esos mismos dictadores, sostenidos por los gobiernos europeos, han sido expulsados de la historia por mujeres y hombres que quieren tomar las riendas de su destino. No demos ni una sola baza al imperio y sus comparsas para frenar las revoluciones de América, de Egipto, de Túnez, de Libia.

Mubarak, Ben Ali, Gadafi, escogieron un camino contrario a los intereses de sus pueblos y fueron arrastrados por el viento popular. Los líderes de América Latina, que han demostrado estar con sus pueblos, deben encontrar su lugar con esos pueblos árabes que se levantan. Por que la lucha por la emancipación es una. Pueblos que han tomado la palabra. Y la palabra del pueblo es la única palabra que reconocerán los rebeldes allá donde se alzan.

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LIBIA

Libia entre la esperanza de la liberación

y el riesgo de la «somalización»

Mohamed Tahar Bensaada

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Oumma.com

Traducido para Rebelión por Caty R.

Si la determinación del pueblo libio de liberarse del régimen sanguinario de Gadafi no ofrece ninguna duda; aunque una parte del ejército y una mayoría de las tribus se han puesto del lado de los insurgentes y la liberación de toda la región oriental de país de las garras de los milicianos auguran la próxima caída del régimen, cada vez más aislado en el interior y en el escenario regional e internacional, otras evoluciones podrían anunciar perspectivas menos venturosas.

Si reunimos todos los elementos del puzzle libio que conocemos hasta ahora, son posibles cuatro escenarios. El primero sería que Gadafi consiguiera matar la insurrección popular gracias a los batallones militares que le son leales y a las legiones de mercenarios extranjeros dirigidas por el exjefe de los servicios de inteligencia y actual ministro de Asuntos Exteriores, Moussa Koussa, y los hijos menores de Gadafi, Moatassim y Khémis. El segundo escenario, el más deseable, es que el pueblo libio siguiera los ejemplos de Túnez y Egipto. La intervención de lo que queda del ejército contra el clan de Gadafi y sus mercenarios permitiría al pueblo libio proyectar con más esperanza un período de transición democrática y pacífica.

El tercer escenario sería una intervención militar directa de la OTAN o de los estadounidenses solos, bajo la cobertura de la ONU, que vendría a reemplazar la pasividad o la impotencia del ejército libio frente a los milicianos pagados por el régimen. Finalmente, el cuarto escenario sería una división del país en una región oriental liberada y una parte de la región occidental bajo el control de las fuerzas pro Gadafi durante un período indefinido. Conviene examinar cada uno de los escenarios y sus implicaciones, tanto internas como regionales. Dejaremos de lado el primer escenario, ya que parece muy improbable a la vista de la evolución de los últimos días. Dado su enorme descrédito, el régimen de Gadafi no tiene ninguna oportunidad de recuperar el control total de país que tenía antes.

El segundo escenario

El segundo escenario, que el pueblo libio se liberase del régimen de Gadafi gracias a la combinación del levantamiento popular con la neutralidad condescendiente del ejército no es factible en las mismas condiciones. Por una parte, al contrario de Túnez y Egipto, el régimen libio no cuenta sólo, ni principalmente, con el ejército para acabar con la insurrección popular puesto que puede movilizar a miles de mercenarios entrenados desde hace años para ese trabajo sucio. Por otro lado, al contrario que los ejércitos de Túnez y Egipto, el ejército libio fue voluntariamente desarticulado, desorganizado y compartimentado por el régimen desde el intento de golpe de Estado de 1996, en particular por la instigación de los hijos menores Moatassim y Khémis y su instructor, el exjefe de los servicios secretos y actual ministro de Asuntos Exteriores Moussa Koussa. Aunque el cambio de bando de algunas unidades al lado de los insurgentes podría desempeñar un papel importante en el desenlace de la situación, es difícil evaluar las auténticas relaciones de fuerzas entre las unidades «leales» y las unidades «rebeldes» y su repercusión sobre el terreno.

Y es de este elemento del que depende en gran parte la realización de este segundo escenario. Nadie duda de que la determinación popular, la deserción de un número cada vez más importante de políticos y diplomáticos y el aislamiento cada vez mayor del régimen en el escenario regional e internacional podrían acelerar el cambio de las unidades del ejército que todavía no han tomado una posición. Pero el tiempo apremia. Si la situación perdura y las masacres a puerta cerrada prometidas por Gadafi continúan, ese escenario, que sería beneficioso para Libia, corre el riesgo de ser sustituido por otros escenarios menos venturosos.

El tercer escenario

En efecto, si el ejército libio, o lo que queda de él, no asume sus responsabilidades, existe un grave peligro de que las potencias extranjeras, que hasta ahora se mantienen pasivas y cómplices por razones geopolíticas inconfesables, se arriesguen a montar una operación militar bajo cobertura «humanitaria» que ciertamente liberaría a Libia del dictador pero que se limitaría a imponer un régimen «democrático» pro occidental. Este escenario no es totalmente improbable en vista de las últimas evoluciones diplomáticas.

El presidente Obama acaba de declarar que ha pedido a su administración que le presente todas las eventualidades y posibilidades en el marco de la gestión de la crisis libanesa. Se sobreentiende que los estadounidenses podrían proyectar una intervención directa. Los británicos han comenzado a sondear a su opinión pública declarando que no dudarán en organizar una operación militar dirigida a repatriar a sus ciudadanos que se encuentran actualmente en Libia.

Por supuesto la intervención militar estadounidense o de la OTAN, bajo cobertura de la ONU, no tiene que parecerse necesariamente a la invasión de Afganistán o Irak. Podría ser que los estadounidenses se conformasen con una incursión del tipo de la intervención aérea dirigida contra Serbia durante el conflicto de Kosovo. ¿Pero sería suficiente una intervención semejante para desalojar al régimen de Gadafi si éste sigue beneficiándose de la ayuda de sus mercenarios extranjeros? El presidente Obama también añadió que su administración está concertándose con sus aliados para coordinar los pasos a seguir. ¿Se refiere sólo a sus aliados de la OTAN? ¿O incluye también a sus «aliados» los Estados árabes vecinos, que están corriendo el riesgo de que les golpeen directamente las evoluciones de la crisis libanesa, y son tres: Egipto, Argelia y Túnez?

Si por desgracia no hubiera otro remedio para desalojar a Gadafi que la intervención estadounidense, las cosas deberían evolucionar de forma diferente a lo que sucedió en Túnez y Egipto. Si en esos países todavía no se puede prever nada sobre el futuro desarrollo de la transición democrática según las relaciones que instauren con las potencias occidentales, y con Estados Unidos en particular, está claro que una intervención estadounidense en Libia no dejaría ninguna –o muy relativa- oportunidad de desarrollo «independiente» a la joven república «democrática» libanesa que nacería de semejante escenario. Eso no augura nada bueno en la región.

Si ese escenario llegase a hacerse realidad, sería sencillamente catastrófico. Lo que no lograron hacer en Egipto –una transición «democrática» autoritaria bajo el control de su hombre, Omar Suelimán- y lo que no consiguen en Argelia –un Estado completamente sometido a su juego, es decir, liberado de la «duplicidad» diplomática de Buteflika- ¿Podrá conseguirlo Estados Unidos gracias a una crisis «humanitaria» en la que todo indica que podrían haberla deseado? ¿Será Libia la futura base de maniobras estadounidense en la región? Un país de 6 millones de habitantes pero que disfruta de un PIB de 100.000 millones de dólares, es decir el equivalente a dos tercios del PIB de Egipto que tiene 85 millones de habitantes podría, en efecto, marcar la diferencia tanto en un sentido como en el otro. En el plano estratégico el control de Libia no es en absoluto un asunto menor.

El cuarto escenario

Con o sin intervención estadounidense, ¿podría caer Libia en un escenario de tipo somalí? Es una perspectiva extremadamente grave, pero a la vista de cierto número de elementos, por desgracia no se puede descartar. La liberación de la región oriental, en la que numerosas ciudades empezando por Benghazi, Derna, Elbeida y Tobrouk han caído, en los primeros días, en manos de los insurgentes, y el hecho de que el régimen concentra sus últimas fuerzas en la región occidental, si esta situación se estabiliza sobre el terreno, augura un escenario de división de facto del país. Pero es cierto que el hecho de que una localidad como Mesrata, situada al oeste de Trípoli, haya caído en manos de los insurgentes constituye un feliz acontecimiento que favorece la preservación de la unidad nacional del país.

Pero las aventuras de un clan asediado que juega la última carta del tribalismo podrían favorecer el escenario de una posible «somalización». Ese escenario es tanto más probable en cuanto que no sólo existe una situación de hecho en la que ya cada uno de los protagonistas controla un territorio determinado. Más grave, ese escenario podría también alimentarse de un tribalismo que permanece como una realidad sociológica en Libia, un tribalismo que el régimen ha alimentado e instrumentalizado y que ahora quiere utilizar como su última oportunidad de supervivencia. Pero ese escenario sólo puede convertirse en realidad si las potencias extranjeras tienen interés en jugar esta carta si fallan otras.

El escenario de la «somalización», que no es deseable para el pueblo libio, no sólo constituye un grave peligro para Libia como sociedad y nación. También es un peligro para la seguridad nacional de los países vecinos: Egipto, Argelia y Túnez. ¡Algunas fuentes occidentales, muy interesadas, ya empiezan a comercializar información de un presunto «emirato» de al-Qaida en la región liberada de Derna! Es un escenario experimentado en otras partes por razones estratégicas y geopolíticas inconfesables. ¿Algunas regiones en Libia serán una copia de las regiones denominadas «tribales» en la frontera de Afganistán y Pakistán, con el fin de crear zonas de tensión propicias a todo tipo de maniobras militares y diplomáticas?

¿Conseguirá el pueblo libio triunfar sobre todos los manejos que se traman en secreto para vaciar la revolución de su contenido liberador, al tiempo que se desembaraza del odiado régimen de Gadafi? De todos los escenarios expuestos, ¿será capaz el pueblo libio de imponer el que corresponde a sus aspiraciones democráticas, a sus intereses nacionales y a los intereses nacionales de los pueblos vecinos? Si la culpable y escandalosa pasividad de los Estados vecinos sólo puede suscitar el asombro y la indignación, incluso aunque los fuertes factores estratégicos y diplomáticos podrían explicarla, es un hecho que la actitud de los pueblos anda muy lejos de estar a la altura de los desafíos que ahora tienen como escenario a Libia, pero que pueden influir gravemente en la paz y la seguridad de toda la región

Chomsky sobre posibilidades para activismo: “Podemos lograr mucho”

2010-11-22T12:46:00.000-08:00

El aclamado activista y filósofo Noam Chomsky es profesor emérito del Massachusetts Institute of Technology. Compartió sus perspectivas sobre asuntos internacionales, la economía y otros temas en una entrevista realizada en persona en su oficina en Boston el 14 de septiembre del 2010.

Keane Bhatt: Su nuevo libro Hopes and Prospects [Esperanzas y Posibilidades] comienza con la historia de Haití, y eso fue lo que discutimos la última vez, así que es un tema apropiado para iniciar la entrevista. Para cientos de miles de personas, habitar en una vivienda digna resistente a los huracanes es una quimera. A pesar de los miles de millones de dólares entregados a organizaciones de asistencia humanitaria, los habitantes del campamento de Carrefour deben pagar mensualmente un “impuesto” para permanecer allí, mientras existen 1.3 millones de personas que aún continúan desplazadas internamente. Se estima que 8.000 personas desplazadas han sido desalojadas a la fuerza. Si existiera un estado democrático funcional en Haití, podría usar el dominio eminente para obtener tierra y construir viviendas permanentes para la población afectada. Pero en las próximas elecciones que los EE.UU. está financiando, el partido político más grande, Fanmi Lavalas, ha sido excluido, junto a otros trece, y no ha habido una iniciativa integral que brinde a las personas desplazadas las tarjetas de identificación necesarias para votar.

Usted ha hablado sobre el desprecio por la democracia que Estados Unidos ha mostrado anteriormente–la financiación en Haití de la candidatura del oficial del Banco Mundial y ex-ministro de Duvalier, Marc Bazin, contra Aristide en 1990, el castigo a Gaza por votar de manera equivocada, el financiamiento de partidos de oposición en toda América Latina–pero ahora parece que hasta han abandonado los pretextos de apoyar los procesos democráticos. Las elecciones de Honduras bajo el régimen golpista también han sido aceptadas, y es un ejemplo de ésto. ¿Estamos viendo una nueva tendencia hacia un mayor descaro y extremismo en este sentido?

Noam Chomsky: Creo que siempre ha sido cierto. La democracia es un peligro para cualquier grupo en el poder. Tomemos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos–formalmente tal vez una de las democracias más avanzadas del mundo. Y una de las primeras, de hecho–en el siglo 18 lideraban como tal. Los Padres Fundadores estaban muy preocupados por el peligro de la democracia y hablaron muy abiertamente sobre la necesidad de construir las instituciones democráticas que controlarían esa amenaza. Es por eso que el Senado tiene mucho más poder que la Cámara, para mencionar sólo un ejemplo.

KB: Pero parece que en cuanto a la política exterior, solía haber una mayor tolerancia hacia el proceso democrático formal. Ahora, demostrado por los casos de Honduras y Haití, no hay ni siquiera un esfuerzo para mantener esa pretensión.

NC: La literatura académica es bastante clara en este sentido. Con respecto a América Latina, pero de manera general es cierto en todo el mundo, la filosofía principal sobre la “promoción de la democracia” viene de Thomas Carothers. Él es un neo-Reaganista, quien cree que Reagan era una especie de Woodrow Wilson tratando de fomentar la democracia en el mundo, y estuvo en el Departamento de Estado en los años de Reagan trabajando en programas de aumento de democracia. Y él es un académico honesto. Y sigue con sus estudios al respecto prácticamente hasta el presente, y no voy a tratar todos los detalles, pero su conclusión es correcta y previsible. Dice que Estados Unidos apoya la democracia si–y sólo si–se conforma a sus objetivos sociales y económicos. Y dado que él es un fuerte partidario, considera esto una especie de paradoja.

KB: Una esquizofrenia…

NC: Sí, es esquizofrenia. Él llama a todo líder “esquizofrénico”. Bueno, los líderes son perfectamente realistas.

KB: En Estados Fallidos, Ud. menciona siete soluciones para enfrentar problemas internacionales. La tercera es: “Que la ONU tome la iniciativa en crisis internacionales.” Aunque entiendo la sabiduría general detrás de esta recomendación, más que todo con respecto a Irak e Irán, ¿cómo se aplica esto a Haití, que ha estado bajo la ocupación de la MINUSTAH de la ONU desde el golpe del 2004?

NC: En primer lugar, la verdad es que en estos pasajes yo estaba presentando la opinión pública. La opinión pública declara que “creemos que las Naciones Unidas, no los EE.UU., debe tomar la iniciativa cuando hay crisis internacionales,” y creo que esto tiene cierta legitimidad, pero debemos reconocer–y probablemente lo discutí en ese mismo contexto–que la Naciones Unidas no es un agente independiente. La ONU es un agente de los estados que lo constituyen y, más concretamente, de los cinco estados que poseen el veto en el Consejo de Seguridad, y aún más específicamente, de los Estados Unidos. La ONU puede ir tan lejos a como los EE.UU. le permita, pero no más que eso. Y está restringida por las condiciones que los estados poderosos, lo que significa sobre todo los EE.UU., imponen. Haití es un ejemplo de ello. Pero hay un montón de otros. Tomemos, por ejemplo, las sanciones impuestas a Irak bajo Clinton que se dieron hasta la invasión. Se denominaban sanciones de la ONU, y fueron administradas a través de la ONU, pero si se analiza más a fondo resulta que fueron sanciones de los EE.UU. Entonces sí, el defecto que mencionas está aquí, claramente. Pero eso es algo inherente en la estructura de la ONU. Claro, las Naciones Unidas, en cierta medida difunde el poder de los EE.UU. Por lo tanto es una agencia menos directa de los Estados Unidos que el Ejército estadounidense. Pero aún así, no puede escapar la distribución de poder en el mundo.

KB: Y en casos más vulnerables, lugares que no pueden defenderse o reclamar sus derechos, como Haití, hay una mayor manifestación de eso.

NC: ¿Quién va a oponerse? Inglaterra no se va a oponer, Francia se une a los Estados Unidos. De hecho, Francia es uno de los más grandes torturadores de Haití, tanto históricamente como actualmente. China y Rusia no van a participar. Bueno, entonces sólo queda EE.UU.

KB: En 1994, el periodista Allan Nairn reportó el parecer del Comandante Luis Kernisan de la Agencia de Inteligencia de Defensa, quien dijo: “Al final, se tiene que tratar con la misma gente de antes, con las cinco familias que mandan el país, el ejército y la burguesía…no va a ser con el tipo de los tugurios de Cité Soleil.” Este es un ejemplo de lo que usted ha dicho: planificadores honestos utilizando el análisis marxista. Las élites y los estrategas parecen tener un buen entendimiento de las relaciones sociales e internacionales, pero con los valores invertidos. Usted ha dicho que no le importa mucho Marx. ¿Esto incluye el marco analítico que los planificadores y las elites usan?

NC: Eso no es totalmente acertado. Yo no digo que él no me importa mucho. No me llamaría un marxista, yo no creo que nadie debería ser ningún tipo de “-ista”. En cuanto al análisis de Marx del capitalismo, hay muchas ideas útiles en ello, pero tenemos que acordarnos –y él habría sido el primero en decirlo– que él estaba desarrollando un modelo abstracto del capitalismo en el siglo diecinueve. Es abstracto y ha cambiado. En cuanto a sus recetas para el futuro post-capitalista, en realidad no tuvo mucho que decir. Y con algo de justicia, pienso yo. Por otro lado, yo no diría que Marx no me importa mucho; él ofreció mucha perspicacia sobre cómo funciona la sociedad, y fue un excelente analista de la actualidad de la época. Creo que él daría por sentado que las élites son básicamente marxistas: creen en el análisis de clase, creen en la lucha de clases, y en una sociedad dominada por los negocios–como los Estados Unidos–las élites empresariales están profundamente comprometidas con la lucha de clases y participan de forma activa en ella todo el tiempo. Y ellos lo comprenden. Son marxistas instintivos, no tienen que leerlo.

KB: Ha hablado antes de como a menudo Ud. depende de la prensa élite de negocios para un retrato fiel de los acontecimientos. Según la lógica, los inversionistas necesitan tener una comprensión bien clara de los asuntos del mundo y no recibir propaganda con el fin de beneficiarse de los acontecimientos políticos y económicos. ¿Cuál, entonces, es el papel de The Economist, que al parecer no se puede leer sin encontrar graves distorsiones constantemente dentro de su cobertura? ¿Qué función esta sirviendo, y por qué difiere tanto su periodismo al del Financial Times o del Wall Street Journal?

NC: Yo solía leer The Economist con regularidad, pero no lo hago desde hace un tiempo. Una de las razones es esa que indicas. Otra es que no dan muchos fundamentos para lo que afirman, ni siquiera los nombres de sus escritores, para poder así tener por lo menos algo de credibilidad.

KB: Usted menciona y aboga por Adam Smith a menudo, a pesar de reconocer sus defectos. Por ejemplo, usted ha señalado la inverosimilitud de que hasta los mercados perfectos puedan llevar a una igualdad perfecta. ¿Es esto parte de un esfuerzo estratégico para privar a la derecha de su héroe, quien condena la división del trabajo, el imperialismo y el control empresarial sobre las políticas del estado?

NC: No, para nada. Es porque creo que tuvo muchas cosas importantes que decir, una vez que eliminemos la mitología que se ha creado acerca de él. Por ejemplo, su crítica a la división del trabajo se basa en sus principios de la Ilustración clásica. O su reconocimiento de que las políticas estatales son diseñadas por aquellos que dominan la economía para sus propios intereses, aunque el efecto para los demás sea “perjudicial”, incluyendo para el pueblo de Inglaterra. Pero más importante para las víctimas de “la salvaje injusticia de los europeos”, refiriéndose principalmente a los crímenes británicos en la India, su principal preocupación como persona honrada. Sus declaraciones se referían a la Inglaterra de su época, pero se pueden aplicar de forma general. O también su único uso de la frase “mano invisible” en la Riqueza de las Naciones, para argumentar (no muy convincentemente) que protegería a Inglaterra de los estragos de lo que llamamos “neoliberalismo” – Ricardo hizo lo mismo. O su llamado a favor de la regulación bancaria en reacción a un colapso financiero masivo. Y mucho más. Y eso es aparte de su interesante trabajo como filósofo moral.

KB: Hablé con un inversionista honesto recientemente, un multi-millonario. Se refirió a como su clase ha renunciado de su lealtad, como una norma social, en contraste con los capitalistas de la era de Eisenhower en los EE.UU. y con las élites en el Este de Asia hoy en día. Si este país estableciera una tasa marginal de impuestos más alta–aunque muy por debajo de la tasa de 90 por ciento bajo Eisenhower– él me dijo que simplemente cerraría lo que queda de sus activos productivos en los EE.UU., despediría a miles de sus trabajadores, cambiaría de ciudadanía a los Emiratos Árabes Unidos, y viviría allí. De hecho, después que él mencionó las tendencias ‘socialistas’ de Obama, él estuvo por hacer exactamente eso. Esta mentalidad transnacional, sin ataduras, que ahora predomina es una refutación de la noción de Smith y Ricardo que la clase capitalista prefiere apoyar a su propio país. ¿Cómo puede la población en general combatir esta amenaza, que ahora se extiende hasta físicamente salir de los EE.UU. para evitar que los ingresos de los impuestos puedan ser recaudados? Usted ha hablado de la toma laboral y autogestión de los trabajadores como una solución. ¿Qué más existe en el arsenal de la población en general, trabajando a través de los sindicatos, el gobierno o por otros medios?

NC: Lo que él está describiendo es sincero y acertado. De hecho, la clase capitalista en los años 50 era más o menos parte de un contrato social. Era parte de la naturaleza de la época. Durante la Gran Depresión y la Guerra hubo una verdadera radicalización de la población–no sólo aquí sino en todo el mundo. Y el sistema después de la guerra fue diseñado para reflejar eso. Es por eso que se vio un desarrollo de los estados benefactores en los años 50–había mucha presión popular de la cual no se podía escapar. Han pasado muchos cambios desde entonces, pero en realidad ha habido un retorno a una forma extrema del capitalismo depredador, lo que significa que no sólo voy a cerrar mi negocio o mudarme si no me gusta lo que haces, pero otra cosa interesante está ocurriendo. En las instituciones financieras, que ahora dominan el sistema económico, el nivel administrativo en muchas ocasiones actúa en maneras que pueden destruir sus propias instituciones si aumentan sus beneficios, los cuales no son pequeños. Analiza los ingresos de, por ejemplo, Goldman Sachs –un porcentaje muy alto de ello va sólo al pago de la administración y sus bonos. Hubo un tiempo tradicionalmente –por ejemplo, General Motors en la década de 1950– donde GM estaba tratando de desarrollar una base de consumidores que iba a ser leal y duradera porque se pensaba en términos de una institución que permanecería y crecería y prosperaría en la sociedad. En la actualidad muchas de las empresas de inversión – bancos, fondos de cobertura– están perfectamente contentos con destruir el lugar donde trabajan y salir de ahí con enormes beneficios. Esta es una nueva etapa del capitalismo.

En cuanto a tu pregunta sobre estrategias: entre las opciones menos radicales, utilizar la urna electoral, como se hizo en los años de los 1930s y 1960s–claro, acompañado con una ola de activismo popular a gran escala. Tuvo muy buenos resultados, dejando un legado que se puede llevar hacia adelante. Y hay muchas otras opciones, dependiendo de las circunstancias y el nivel de organización, la comprensión y el compromiso popular. Este siempre es el paso fundamental.

KB: En Hopes and Prospects usted habla sobre la hipocresía en los inicios de la crisis financiera: las propuestas del FMI para el Tercer Mundo fueron las de pagar la deuda a los países centrales, elevar las tasas de interés, privatizar, y en general, dedicarse a políticas a favor de los cíclos económicos. Para los EE.UU., las prescripciones aceptadas fueron: estimular la economía, olvidarse de la deuda, y nacionalizar la industria. Pero desde entonces, ha habido una corriente muy poderosa que cambió el debate político – ahora se trata de la reducción del déficit y de la austeridad fiscal, la cual la administración de Obama está impulsando activamente con su comisión sobre el déficit y sus discursos sobre como el gobierno federal debe abrocharse el cinturón. ¿Es este cambio otro indicador de lo que dice Simon Johnson, específicamente sobre las similitudes entre los EE.UU. y las oligarquías de los mercados emergentes? ¿Se está “convirtiendo en una república bananera” los EE.UU., como él dice? Tu libro menciona el análisis optimista que hizo Citigroup sobre las plutonomías, donde la economía funciona en todos sus aspectos hacia los intereses del 10 por ciento más rico, sin tomar en cuenta las necesidades del resto. ¿Es esto lo que está ocurriendo?

NC: Es un acontecimiento que ha estado sucediendo, aunque más aún en Europa. Los Estados Unidos en muchos aspectos se asemeja a un país del Tercer Mundo–mucho más desarrollado, pero tiene muchas de las mismas características estructurales: extrema desigualdad de la riqueza, el deterioro de la infraestructura, ya que sólo le sirve a los pobres, operaciones depredadoras, corrupción enorme, entre otras cosas. Todo esto es bastante típico de países del Tercer Mundo y no de países que están tratando de desarrollar una economía con un futuro sólido. Se roban lo que pueden y se van. En cuanto al análisis de Citigroup, tiene más validez ahora que antes. Nunca ha sido falso, pero sin duda menos ahora. Hablemos del período en el que se movía hacia la democracia social de algún tipo–por ejemplo los años 50 y los años 60, que fue cuando la tecnología que estás usando en este momento se desarrolló. Y fue desarrollada a expensas de los ciudadanos, o sea, de aquellos que pagan sus impuestos, pero no se tenía pensado particularmente que ellos se beneficiarían de ella. Aquellos que se beneficiarían de ella fueron IBM, Microsoft, y así sucesivamente. El sector empresarial quería que la población del país pagara los costos y asumiera los riesgos. Y se hizo de una manera totalmente fraudulenta, no para que pudieras tener una computadora. La gente pensaba que se estaban defendiendo de los rusos o algo así. Pero los planificadores entendían.

KB: Estaban construyendo la base para la economía del futuro.

NC: Estaban construyendo la economía del futuro, de la cual ellos se beneficiarían. Y tal vez, de casualidad, otros se beneficiarían, pero sólo de forma secundaria. IBM es un caso interesante. Entonces IBM fue una gran industria, con tarjetas perforadas y lo demás, pero en los años 50, esencialmente, aprendió a cambiar de tarjetas perforadas a computadoras digitales que funcionaban efectivamente en laboratorios gubernamentales. En realidad, aquí, allá abajo, donde estamos sentados en el Edificio 20 (del Massachusetts Institute of Technology), fue donde mucho de esto ocurrió. Y para los años 60, IBM había adquirido suficiente capacidad para poder construir su propia computadora. Tuvieron la computadora más rápida del mundo: el Stretch.

KB: Y el Gobierno de los EE.UU. lo procuró.

NC: El gobierno lo tuvo que comprar, porque nadie lo compraría. No había interés. Y la procuración pública es una técnica importante de la subvención estatal, un hecho que ha sido bien estudiado dentro de la literatura profesional. Y esto continúa. No es posible sino hasta los 80s, más o menos–treinta años después de todo esto–cuando IBM realmente podría vender PCs y generar mucho dinero, y Microsoft podría escindirse de eso, y así sucesivamente. Pero lo que está pasando ahora es muy interesante y está siendo discutido por los líderes de industria. La Fundación Alfred P. Sloan ha hecho algunos estudios que señalan que, según lo que ellos presentan, ‘lo que es bueno para General Motors es bueno para el país’ ya no es cierto. Porque ahora–y usan IBM como su ejemplo, o tal vez el Wall Street Journal informa sobre el hecho–IBM no sólo intenta desplazar sus operaciones productivas en donde pueda conseguir mano de obra barata, pero está casi forzando a su personal doméstico a ir a la India [Project Match]. Entonces ya no te queremos aquí, ve a vivir como una persona del Tercer Mundo en la India. Vamos a pagarte menos y vas a trabajar igual que antes. Así que aquí hay una empresa que básicamente se construyó por medio de los impuestos de los estadounidenses, se hicieron muy ricos, y su responsabilidad ante el país es no sólo mandar puestos de trabajo al exterior, pero enviar a sus propios trabajadores a la India. Creo que alrededor del 75 por ciento de la fuerza laboral de IBM se encuentra en el extranjero.

KB: Volviendo a la cuestión de las prescripciones del FMI, Olivier Blanchard, su economista principal, abogó por un objetivo más alto de inflación, alrededor del 4 por ciento. El Wall Street Journal informó que “el señor Blanchard dice que el FMI debería liderar el replanteamiento de ideas necesario después de la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial.” ¿Qué, si acaso, puede significar la aprobación del FMI de una política monetaria más expansiva para los países en vías desarrollo, que normalmente tienen que obedecer al FMI?, y ¿puede ser esto una señal de un cambio real en el FMI, o es sólo una maniobra temporal?

NC: Ha habido algunos cambios en el FMI, pero no creo que sean suficientes, digo yo. Los economistas del FMI sin duda fueron perturbados por los fracasos extremos debido a sus recetas durante muchos años, y por el colapso del edificio intelectual de la teoría económica en la que confiaban.

KB: En su caracterización de la crisis financiera de EE.UU., usted dice que “los mercados son ineficientes…Pueden ser controlados por medio de un cierto grado de regulación, pero esta regulación se fue desmantelando gracias a un fanatismo religioso de mercados eficientes, que carecía de soporte empírico y de base teórica, nada más se basaba en el fanatismo religioso”. ¿Fue este “fundamentalismo irracional” el factor principal en el desarrollo de la actual crisis económica mundial? Le pregunto porque en Hopes and Prospects, usted dirige a los lectores que desean comprender mejor las raíces de la crisis al libro La Gran Crisis Financiera por Foster y Magdoff. La tesis que ellos exponen es que debido a las tendencias de estancamiento a largo plazo en la economía real, “las ganancias fueron dirigidas cada vez menos hacia la inversión en la expansión de la capacidad productiva y cada vez más hacia la especulación financiera.” Para Foster y Magdoff, el fanatismo religioso era de conveniencia política, y ayudó a alimentar una serie de burbujas financieras enormes, pero este esfuerzo se compensó por las tendencias de estancamiento a largo plazo subyacentes en la economía real.

NC: Creo que hay cierta verdad en eso. Hay libros que ahora están disponibles a los cuales me hubiera referido también, que van mucho más allá de lo que he dicho–gente en medio de la profesión económica llegando al punto de declarar que los economistas son criminales. Por ejemplo, el libro de Yves Smith–que es realmente bueno–quiero decir, ella dice que estos tipos son una plaga. Que el campo de estudio debe ser desmantelado. Y ella entra en detalles serios y muestra que la teoría económica es tan corrupta que es difícil hablar del tema. Es un gran libro. Y hay un par más, como probablemente 13 Bankers (Trece Banqueros) de Simon Johnson, que no he leído todavía.

KB: Según Foster y Magdoff, la contradicción fundamental en la economía real, relativo al incremento en la desigualdad de ingresos y riqueza, con el tiempo se ejerció con la fuerza de gravedad, lo que llevó a cabo una implosión financiera. La disyunción entre el estancamiento de la economía real y la esfera financiera cada vez más hinchada había crecido a tal punto que cuando la burbuja inmobiliaria finalmente estalló, las consecuencias resultantes abrumaron el poder de los bancos centrales para poder contrarrestarlas en su rol de “prestamistas de última instancia.” ¿Sugiere todo esto que las posibilidades de regular los mercados ineficientes del sistema son más limitadas de lo que comúnmente se supone?

NC: No lo creo, porque hubo un período de regulación desde la era del “New Deal” hasta los años 70, y no había crisis financieras. Desde los años 70, la estructura normativa se ha ido desmantelando parcialmente y parcialmente capturada–ya sabes, la captura reguladora–y en parte ha sido afectada por lo que a veces se llama captura reguladora cognitiva. Es decir, los reguladores se han tragado la ideología que está siendo vendida por los economistas, y el mundo de negocios felizmente propaga estas ideas porque son muy buenas para ellos, no porque se crea que haya algún mérito en ellas. Y como resultado, desde los años 70 se han producido repetidas crisis financieras; esta no es la primera, ha habido muchas.

En los países de Asia, hubo una reacción natural a la crisis a finales de los años 90: después de que los países más o menos salieran de la crisis financiera asiática, comenzaron a construir sus reservas financieras. Eso ahora se condena. Ese es el famoso exceso del capital que está causando desequilibrios globales, forzando que bajen nuestras tasas de interés, y haciendo todo tipo de cosas horribles. Fue una reacción muy racional al enorme flujo de capital especulativo y a las teorías de los economistas. Así que sí, nunca estaban en el sistema del mercado por mucho tiempo, pero ahora están saliendo de él aún más, almacenando reservas, creando desequilibrios en la economía global, mientras lo que se hizo aquí fue todo lo contrario: vamos a tomar prestado. Tomemos prestado como locos, nada puede salir mal, ya que tenemos una teoría que demuestra que los mercados son eficientes y que los participantes tienen información perfecta–hasta en el futuro indefinido, de hecho, si se toman en serio los teoremas. Así que ahora existe una peor crisis financiera, pero si nos fijamos bien, Reagan dejó al país con una crisis financiera seria–la de Ahorro y Préstamos (después de otra en 1987)–diez años más tarde tuvo lugar la burbuja tecnológica, en medio de eso ocurrió la del Long Term Capital Management (la Gestión del Capital a Largo Plazo), y el hecho de que la profesión económica ha podido sobrevivir todo esto es asombroso. Se conoce la historia, un par de años después de eso vino la burbuja inmobiliaria. Para la población, la economía ha sobrevivido por la inflación de activos, el incremento de la deuda y de horas de trabajo, a menudo para ambos adultos en la familia.

KB: Usted saca el tema de la crisis financiera de Asia y los países que no habían seguido la ortodoxia de abrir sus mercados de capitales salieron ilesos–la India, China, Taiwán…

NC: En Corea del Sur se puede obtener la pena de muerte por la fuga de capitales. Malasia, de hecho, también salió de la crisis asiática. Impuso controles de capital y en el momento todos los economistas advirtieron que iba a ser un desastre. Pero les fue bastante bien. Lo mismo con Argentina, el antiguo modelo ideal del FMI, lo que le llevó a una crisis grave. Luego no le hizo caso a las advertencias y las doctrinas y le fue muy bien a su economía, contrario a lo que predecían.

KB: Para analizar los países en vías de desarrollo, usted insiste en desagregarlos para arrojar luz sobre los varios niveles de crecimiento y desarrollo social durante la era neoliberal. En el caso de la India, que creció a un ritmo rápido, usted cree que sólo pudo haber ocurrido por haber violado las reglas neoliberales: India mantenía el control sobre los flujos de capital e ignoró las reglas del FMI en muchas maneras. Esto no habría sucedido si hubiera sido un alumno disciplinado, como Argentina, el cual usted menciona, o los países de América Latina y África en general.

NC: Bueno, hay una alta tasa de crecimiento, pero mira lo que le ha pasado a la población. ¡Su consumo de alimentos está disminuyendo!

KB: Correcto. Así que lo que le quería preguntar es, ¿qué es la índole de la economía de la India? Comparte casi todas las facetas de los resultados neoliberales–el empobrecimiento absoluto de la población en medición de, como usted dice, el consumo de calorías, y la aparición de los plutócratas y el fortalecimiento de su posición–pero goza de un alto crecimiento en lugar de bajo crecimiento. ¿Es este un modelo distinto?

NC: Hay un sector en la India–es un país grande, por lo que el sector no es pequeño, probablemente abarca un par de cientos de millones de personas–y ellos se benefician mucho con esto. Y si tienen que dejar de lado a los mendigos hambrientos en la calle, bueno, entonces está bien. Has vivido en la India, así que sabes como es.

En una ocasión viajé en carro por las calles de Delhi con una india radical, Aruna Roy–probablemente sabes de ella–quien ha dedicado su vida a vivir en una de las aldeas más pobres y trabajar en los asuntos de la mujer. Sumamente dedicada. Mientras viajábamos, me di cuenta de que ella no estaba mirando por las ventanas. Cada vez que el carro paraba, un grupo de gente venía a suplicar por una rupia, y hay un bebé moribundo, sabes. Y ella me dijo: “No lo hagas.” Y luego mientras continuaba andando el carro, me di cuenta que ella ni siquiera miraba. Y le pregunté, “¿Cómo puedes vivir así?” Ella respondió: “Si miras, te vas a matar a ti mismo. Así que deja de mirar. No hay manera de sobrevivir en esta sociedad loca.”

Y ella es una mujer muy interesante, fue profesora en la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU) que hace veinte años renunció y se fue para Rajasthan, y vive en una aldea muy pobre en una choza de barro. Y trabaja en asuntos acerca la mujer. Entonces, aquí hay alguien muy dedicada y te dice francamente, “Si quieres sobrevivir aquí, no mires.”

KB: Un economista de JNU, Prabhat Patnaik, quien es también Vice-Presidente de la Junta de Planificación del Estado de Kerala, saca a colación un caso que me gustaría compartir con usted por sus implicaciones: según él, Kerala disfrutó de excelentes logros en el sector social, pero estuvo prácticamente estancado. Después del ’87-88, Kerala creció de forma muy rápida, y nadie estaba seguro por qué, pero fue precisamente el período del declive de los logros del sector social. Él concluye que el alto crecimiento no necesariamente implica mejoras sociales, pero lo contrario ocurrió en Kerala.

NC: Lo conozco a él un poco, y él sabe mucho más que yo, pero creo que hay otro factor ahí: las remesas. Se enviaba un número enorme de personas al Golfo. Ellos tenían un buen sistema educativo, para que pudieran salir y hacer el trabajo técnico para dirigir los estados del Golfo, que, hablando de economías depredadoras, son grotescas. Si uno va a Kuwait, los kuwaitíes no hacen nada. Todo lo hacen los asiáticos del sur, los filipinos y los palestinos, hasta que fueron echados. Y Kerala podía proveer eso y enviar remesas, y no sé la escala, pero era grande. Y de hecho, yo estaba allí alrededor del 2002, supongo, pero es un poco doloroso conducir por la región. Es una tierra muy fecunda, pero si miras los hermosos llanos de arroz–están abandonados. No pueden competir con el arroz de Vietnam. Los bosques de caucho están deteriorándose. Se podría resolver, pero requerirían de inversiones, y hay muy pocas yendo a las zonas rurales.

KB: Aparte de estudios de Utsa Patnaik sobre la disminución de consumo de calorías en la India, hay una gran cantidad de estudios que cuestionan la veracidad de la narrativa de la Encuesta Nacional de India [NSS] y del Banco Mundial que aseguran que ha habido una reducción de pobreza admirable. Uno de los estudios, realizado por la Comisión Nacional para las Empresas en el Sector No Organizado en el 2007, encontró que 836 millones, o 77 por ciento de la población, vivía con menos de 20 rupias al día [50 centavos estadounidenses]. La Iniciativa sobre la Pobreza y el Desarrollo Humano de Oxford, utilizando el índice de pobreza multidimensional, dijo que había 645 millones pobres en la India–el 55 por ciento de su población–más gente que en los 26 más pobres países africanos juntos. El Banco Asiático de Desarrollo calculó la cantidad 622 – 740 millones de personas. Pero hay altas tasas de crecimiento acompañando, de manera conservadora, un estancamiento en las mejoras sociales–efectivamente no hay cambios en la desnutrición infantil, tasas más altas de desnutrición que en África subsahariana–y por otras medidas, una privación agravada.

NC: Se ha producido un estudio interesante que recientemente he leído en The Guardian acerca del Sistema de Distribución Público [PDS] de la India. Quiero decir, hay una verdadera crisis alimentaria en la India y según el artículo, alrededor del 40 por ciento de los alimentos en el sistema PDS se pudre o lo se lo llevan los ricos. Lo que hacen es, si una persona pobre no puede pagar a su usurero, vende su billete PDS y lo toma una persona rica que recibe la comida gratis.

KB: Una pregunta sobre este tema: en la India independiente, 400 millones de personas no pueden darse el lujo de comprar alimentos en el mercado libre y decenas de miles de toneladas de cereales se pudren desde hace años en los almacenes del gobierno. No se procura grano nuevo, lo que perjudica a los agricultores. Manmohan Singh, puso en duda la sabiduría de la decisión de la Corte Suprema en proporcionar comida gratis a los pobres y todavía hay un marasmo en lo que será esta política. Mike Davis, en su libro Late Victorian Holocausts cita a la Comisión Británica de la Hambruna del 1878-1880 que dijo: “La doctrina de que en tiempo de hambruna los pobres tienen derecho a exigir socorro…probablemente resultaría en la doctrina de que tienen derecho a tal socorro en todo momento, y por lo tanto se establecerían la fundación de un sistema benéfico general para los pobres, el cual no podemos contemplar sin temor grave.” ¿Qué ha cambiado desde la época en la que los británicos almacenaban los cereales durante la hambruna en la India?

NC: Este mismo artículo en The Guardian señaló que Jean Drèze y otros están tratando de establecer algún principio de un suministro alimentario universal que eliminaría el sistema PDS y diría simplemente, “Mira, hay una cierta cantidad de alimentos que hay que darle a todo el mundo–que no hayan boletos, ni tiendas, ni nada.” Aparentemente estará llegando a votación pronto. Si algo así se legislara y claro, se implementara–ya que las oportunidades de corrupción son altísimas–se podría distribuir algo de este alimento. Quiero decir, en la India–es simplemente grotesco lo que está pasando. Es muy abrumador. Acabo de estar en China. China tiene un montón de problemas, pero no este tipo, que yo sepa.

KB: Hay una narrativa que el alto crecimiento ha ‘pasado por’ la población en general y debe ser más equitativo e incluyente. Prabhat Patnaik, sin embargo, cree que el crecimiento se basa en la exacerbación del antagonismo de clases y la expropiación de los medios de producción de los pequeños productores y campesinos. Él piensa que la misma índole del crecimiento requiere la exclusión y del sufrimiento. Afirma que es ingenuo hablar más sobre la inclusión, mientras se mantiene y se opera dentro de este esquema. ¿Cómo lo ve?

NC: Supongo que se refiere al modelo específico del crecimiento adoptado en la India, no al crecimiento en general. Si es así, parece que hay evidencia considerable para apoyar la conclusión.

KB: Volviendo al tema de China: la disminución de la pobreza no parece tan controversial como en la India. ¿Hay progreso verdadero y significativo allí?

NC: No estuve en las áreas rurales, así que no pude averiguar. Y vale la pena comentar que es mucho más fácil obtener información acerca de la India, porque la sociedad es mucho más abierta.

KB: Usted ha mencionado los estudios de Hart-Landsberg y Ching Lee Kwan, que destacan la fragilidad del modelo de desarrollo de China, las condiciones horribles para los trabajadores, las protestas laborales, y sentimientos de abandono y de traición. ¿Y con respecto al medio ambiente?

NC: Es bastante horrible, y las catástrofes ambientales son perfectamente reales. Pero por otro lado, yo estaba en Beijing y Xi’an, pero me dieron la vuelta por todo Beijing, porque los lugares donde iba estaban por todas partes. No se ve la pobreza que se ve en todas las ciudades estadounidenses. O la han escondido en algún lugar, o la han arrojado en el campo. Por otro lado, es extremadamente autoritario. Hay mucho optimismo y exuberancia, y la gente está emocionada por ello, y así. Cuando pasamos por un lugar en el centro de la ciudad, le pregunté al conductor –que resultó ser bastante crítico y franco–” ¿dónde vive la gente?” Me explicó que hay empresas que construyen viviendas para que hayan grandes rascacielos para los trabajadores. No sé cómo son por dentro, pero no se ven tan mal desde afuera. Pasamos por algún centro grande de la ciudad, y él nos dijo que todas las personas ahí iban a ser desalojadas y enviadas al campo para que ellos hicieran que el área fuera más orientada a negocios. Así que le dije, “Bueno, ¿qué pasará con la gente en el campo?” Ellos dijeron que estaban construyendo un metro que iba a llegar hasta allá, y le pregunté si realmente lo harían, y me dijo que probablemente sí; suelen hacer estas cosas. Entonces les hice una pregunta, sabiendo que era ridícula, pero yo quería oír lo que dirían: “¿Tiene alguna elección la gente en esto?” Me miraban como si no entendían la pregunta. La suposición tácita parecía ser: “No es asunto de ellos; se les dice que serán mandados al campo.”

Me acordó de un evento en la India, cuando yo estaba allí antes de las llamadas “reformas” en el ’72. Yo era un invitado del gobierno y me llevaban por todos lados. Todos los días que estuvimos en Delhi, íbamos a través de la Plaza Connaught y todos los días estaba completamente llena de gente sin hogar, decenas de miles de personas en tiendas de campaña. Un día en la mañana me dirigí por la plaza y no había nadie allí. Así que pregunté, “¿qué pasó?”, y me dijeron, “la Feria de Asia está llegando y quieren purificar la ciudad, por eso ya no están”. Entonces les dije, “¿Qué pasó con ellos?” Mandaron camiones y los llevaron a alguna parte en el desierto y los botaron allí. Sin metro ni nada.

KB: Hasta en América Latina, he encontrado que cuando un presidente visita una región en particular, convierten las áreas en una especie de aldea Potemkin, limpias de miseria y suciedad.

En los casos esperanzadores que ha mencionado, como en América Latina, ha habido progreso auténtico, como ha señalado. Al mismo tiempo, a veces hay conflictos dramáticos entre los desarrollistas, como el presidente izquierdista Correa, y las comunidades indígenas afectadas por la minería y las represas. Además, Evo Morales, a pesar de ser muy popular, recientemente tuvo que lidiar con una huelga general bien grande en Potosí. ¿Qué opina de esta dinámica? ¿Cuáles son las esperanzas y posibilidades en América Latina con respecto al elevar los niveles de vida, los caminos hacia la industrialización, la consideración para el medio ambiente, el papel de los movimientos sociales, y el evitar la coacción de parte de los estados?

NC: Todo esto es cierto. En Ecuador existe un serio conflicto entre el gobierno de Correa y las comunidades indígenas oponiéndose a proyectos de desarrollo que han estado arruinando sus vidas y sociedades. Los derrames de petróleo en la Amazonia podrían ser peores que el desastre del Golfo de BP. Probablemente esté mejorando bajo Correa, pero todavía hay fuertes objeciones. Morales es de hecho popular, pero hay muchas quejas sobre el autoritarismo y la corrupción. La lucha en contra de los proyectos de desarrollo está pasando en todo el mundo. En la India, como sabes, hay una gran guerra en curso en gran parte por culpa de proyectos de desarrollo en zonas tribales. Yo estaba en el sur de Colombia recientemente visitando aldeas remotas donde campesinos y pueblos indígenas están tratando de luchar contra la minería y la privatización del agua que amenazan sus vidas y recursos. No sé de ninguna respuesta general sencilla a tu pregunta de cómo va a resultar todo eso. Los problemas a menudo no son simples. Hay mucho en juego, no sólo para la gente de estos países. La extracción de recursos afecta a un medio ambiente global que está en una situación de riesgo cada vez más grave.

KB: Ya que menciona los derrames, una estrategia clara para los ciudadanos de EE.UU. en medio de tantas complejidades puede ser la reestructuración de las características institucionales de las corporaciones para evitar el saqueo de recursos y la depredación de los estados más débiles por parte de empresas como BP y Chevron. En Hopes and Prospects usted menciona el intento legal que ocurrió hace 30 años en Youngstown, Ohio, liderado por el abogado radical Staughton Lynd para convencer a los tribunales que las partes interesadas–miembros de la comunidad, los trabajadores, y así sucesivamente–deberían tener la mayor prioridad en la orientación jurídica de las empresas. A pesar de que fracasó, usted escribe que “con suficiente apoyo popular, la iniciativa podría tener éxito.” ¿Podría describirnos un posible escenario en el cual las comunidades podrían recurrir a los tribunales para avanzar una concepción de la corporacion que se alejara de una obligación a los accionistas y se acercara hacia una obligación a las partes interesadas? Teniendo en cuenta la naturaleza generalmente conservadora de los tribunales y resoluciones como la de Citizens United, ¿cómo podrían ser influenciados por la presión popular?

NC: Los tribunales sí están influenciados por la presión popular. Incluso, los nombramientos judiciales son influenciados por ellos. Tomemos como ejemplo los años 60, cuando finalmente se consiguió llegar a resoluciones avanzadas sobre la libertad de expresión, y así sucesivamente. No fue que los miembros de la corte habían cambiado, sino que el clima social y cultural había cambiado y ellos respondieron a tales circunstancias. Nunca he leído la decisión del juez de Youngstown quien decidió en contra de la iniciativa, pero no me sorprendería que si hubiera habido agitación en las calles y la gente del país hubiera hecho llamamientos al apoyo y así, la decisión opuesta se hubiera podido lograr. Además, puedes elegir funcionarios que te darán jueces diferentes. Mucho de esto depende en el apoyo por la causa. Los tribunales, por ejemplo, se esforzaron para bloquear las resoluciones del New Deal, hasta el punto que Roosevelt trató de nombrar muchos de sus partidarios a las cortes, pero la mayoría de las resoluciones finalmente se aprobaron a través de la enorme presión popular.

KB: En lo que respecta al progresismo tras la Gran Depresión, ¿es esto una excepción a la tendencia general de la población de votar por la derecha durante tiempos economicamente difíciles? Los economistas Markus Brückner y Hans Peter Grüner publicaron un documento donde descubrieron esta tendencia histórica en los EE.UU. y en Europa.

NC: No creo que haya tal cosa, creo que varía demasiado. Tomemos, por ejemplo, Alemania y los Estados Unidos en la década de 1930. En parte había circunstancias similares. Alemania se lanzó a la derecha extrema, y los Estados Unidos hacia la socialdemocracia. Había muchas razones diferentes, pero dudo que se pueda generalizar.

KB: Lo pregunto por su relevancia hoy en día. Con estas dificultades económicas actuales, se están viendo manifestaciones feas de nacionalismo y tribalismo en los EE.UU. Se pueden ver que los índices de aprobación pública hacia los sindicatos se encuentran en los niveles más bajos de todos los tiempos. En contraste, el 7 de septiembre hubo una huelga general en Francia en la cual participaron entre 2 millones y 3 millones de personas, con un índice de aprobación popular del 70%, protestando el aumento de la edad de jubilación implementado por el gobierno de Sarkozy.

NC: Ellos protestan por su propio bien. Puede que estén haciendo lo correcto, pero no es en sí una acción progresiva a menos que haya implicaciones a largo plazo para la sociedad en su totalidad.

KB: ¿Y qué tal el caso de Grecia? Ha habido una serie de huelgas generales que han tenido lugar.

NC: Bueno, la gente en Grecia está en huelga contra una represión gubernamental bien dura, pero no es siempre clarísimo para qué están en huelga. Lo que está pasando aquí en los EE.UU es interesante. Es cierto que los sindicatos son odiados, pero eso es el resultado de cincuenta años de propaganda intensa, que se remonta a principios de los 50s. Y de hecho, los trabajadores, en su mayoría, están a favor de los sindicatos. Aún hoy en día. Investigaciones del EPI [Economic Policy Institute (Instituto de Política Económica)] lo muestran. Pero sí, los sindicatos son odiados, pero acuérdate que todo lo demás que es odiado. El congreso es odiado, los banqueros son odiados, los partidos políticos son odiados. La gente odia a todo. Ellos piensan que todo está podrido. Es un poco similar a Alemania en los años 30, donde todas las instituciones se derrumbaban. Y luego viene un líder carismático; entonces bien, lo seguiremos.

KB: Además de todo este odio hacia las instituciones dominantes, existen fuertes sentimientos contra los latinos y musulmanes. Usted también ha mencionado el encarcelamiento masivo de afroamericanos y otras minorías durante el periodo neoliberal. Además, en Hopes and Prospects usted hace referencia al libro de Douglas Blackmon, que revela la poca conocida criminalización de la vida de los afroamericanos en Estados Unidos, comenzando desde el periodo después de la reconstrucción hasta la Segunda Guerra Mundial. Usted concluye que “la vida para la mayoría de los afroestadunidenses apenas ha escapado las cadenas de la esclavitud.” Ante todo esto, ¿está reconsiderando usted su opinión de que Europa es más racista que los EE.UU?

NC: Europa es peor, en mi opinión. Lo que está pasando en Europa es escandaloso. Tomemos como ejemplo la manifestación en Nueva York en contra de la mezquita. Quiero decir, tuvieron que traer a alguien de Holanda. No pudieron encontrar a un parlamentario estadounidense que hablara. Fue Geert Wilders quien vino. Eso no lo prueba, pero … yo estuve en París hace poco, fue bien interesante, grandes multitudes por todas partes y un montón de gente, lo de siempre. Pero la prensa élite como Le Monde se estaba volviendo loca, lo odiaba todo. Pero una de las cosas que particularmente odiaban fue cuando algunos amigos míos que trabajan en las afueras de la ciudad, donde vive mucha gente pobre, arreglaron para que yo pudiera conocer a muchachos adolescentes en Clichy, en las afueras. Eran en su mayoría norafricanos. Al principio no querían que hubiera un encuentro, de manera razonable, porque no les gusta ser los conejillos de Indias para visitantes ricos y blancos. Pero finalmente acordaron que tal vez yo realmente sí estaba interesado en ellos. Así que salí y tuvimos buenas conversaciones. Una de las cosas de las cuales se quejaron fue del desprecio que sentían por parte de la gente en París, que piensan que ellos son delincuentes y matones y no entienden que ellos tienen una cultura vibrante y que creen que sus propias vidas tienen importancia y así. Entonces les dije en un momento dado, “¿Por qué no organizan una exposición cultural y la llevan a París y muestran a la gente lo que hay detrás de sus vidas?” Y lo pensaron, y dijeron que tal vez lo harían. Sin embargo, los periódicos fueron interesantes. Tenían un par de periodistas allí. Al día siguiente la prensa decía algo así como: “Gracias, Sr. Chomsky, por decirles a estos matones y criminales que entren a París para que nos maten y nos roben.” Es como si fueran una caricatura de sí mismos.

La criminalización de la vida de los afroamericanos fue algo que se dio específicamente en los Estados Unidos en el período posterior a la reconstrucción, y hay algo parecido sucediendo hoy con el encarcelamiento de grandes multitudes, en gran medida directamente en contra de hombres negros. Francia no tenía la esclavitud interna, de modo que sí, en ese aspecto es diferente. Pero el racismo en Europa toma la forma de un extremismo anti-inmigrante, que es bastante malo aquí, y creo que es difícil de medir, pero mi suposición es que es probablemente peor allá.

KB: Me gustaría seguir hablando un poco más sobre la opinión pública y cómo evaluarla. Como a manera de continuar el tratamiento de halago hacia personas como Héctor Gramajo, la comunidad diplomática e intelectual le ofrece ahora al ex-presidente colombiano Álvaro Uribe una posición como profesor distinguido en la universidad de Georgetown, y la vicepresidencia en el grupo de investigación de la ONU sobre los ataques israelíes contra la flotilla.

NC: Es repugnante.

KB: Aunque esta respuesta de la élite tiene sentido, Obama afirmó que “Si yo fuera a servir dos términos, estoy bastante seguro de que no contaría con el nivel de aprobación del 70 por ciento que tuvo el presidente Uribe”. De hecho, el Inter Press Service informó que Uribe disfrutó de niveles de aprobación del 75 por ciento cuando dejó su cargo en un país que, después de Sudán, tiene la mayor población de desplazados internos en el mundo. El gobierno ha sido implicado en asesinatos de muchos de sus propios civiles. ¿Hay problemas epistémicos con los datos de las encuestas, y si no, que será que está pasando en la mentalidad colectiva de los colombianos?

NC: Miremos cuidadosamente estas encuestas. Son sondeos telefónicos. Se está excluyendo un gran porcentaje de la población. Hay una enorme población de desplazados internos en los barrios pobres afuera de Bogotá y estoy seguro de que no están siendo encuestados. En aldeas remotas en el sur de Colombia, quiero decir, pueblos de los cuales muchos nunca han conocido ni por nombre, si es que fueron encuestados en absoluto fue bajo la coacción y la intimidación. Esa no es una gran parte de la población. Pero para la gente en Bogotá, Uribe les ha dado las cosas que quieren. Bogotá es más segura, los paramilitares se han asimilado en el gobierno, y ahora tienen un papel importante en su funcionamiento. Hay muchos asesinatos, pero son de líderes sindicales y activistas de derechos humanos y campesinos, no son de la gente de la élite, así que no les molesta. Se puede mencionar que en las mejores estimaciones en 1939, Hitler fue apoyado probablemente por un 90 por ciento de la población. Y puedo entender los motivos.

KB: Hablando un poco de lo mismo, mientras CNN informa que mientras que dos tercios de la población de EE.UU. se oponen a la guerra en Afganistán, una encuesta de ABC publicada el 3 de septiembre con los datos recopilados en mayo indica que el 63 por ciento de afganos creen que su país va en la dirección correcta. ¿Podría analizar estas aparentes contradicciones? ¿Es Afganistán un caso genuino de “vengan a ayudarnos”?

NC: Escribí sobre eso en Hopes and Prospects. Si le ponemos atención a estas encuestas, por un lado, no encuestan mucho en las regiones Pashtun, porque son muy inaccesibles. Ni se puede enviar a los Marines ahí.

KB: En enero, una encuesta de ABC encontró que las opiniones favorables en Afganistán hacia los Estados Unidos cayeron a un 35 por ciento en el este del país y a un 29 por ciento en el sur (comparadas al 59 por ciento en el resto del país), de nuevo, desplomándose en donde los EE.UU. está más activo en combate.

NC: Mira, eso es en alrededor 40 por ciento de la población. Las áreas tribales, los tayikos y hazaras y uzbekos, a menudo se llevan bien con las tropas estadounidenses. Ellos son los que se están beneficiando de las tropas. Por otra parte, si se pone mucha atención, es muy posible que estas encuestas estén diciendo: “Quédense aquí para la reconstrucción.” ¿Estarán diciendo: “Quédense aquí para combatir”, o “Quédense aquí para la reconstrucción”? No hacen esa pregunta. Pero si nos fijamos en las pocas preguntas que sí dan algo de información sobre el tema, hay una posibilidad razonable de que estén diciendo, “Queremos que se queden aquí e inviertan dinero al país.” Deberían ser encuestados adecuadamente. Yo no pasaría por alto las encuestas, pero hay que observar con cuidado lo que están pidiendo.

KB: ¿Por qué la población general confiaría en tropas invasoras extranjeras con tal historial de violencia–ejemplos incluyen bombardeos aéreos y fuerzas secretas de asesinos que presuntamente asesinan a afganos civiles por deporte–para que permanezcan en una capacidad diferente, como administradores de asistencia a la reconstrucción?

NC: Bueno, primero que todo, en las áreas de los tayikos, uzbekos, y hazaras, eso no es muy cierto. La mayoría de esta violencia está pasando en las zonas Pashtun. Y en segundo lugar, si hubiera habido una encuesta en París bajo la ocupación de los nazis, los alemanes hubieran tenido mucho apoyo. Ellos eran los que tenían el dinero, ellos eran los que tenían los recursos, ellos eran los que repartían los empleos. Probablemente había más gente involucrada en la colaboración con los alemanes que aquellos apoyando la resistencia.

KB: ¿Entonces qué implicaciones tiene todo esto para su idea del sentido común Cartesiano de la población en general?

NC: Creo que colaborar es algo sensible. ¿Si tienes tropas de asalto tomando tu área a la fuerza, vas a colaborar o resistir? Hay un buen cálculo en decir que voy a callarme y colaborar. Si los Estados Unidos estuviera ocupado por una fuerza extranjera, aquellos que ondean sus banderas colaborarían. De hecho, esto lo vi de forma muy destacada en mi propia infancia. Me tocó vivir en un barrio en su mayoría católico irlandés y alemán. Ellos estaban muy a favor de los nazis. El 8 de Diciembre de 1941–nunca voy a olvidar esto–las personas que celebraban la caída de París llevaban sombreros de estaño y agitaban banderas y te decían que bajaras las persianas porque iba a haber un apagón. Fue instantáneo.

KB: La guerra en Afganistán cumple casi una década, con una disminución en la cantidad de tropas en Irak y su incremento en Afganistán, un cambio de liderazgo militar y el apoyo de parte de los aliados cada vez más escaso, ¿ha visto algún cambio en las motivaciones y objetivos de los Estados Unidos? Su énfasis en la honestidad de la editorial del Washington Post en el 2008 viene a mente: “la importancia estratégica de Afganistán no se compara a la de Irak, que se encuentra en el centro geopolítico del Medio Oriente y contiene unas de las reservas más grandes del petróleo en el mundo”. El informe defiende la distribución del poder y la reducción de tropas, y también abogan por ponerle fin a las operaciones militares en el sur de Afganistán. ¿Qué esperan los planificadores estatales lograr en la actualidad? del Afghanistan Study Group (Grupo de Trabajo sobre Afganistán)

NC: Me parece que por ahora están intentando encontrar una forma de desvincularse del conflicto de tal manera que ellos puedan declarar victoria, y mantener un estado cliente dentro del poder lo más que sea posible. No es muy diferente a lo que los rusos estaban tratando de hacer a finales de los 80.

KB: Me gustaría concluir la entrevista con Haití, volviendo al tema que usted mencionó la ultima vez que hablamos sobre las lecciones que el movimiento Lavalas de Haití brinda para los progresistas en EE.UU. Usted dijo: “Llama mucho la atención que nosotros y otros países occidentales no podemos alcanzar, ni siquiera acercarnos, no podemos ni soñar con el nivel de democracia que tenían en Haití. Eso es bastante chocante. Aquí está uno de los países más pobres del mundo. La población que se organizó para ganar esa elección se encuentra entre las más reprimidas y empobrecidas del mundo, y logró organizarse lo suficiente para entrar en el ámbito electoral sin recursos algunos y elegir a su propio candidato. Del mismo modo, usted alaba a Bolivia y se preguntó: “¿Es creíble que no podemos hacer lo mismo? … Podemos aprender mucho de ellos. Cualquier cosa que han hecho lo podríamos hacer mil veces más fácil.”

He estado pensando en las condiciones que existen en los Estados Unidos, las cuales usted llama “el sueño de un organizador”, y me gustaría compartir algunas reflexiones tentativas acerca de por qué esto no es así. 1. Los pobres en EE.UU. tienen mucho más que perder, materialmente, que sus homólogos en Bolivia y Haití, y esto puede ser un fuerte inhibidor en contra de un compromiso activo y desafiante. 2. De manera perversa, recibir disparos por el FRAPH [grupo paramilitar haitiano] o por las fuerzas de seguridad de Goni puede traer más claridad a que la causa sea justa, mientras que los mecanismos más sutiles en EE.UU. que esconden las intenciones de las personas–por ejemplo, la exclusión social, no ser considerado para una promoción, etc.–tienden a ser eficaces en disuadir y atomizar 3. La suburbanización de los EE.UU. ha socavado una vida colectiva de la cual los haitianos y bolivianos disfrutan. 4. Se ha mostrado que la industrialización estadounidense redujo la participación política. También se requirió una demanda interna, y por eso apareció un aparato de relaciones públicas con gran influencia para vender ‘deseos confeccionados’ y atomizar a la población. Sospecho que la población de Bolivia o Haití no ha sido profundamente propagandizada o adoctrinada en creer que ellos no pueden controlar sus propios asuntos. ¿Qué piensa al respecto?

NC: Parece que no estamos coincidiendo en el mismo tema. Lo que dices es cierto: no lo estamos haciendo. Como no estamos haciendo lo que han estado haciendo en Puerto Príncipe o Cochabamba, tiene que haber una razón. Tal vez las razones que diste, tal vez otras. Pero lo que yo decía es algo diferente. Tenemos la oportunidad y el privilegio de hacer tales cosas, y no las estamos haciendo. Entonces deberíamos preguntarnos a nosotros mismos el por qué, ya que podemos. No nos vamos a enfrentar a las fuerzas del FRAPH y de Goni. Y no es obvio que los pobres vayan a perder, pueden ganar. Si ocurre una lucha sindical, por ejemplo, la gente en la lucha sindical puede perder, pero lo está haciendo porque se motivan por nociones de solidaridad con los demás y una inquietud por el futuro. Entonces si la clases de ideas y de compromiso, entre otras cosas, se desarrollaran al nivel que nos permitieran utilizar las oportunidades que de hecho tenemos, que van mucho más allá de las que tienen ellos, podríamos lograr mucho.

- Entrevista publicada en Amauta en colaboración con revista ¡Reclama!

Traducción: Keane Bhatt y Eric French Monge

Fuente: http://revista-amauta.org/2010/11/chomsky-podriamos-lograr-mucho/

AJAAA!! SEÑOR RECTOR: “Y LA UNIVERSIDAD SE NIEGA A MORIR”

2010-03-15T03:37:00.000-07:00

Cada día que pasa el Sr. Rector nos demuestra su ingenio, su memoria histórica, su forma de resolver un conflicto, su intransigencia y no lo decimos nosotros son sus declaraciones, por ejemplo: LA UES SE VA AL “EXILIO” dice el rector (Diario Colatino , sábado 13/03/2010) haciendo una analogía de la intervención militar de 1980 y que duro hasta 1984, comparación absurda pero maliciosa y malintencionada; en una entrevista de un telenoticiario argumenta:”si en el 2006 ( sucesos de julio, Belloso) intervinieron la Universidad por que hoy no hacen lo mismo”.

Reflexionando estas declaraciones ¿como es posible que el Rector de la máxima casa de estudios utilice estos artilugios para confundir la opinión publica? Es evidente que se trata de una tomadura de pelo de lo mas burdo, los sucesos de la toma de los 80s y los del 2006 tienen contextos y motivaciones radicalmente diferentes, solo falta que el señor Rufino Quezada diga : “ y la Universidad se niega a morir” frase que acuño el Ing Félix Ulloa padre, rector asesinado en 1980 .

SU INDISPOSICION AL DIALOGO HA QUEDADO DEMOSTRADA

Desde el primer día de la toma, por ordenes del conservador Consejo Superior Universitario, se fue a Fiscalía General de la Republica a interponer una denuncia, el Procurador de los Derechos Humanos lo manifiesta: “aunque esta última(se refiere a la Comitiva del Consejo Superior) se manejó al final “un tanto intransigente”, dijo. Casi tan poco conciliador, según él, como el mismo rector del alma máter, Rufino Quezada, quien ayer mencionó que de continuar la toma exiliaría a la universidad de más de 50,000 alumnos, algo que, a criterio del procurador, ofrecería alguien que ya no quiere resolver el problema por otra vía.”(La Prensa Grafica pagina 12, 14/03/2010.)

DIALOGO CON HONESTIDAD Y BUENA VOLUNTAD.

Nuestra Asociación de Estudiantes pide a las partes pero sobre todo al Rector y a las autoridades:

Un dialogo honesto, sincero y no como forma de ganar tiempo, esas tácticas dilatorias no deben usarse mas aun si vienen de personas que ocupan cargos de dirección y representación universitaria ¡¡hay que ser cabelleros!! y no marrulleros de la esquina del barrio.
Entendemos que el cierre afecta a más de 35,000 estudiantes del campus central, no es la vía de resolver esta problemática, el llamado es a conciliar el derecho que tienen ambas partes.
NO ESTAMOS NI ESTAREMOS DE ACUERDO CON EL USO DE LA VIOLENCIA PARA DESALOJAR EL CAMPUS, LOS VERDADEROS UNIVERSITARIOS DEBEMOS DE RENEGAR ESAS SOLUCIONES TIPICAS DE LOS AÑOS 70S Y 80S, Y ACTUALMENTE REINVINDICADA POR LAS DERECHAS IDEOLOGICAS.
Nos unimos a la propuesta de UN FORO UNIVERSITARIO, hecha por los compañeros de la organización estudiantil Fraternidad Universitaria (FEURS-27) donde participen todos los sectores de la UES y se aborden este tema y ¿que es la Universidad Pública?

“Creo que es necesario establecer diálogo con los jóvenes y convencerlos de que lo que se está haciendo no es lo más adecuado” Maria Isabel Rodríguez ex rectora UES 1999-2003 y 2003-2007. Actual Ministra de Salud (cita tomada de: http://www.lapagina.com.sv/nacionales/28827/2010/03/14/Ex-rectora-Maria-Isabel-Rodriguez

Comunicado de la AGEFMO/UES

2010-03-09T01:59:00.000-08:00

LOS ESTUDIANTES ORGANIZADOS EN LA ASOCIACION GENERAL DE ESTUDIANTES AGEFMO/UES, JUVENTUD SOCIALISTA Y UNIDAD estudiantil manifestamos nuestra profunda preocupación ante:

El inadecuado manejo institucional hecho por parte de las autoridades centrales con el proceso de nuevo ingreso año 2010.

Más preocupante es que el Consejo Superior con 24 votos a favor optó por una salida más al estilo del arenero René Figueroa y es ir a Fiscalia General de la República, si ya de por sí el problema es grave , el hecho de la denuncia a una instancia del Estado (cuya tendencia ideológica es a la derecha) sólo persigue la intervención policial, lo que agravará más el problema y lo más contradictorio es que de las entrañas de la Universidad se pide la violación de la AUTONOMIA UNIVERSITARI , acción que muestra la incapacidad para el manejo de un problema interno.

Lo anterior va en dirección a CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL ORGANIZADA, política adoptada luego de los atentados del 2001 en USA y retomada por los gobiernos areneros de Flores y Saca, aprobando la Ley Antiterrorista.

POR LO ANTERIOR:

I. EXIGIMOS EL CESE A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA ESTUDIANTIL Y SOCIAL EN GENERAL.

II. INSTAMOS AL SEÑOR RECTOR Y AL CONSEJO SUPERIOR QUE BUSQUEN SOLUCIONES ACORDE A SUS FUNCIONES Y NO BUSCANDO LOS MEDIOS PUNITIVOS Y REPRESIVOS POR LO TANTO DEBEN DE RETIRAR LAS DEMANDAS INTERPUESTAS EN FISCALIA.

III. RESPALDAMOS LA AMPLIACION SOLICITADO POR LOS ASPIRANTES NO ADMITIDOS, SI EL AÑO PASADO FUERON ADMITIDOS MAS DE 12,000 ASPIRANTES, LOS 538 CUPOS JUNTO LOS 11,053 NO LLEGAN A LOS 12,000 DEL AÑO ANTERIOR.(BOLETIN ADACAD/UES 2009.

IV. HACEMOS UN LLAMADO AL SENTIMIENTO SOLIDARIO ESTUDIANTIL y DEMAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL A ESTA JUSTA LUCHA.

¡APOYO TOTAL A LA LUCHA DE NUEVO INGRESO, EXIGIMOS LA AMPLIACION!

¡MAYOR PRESUPUESTO PARA LA EDUCACION PÚBLICA, NO AL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA!

¡NO A LA CRIMINALIZACION DE LA LUCHA SOCIAL, POR LA DEROGACION DE LA LEY ANTITERRORISTA!

Declaración de la Fundación Metáfora

2010-03-08T10:56:00.000-08:00

LA FUNDACIÓN METÁFORA

Organización sin fines de lucro que busca acercar el disfrute, la reflexión y el cultivo de la poesía, el arte y la cultura a la población salvadoreña, y comprometida con su difusión y desarrollo como un derecho inalienable,

Ante la opinión pública manifiesta:

- Que rechaza la destitución injustificada de la Secretaria de Cultura, Dra. Breni Cuenca, que deja truncado el proyecto de Desarrollo Cultural iniciado en su gestión y que contaba con los aportes de numerosos sectores de trabajadoras y trabajadores de la cultura después de un largo proceso de consulta en la Mesa respectiva del Diálogo Social Abierto.

- Que a casi un mes de dicha acción, no se ha nombrado a ninguna persona para el cargo al frente de esta Institución, por lo que preocupa el evidente desinterés mostrado por la Presidencia de la República en este tema; tanto como en su momento lo dejó entrever el tardío nombramiento de la Dra. Cuenca, así como también teme por el estado de todos los proyectos, gestiones y acuerdos, iniciados durante su gestión con instituciones nacionales y extranjeras.

- Que repudia la obstrucción y censura de que han sido objeto trabajadores de la cultura en su quehacer de información y análisis hacia la sociedad, reflejado en bochornosos casos como el del Suplemento Cultural Tres Mil (Diario CoLatino), el programa televisivo Debate Cultural (Canal 10) y el programa radial Semáforo en Azul (Radio Nacional), cuyos realizadores, fieles a su compromiso con la libertad y la verdad, se vieron forzados a dejar estos espacios.

- Que denuncia la campaña de desprestigio iniciada contra algunos de nuestros miembros y contra otros representantes del gremio artístico y cultural, que han manifestado posturas críticas ante la destrucción del proyecto cultural de Nación que se estaba gestando y ante el riesgo de hacer uso de la cultura para fines personales, partidarios y/o propagandísticos.

- Que comparte el malestar generalizado entre las trabajadoras y los trabajadores del arte y la cultura, así como su desconfianza en las acciones a realizar por el Ejecutivo en cuanto al quehacer cultural, conscientes que éste no debe privilegiar a pequeños y perversos sectores de poder político y económico, sino responder a un proyecto emancipador en favor de los sectores populares.

Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura, y al pueblo en general, a pronunciarse:

1) Contra la tradición autoritaria que ha imperado en la historia nacional, y que evidentemente se mantiene, por sobre el afán democratizador que exigen los nuevos tiempos.

2) Por la creación inmediata del Ministerio de Arte y Cultura, que se garantice su independencia financiera, administrativa y programática ya que esta entidad es estratégica en el proceso de construcción de una sociedad democrática.

3) Por verdaderos mecanismos de diálogo y participación de los diversos sectores de la sociedad civil ante el gobierno, especialmente los sectores tradicionalmente excluidos, sin prestarse a estrategias propagandísticas, de desgaste, pasividad e inacción social.

4) A favor de un proyecto cultural liberador que se expresa en la identidad de los pueblos como protagonistas de cambios estructurales, basados en su dignidad y autodeterminación, en contraposición a una tradicional visión de instrumentalización de la cultura.

5) Por su derecho a la libertad de expresión y a ejercer organizadamente contraloría ciudadana sobre la actuación de los funcionarios e instituciones del Estado, exigiendo transparencia y resultados reales en función de sus legítimos intereses.

San Salvador, marzo 8 de 2010.

Respuesta de la Dirección de Canal 10

2010-03-03T15:25:00.000-08:00

Aclaración necesaria:

Ante los recientes señalamientos de supuestas censuras y mordazas en los contenidos de la programación de Canal 10, la Dirección de Televisión Nacional de El Salvador se ve en la necesidad de hacer la siguiente aclaración:

1- Con base a las convicciones democráticas que caracterizan al Gobierno del Cambio y al equipo de dirección de Televisión Nacional de El Salvador, desmentimos tajantemente que se haya impuesto censura o mordaza al programa Debate Cultural, por razones ideológicas o por sus contenidos críticos.

2- Que lamenta las aseveraciones irresponsables y calumniosas del conductor del programa Debate Cultural, quien escudándose en una supuesta censura de dicho espacio, ha pretendido sorprender a la opinión pública sobre las motivaciones que llevaron a no transmitir dicho programa el día y hora señalada de la semana anterior.

3- Que como profesionales de la Comunicación y de amplia trayectoria, siempre hemos mantenido una postura de rechazo contra cualquier acción u omisión que atente contra la Libertad de Expresión y el derecho de la población salvadoreña a estar pronta y debidamente informada.

4- Que los espacios de los medios de comunicación del Estado, como es el caso de Canal 10 de Televisión, están abiertos a todos los sectores de la sociedad salvadoreña, sin distingos de ninguna clase, tomando en cuenta siempre pautas éticas y la responsabilidad que requieren los espacios de opinión pública.

5- Que desde la asunción del actual gobierno, La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia inició un proceso de fortalecimiento tanto de la Radio Nacional como del Canal 10 de Televisión, para transformarlos en medios con presencia nacional y una programación de calidad y de servicio público.

6- Que con base en esos lineamientos, se han comenzado a realizar los primeros cambios de la programación en Canal 10 para mejorar la calidad de la producción de los distintos espacios, entre ellos Debate Cultural, pero lamentablemente se encontró resistencia por parte del conductor. El propósito es hacer de dicho programa un espacio más dinámico y de amplia participación de los televidentes, para lo cual se proyecta transmitirlo en vivo y con teléfono abierto, entre otros cambios.

7- Prueba de esta apertura, en los últimos seis meses, representantes de distintos sectores sociales históricamente marginados en otros medios han participado en diversos espacios. Entre éstos, sindicatos, organizaciones de mujeres y estudiantiles, indígenas, defensores de los derechos humanos, cooperativistas, artesanos, ambientalistas, artistas y campesinos. Como ejemplo se ha entrevistado a la doctora Aleida Guevara, hija del comandante Ernesto “Che” Guevara. El canal 10 no impone restricciones a quienes en algunas ocasiones han sido críticos del gobierno, sin censura alguna, como una muestra de la tolerancia que ha caracterizado a las actuales autoridades del canal.

8- Al hacer esta aclaración, la Dirección de Canal 10 de Televisión, aprovecha la ocasión para reiterar su compromiso de hacer de éste, un medio de comunicación cada vez más importante y capaz, para contribuir de manera efectiva en la construcción de ciudadanía, el rescate de la memoria histórica, la identidad nacional y promueva la cultura de paz, tan necesaria para nuestra incipiente democracia.

San Salvador, 3 de marzo de 2010

CENSURAN DEBATE CULTURAL DE CANAL 10

2010-03-01T08:43:00.000-08:00

CARTA ABIERTA A LOS TELEVIDENTES

Y AL PUEBLO SALVADOREÑO

“Sí, las repúblicas de hoy, son simplemente caricaturas, simulacros. El pueblo, el trabajador, vive en ellas tan infeliz y despreciado como en las monarquías más orgullosas; sólo que se le miente más, pues se le hace creer constantemente que tiene más derechos que antes, cuando en realidad no los tiene”.

ALBERTO MASFERRER

EL CONTEXTO

Vivimos tiempos oscuros para la cultura en El Salvador.

Creíamos que los últimos veinte años de abandono, corrupción e indiferencia hacia la cultura y hacia todos los ámbitos nacionales habían sido suficientes, y que una prometedora alternativa se anunciaba en el horizonte. Consecuentes con este ideario, acompañamos el titánico esfuerzo popular que derrotó a ARENA, y que pensábamos, abriría nuevas y esperanzadoras posibilidades.

Sin embargo, han bastado pocos meses para que de la prudente espera, pasáramos a la duda razonable, y de ésta al progresivo desencanto: ¡Esto no es por lo que se votó!

Los dados están cargados sobre el tablero del país, a favor de los de siempre.

El Ejecutivo –de gran peso en un país presidencialista como el nuestro- se ha alzado peligrosamente más allá de los límites de la sensatez y de la inteligencia política, frente al partido que lo llevó al poder, y todavía peor, frente a los intereses populares, que son en definitiva, los más importantes.

El desastroso manejo del área cultural, desde el Ejecutivo, no puede ser peor, y sólo revela lo que una buena parte del sector político del país padece: un total y absoluto desconocimiento de la naturaleza, alcances y dimensiones de la cultura dentro de un Estado moderno que busca el pleno desarrollo de sus ciudadanos y ciudadanas.

La suspensión de espacios radiales dedicados a la cultura, la destitución de funcionarios y funcionarias, del área cultural, sin mayores explicaciones, dentro de un clima dominado por la falta de diálogo, consenso e inclusión, sólo atestigua de manera inequívoca, el carácter autócrata del Ejecutivo, principalmente del Presidente de la República, y de los círculos de intereses antipopulares que lo rodean, asesoran y determinan.

Por ello, no nos extraña la política violatoria a la libertad de expresión (garantizada en nuestra Constitución Política) que esta administración está ejerciendo en contra de los escritores, artistas, periodistas e intelectuales, en contubernio con las líneas de censura editorial prevalecientes, en algunos medios de comunicación, como Diario Co-Latino, concretamente en el caso de la censura y boicot al Suplemento Cultural Tres Mil, bajo la pasada coordinación del poeta Otoniel Guevara y de su equipo de editores y colaboradores. De esta manera se pretende hacer callar por la vía de la fuerza bruta, la conciencia individual y social que los intelectuales proyectamos, mediante el derecho a ejercer la crítica libremente, sin más barrera que la dictada por la responsabilidad y el respeto hacia los otros y otras.

Siempre es la cultura y el periodismo (bajo las dictaduras del signo que sean) las primeras en pretender ser alineadas o sometidas al poder. Y en esto, la historia del finalizado siglo XX es elocuente tanto nacional como universalmente.

¿Por qué un ente como la Secretaría de Cultura tiene que ser controlada por la Presidencia de la República? ¿Acaso la cultura no guarda un vínculo más natural con la Educación o con ella misma a nivel ministerial o de autónoma, y no con las políticas coyunturales de los gobiernos de turno? ¿Por qué Televisión Cultural y Educativa, Canal 10, un proyecto que se debe al pueblo, como un servicio libre de condicionamientos político-ideológicos, se ha convertido en una Televisora Nacional-Oficialista? ¿Por qué noticiarios otrora únicos en su género, como Panorama Cultural, ahora se han politizado, relegando la cultura y convirtiéndose en agentes de información oficialista? ¿Por qué se toman decisiones totalmente inconsultas, arbitrarias y de supeditación política a los dictámenes arbitrarios de Casa Presidencial, que afectan el buen desarrollo del Canal, de espaldas a sus trabajadores y trabajadoras, irrespetándolos y maltratándolos? ¿A qué intereses obedece la maniática obsesión de las autoridades de Canal 10, por controlar y dirigir todos los espacios de la producción nacional en cuanto contenidos, invitados y abordajes? ¿Qué alimenta su miedo desbordado?

LOS HECHOS

El pasado miércoles 24 de febrero, recibí una llamada telefónica del actual Jefe de Producción de Canal 10, David Méndez, informándome de la decisión de reducir un programa a grabarse el día jueves 25 del corriente, de 57 minutos (tiempo real de “Debate Cultural”) a 15 minutos.

El programa tenía como tema la presentación de los libros: “Reflexiones de Fidel Castro” y “Fidel Castro, antología mínima”, publicados por Ocean-Sur y editados por el doctor Javier Salado Villacín, cubano, filósofo, periodista y editor, de visita en nuestro país, miembro del equipo editorial de Ocean Sur e invitado por el Centro Cultural “Nuestra América”.

Desde mi llegada a Canal 10 (12 de diciembre de 2003) jamás un gobierno de ARENA, se atrevió a censurar ninguna transmisión de “Debate Cultural”, a pesar del tono cada vez más crítico, que el espacio adoptó, sobre todo en los últimos tres años de la administración Saca.

A diferencia de otros espacios complacientes con la administración arenera, que fueron suprimidos por justificadas razones administrativas: “Universo Crítico” y “Platicarte”, este último conducido por un ex director nacional de la antigua CONCULTURA, “Debate Cultural” continuó al aire, pese a divergir en sus enfoques y contenidos, con la política oficial de derecha.

Al solicitar una explicación lógica al Jefe de Producción, se me dijo que el invitado “no era salvadoreño”, a lo cual repliqué que durante los seis años y dos meses de mi desempeño como productor real y conductor del programa, nunca hemos reparado en las nacionalidades de los invitados, en el sentido que éstas sean un obstáculo; todo lo contrario, el programa pretendía ser lo más incluyente y diverso posible.

Pregunté si las razones verdaderas eran de carácter político o ideológico, a lo que se me respondió: “No, yo no tengo nada contra los cubanos”. Insistí que la simpatía o antipatía del funcionario era un asunto subjetivo, y de ninguna manera debía prevalecer como un criterio institucional para validar o invalidar la duración o pertinencia de un programa.

Comuniqué mi determinación para tratar el asunto al día siguiente. Me presenté a Canal 10, el día jueves 25 de febrero en el horario de costumbre, para grabar dos programas, que de acuerdo a mi realizador y al equipo técnico de televisión, habían sido aprobados convenientemente (la Jefatura de Producción había firmado –finalmente- la autorización para realizar los programas).

Debo añadir que las autoridades del Canal estaban sabedoras de los temas e invitados de los futuros programas, ya que mi realizador les había informado con antelación. Teníamos pregrabado un programa con el escritor Rolando Costa (sobre su libro Helechos) y la planificación de dos programas más, uno dedicado al Padre Rutilio Grande en un aniversario más de su martirio, y otro en memoria de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, con quien teníamos ya invitados asegurados, entre quienes se encontraban, los compañeros del Equipo Maíz, de quienes íbamos a mostrar su última producción videográfica dedicada a Monseñor.

El primer programa a realizarse ese jueves 25 de febrero, tenía como tema: “Análisis de las políticas culturales del Estado Salvadoreño”, dividido en dos bloques. En el primero se contó con la participación del poeta Otoniel Guevara y del periodista Néstor Martínez; en el segundo, intervinieron el sociólogo Luis González y el artista plástico Isaías Mata.

La invitación a este programa fue amplia y democrática. Sin embargo, los únicos en aceptar fueron los compañeros antes mencionados, que ofrecieron interesantes y distintos puntos de vista.

El segundo programa fue en efecto, una grata entrevista, únicamente, con el doctor Javier Salado Villacín, quien llegó acompañado de representantes de Ocean Sur y del Centro Cultural Nuestra América.

Sin embargo, el director de Canal 10, Alberto Barrera, y el Jefe de Producción, objetaron esa misma tarde, al técnico-realizador, las grabaciones, aduciendo en el caso de la entrevista con el doctor Salado, su no autorización; pese a esto, no las impidieron.

¿Cómo pudimos haber grabado sin autorización expresa, de la cual existe (¿o existió?) una documento firmado? ¿Por qué no se impidió –definitivamente- antes o durante la grabación el programa mismo?

Tal parece que a los censores los dominaba el mórbido deseo de confirmar sus propios prejuicios y fantasmas. Este era un caso, cuya sentencia estaba ya previamente dictada.

Debo decir – en honor a la verdad- que “Debate Cultural”, fue siempre un espacio plural, amplio y democrático, donde desfilaron distintas instituciones, figuras y exponentes de la cultura nacional, regional y universal.

Durante las administraciones areneras el programa se distinguió por mantener una línea cultural y periodística, que privilegió e intentó reivindicar la memoria histórica, los derechos humanos, los sectores excluidos, la cultura popular, el fenómeno migratorio, el enfoque antropológico, y desde luego, la amplia gama de las artes.

Antes que estos temas se “oficializaran” e ideologizaran, como ha ocurrido ahora (para el caso la manipulación política que el Mandatario realiza de la figura de Monseñor Romero, pretendiéndola reducir a un estribillo de la deslucida retórica presidencial), ya el programa había abierto una urgente ventana, que oxigenaba la atosigante programación oficial y privada.

Durante la grabación de ambos programas las autoridades del Canal, intervinieron en cabina, solicitándoles a los técnicos la entrega del original y copia de ambos programas, una vez éstos se hubieran realizado.

El ambiente de grabación fue desagradable. Desagradable e insultante para los invitados, desagradable para un servidor, no acostumbrado al espionaje y a la torpe intromisión de las autoridades (en esto, perdónenme estimados y estimadas lectoras, y con las distancias del caso, los areneros y sobre todo, las dictaduras militares fueron en ocasiones más elegantes y sutiles, que estos pseudo periodistas serviles, sacados de la mediocridad profesional y de la manga presidencial del ex periodista censurado, y convertidos por arte de la magia del poder, en inexpertos, ineptos e improvisados funcionarios; ¡como se reiría el doctor Waldo Chávez Velasco del modus operandi de estos rezagados polizontes de la guerra fría!

Posterior a la grabación me reuní durante dos horas con los sujetos aludidos. Fue una reunión nada concluyente, por parte de ellos, en su sentido literal y viril. Las observaciones y preguntas de fondo no se respondieron en el lenguaje civilizado, al contrario, prevaleció el discurso autoritario, se impuso la mentira disfrazada de esa ambigüedad evidente que “dice sin decir”, tan propia de los pícaros y deshonestos.

Terminaron –en coro- diciéndome que ambos programas iban a ser “revisados”, que no se podía permitir el “libertinaje” sino la “libertad con responsabilidad” (sonaban igual que los ex directores de los tristemente célebres cuerpos de seguridad, abolidos por los acuerdos políticos, con la diferencia que esos torturadores sí veían a los ojos), y que los programas no eran propiedad de “nadie” ( por los vientos que soplan en Canal 10, parece que sí tienen dueño y caporales) y que íbamos a seguir “platicando” (como en un cuento de T.P. Mechín).

A estas alturas del partido, necesitaría muchas vidas más para ser ingenuo. Quedó muy claro, que la palabra “debate” no estaba en ningún diccionario de los reales “dueños” de Canal 10, ni en el catecismo que recitan sus caporales de coyuntura (4 años, 3 meses, con suerte). Quedó muy claro, que el más mínimo ejercicio de la crítica inteligente y de la libertad temática y de enfoque, quedaba prohibida. Entonces, ¿cómo puede haber cultura sin debate? ¿O qué debate querían? ¿El de su misma sopa?

El día viernes 29 en el horario normal de transmisión de “Debate Cultural” se proyectó un resumen de la reciente visita del presidente brasileño. El sábado 30, en el horario de retransmisión del programa, se repitió el mismo contenido, y luego se proyectó el programa pregrabado realizado con el brillante poeta Rolando Costa, que sería transmitido dentro de unas semanas. Esa fue mi última sugerencia a los técnicos, ante la certeza que ambos programas serían censurados, como efectivamente ocurrió.

Vale, entonces, hacernos algunas preguntas más: ¿Por qué secuestraron los programas con tanto celo, en un caso verdaderamente extraordinario? ¿Por qué bastaron sólo algunos minutos de inquisición, en el caso del programa sobre políticas culturales, para echarlo con desprecio y prepotencia a la caja negra de la Dirección? ¿Por qué bastó que fuera cubano el invitado para ser juzgado y condenado, sin ni siquiera percatarse del contenido del programa?

¡Reto a las autoridades de Canal 10 a que transmitan los programas íntegramente, tal y como fueron grabados, ofreciendo una explicación exhaustiva de sus motivaciones, y disculpándose con los invitados y con el público televidente, por este acto de barbarie prehistórica, donde se irrespetó , ninguneó y abochornó a un intelectual cubano ( y por consiguiente a una nación con la cual el Estado salvadoreño ha restablecido relaciones diplomáticas) y a cuatro distinguidos periodistas, intelectuales y artistas salvadoreños!

En esto, no está en juego ni la reputación, ni la trayectoria, menos la emotividad de un servidor, esto sería absurdo e infantil. En esto, está en juego, un gravísimo precedente en contra de la intelectualidad y de la libertad de expresión, consagrada por nuestras leyes, y rubricada con la sangre de todos nuestros mártires y caídos en las luchas democráticas y revolucionarias.

No encuentro más respuesta de este proceder que la de siempre: la lógica nefasta del poder, que insiste en un El Salvador acartonado, desigual e injusto, de “chongas” y “caricatura” en el decir de nuestros clásicos escritores: Salarrué y Masferrer; y no en Cuscatlán, la tierra de los hombres y mujeres del barro fecundo.

Coherente con todo esto, y fiel a los principios que aprendí en el hogar, por ejemplo vívido de mis padres, hermanos, tíos y abuelos (demócratas, librepensadores y dignos revolucionarios), y responsable en honor ante mis hijos, me retiro de Canal 10 y de Debate Cultural, pero no renunció al periodismo cultural ni a mi oficio de escritor de vocación democrática y revolucionaria. Si no existen las condiciones mínimas de trabajo y de respeto en mis quehaceres televisivos, no tiene objeto continuar estos esfuerzos, que son abortados por la ignorancia y por la voluntad del ciego poder. Como decía don Alberto Masferrer: “ASÍ NO SE PUEDE”.

Quiero agradecer a todos los hombres y mujeres que formaron el equipo técnico que hizo posible la transmisión durante 6 años, 2 meses de “Debate Cultural”. A todos mis compañeros y compañeras que creen en un Canal al servicio del pueblo y no en el proyecto oficialista al frente del cual se encuentran las fugaces marionetas y sus aliados periodísticos, que el tiempo se encargará de situar convenientemente.

Deseo expresar mi más profunda gratitud a los cientos y miles de salvadoreños y salvadoreñas hasta quienes llegamos semana a semana, con el pan y la tortilla de la cultura, verdadera masa nutricia de mejores porvenires.

Agradezco nuevamente a todas las instituciones nacionales e internacionales, sectores y personas individuales que como invitados e invitadas, hicieron posible este esfuerzo.

Lamento y condeno la naturaleza y los medios que está utilizando el poder (verdadero agente causante de este desastre) en su afán de silenciar los espacios y las voces críticas.

Cuando el periodismo pacta con el poder antipopular se enajena y corrompe. Cuanta razón tenía Neruda al decir en su libro “Viajes”: “Cuando la tierra florece, el pueblo respira la libertad, los poetas cantan y muestran el camino. Cuando la tiranía oscurece la tierra y castiga las espaldas del pueblo antes que nada se busca la voz más alta, y cae la cabeza de un poeta al fondo del pozo de la historia. La tiranía corta la cabeza que canta, pero la voz en el fondo del pozo vuelve a los manantiales secretos de la tierra y desde la oscuridad sube por la boca del pueblo”.

Estimados amigos y amigas: la cultura vive en el pueblo, gestor y destinatario último de todo lo bello. Otra vez: ¡Hasta pronto!

ÁLVARO DARÍO LARA

28 de febrero de 2010

Entrevista con Juan Pablo de Laiglesia

2010-02-24T07:50:00.000-08:00

También desde El Salvador, Carlos Abrego plantea una serie de cuestiones sobre el tratado de asociación entre la UE y Centroamérica:

En estos momentos se discute entre la Comunidad Europea y Centroamérica un Tratado de Asociación. Este tratado aunque existe la exigencia de mejoras políticas y sindicales en los países de la Región, los negociadores parecen ignorar la persecución de sindicalistas y encarcelamiento en Panamá y Guatemala, el rechazo de los tratados de la OIT por El Salvador y por último el golpe de estado en Honduras y ahora el reconocimiento del gobierno salido de las elecciones bajo un régimen anti-contitucional.

Igualmente nos traslada la percepción de una asimetría de los objetivos

Este Tratado de Asociación entre Europa y Centroamérica si en las declaraciones de principio son de mutuo beneficio, en realidad recogen principalmente los intereses de las sociedades europeas, se trata más bien de un tratado de libre comercio que calca el que los Estados Unidos han impuesto a cada uno de los países de la Región. ¿Qué medidas puede tomar España para corregir esta situación?

Y finalmente una clara falta de transparencia en el proceso de consecución de los acuerdos

Este Tratado de Asociación además presenta otro problema, su opacidad. En ningún país ha sido publicado y todas las negociaciones son secretas. ¿No le parece, señor Secretario, que esta situación es contraria a las exigencias democráticas y de transparencia?

Sr. de Laiglesia: Manifiesto mi respeto por estas opiniones pero no las comparto. Hay una percepción equivocada en primer lugar de la capacidad de España o de ciertas figuras españolas para imponer nada y por otro de la soberanía de los estados latinoamericanos.

Aparecía el tema de los bicentenarios. Nuestra política se basa en tres principios.

1. Reconocer el liderazgo en esta conmemoración de los países que lo hacen.
2. Por consiguiente no tomamos una actitud proactiva sino de mero acompañamiento. Estaremos en ellas en la medida en que los países que conmemoran nos pidan que participemos en las actividades que ellos hagan y diseñen.
3. Lo que nos gustaría es que esta efemérides sirva para que a partir del análisis del pasado se impulse el futuro. Que sea un estímulo para conseguir un futuro mejor.

En relación con el acuerdo con Centroamerica. Recordemos el origen de esta convesación política: en los años 80 la búsqueda de una solución negociada al conflicto centroamericano. Aquel diálogo de San José acaba en la negociación de un acuerdo de asociación, que es muy distinto del ALC que firmaron con EEUU.

Tiene tres patas:
1. Diálogo político institucional al maximo nivel
2. Cooperación al desarrollo, científica y técnica, políticas públicas
3. Comercial

Es muy distinto de la concepción habitual de los tratados de libre comercio. Sobre la opacidad: las negociaciones comerciales tienen una reserva que les es propia en un proceso así. Pero una vez se llega a un acuerdo los gobiernos tienen que someterlo a sus ciudadanos y llevarlos a los acuerdos

Declaración de El Cairo

2010-01-03T06:18:00.000-08:00

DECLARACIÓN DE EL CAIRO

1 de enero de 2010

Nosotros, delegados internacionales reunidos en El Cairo durante la Marcha por la Libertad de Gaza, de 2009, en respuesta colectiva a una iniciativa de la delegación de África del Sur, manifestamos:

Teniendo en cuenta:

el castigo colectivo que infringe Israel a los palestinos con la ocupación ilegal y el asedio de Gaza;
la ocupación ilegal de Cisjordania, incluido Jerusalén oriental, y la continua construcción del ilegal muro del apartheid y de nuevos asentamientos;
el nuevo muro en construcción por Egipto y EE.UU. que estrechará aún más el asedio de Gaza;
el desprecio por la democracia palestina que han demostrado Israel, EE.UU., Canadá, la UE y otros tras las elecciones palestinas de 2006;
los crímenes de guerra cometidos por Israel durante la invasión de Gaza, hace ahora un año;
la persistencia de la discriminación y la represión que sufren los palestinos dentro de Israel;
y el persistente exilio de millones de refugiados palestinos;
todos los cuales son actos de opresión que se basan en última instancia en la ideología sionista que subyace a Israel;
sabedores de que nuestros propios gobiernos han proporcionado a Israel ayuda económica, financiera, militar y diplomática directa, y han permitido a este país actuar con impunidad;
y conscientes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007;

que reafirmamos nuestro compromiso con:

la autodeterminación del pueblo palestino,
el fin de la ocupación,
la igualdad de derechos para todos en la Palestina histórica,
el pleno derecho al retorno de los refugiados palestinos.

Por todo ello, reafirmamos nuestro compromiso con la llamada palestina de julio de 2005 en favor del boicot, la desinversión y las sanciones (BDS) hacia Israel, para obligar a este país a cumplir con el Derecho Internacional.

A tal fin, pedimos y deseamos ayudar a iniciar un movimiento masivo global y democrático contra el apartheid que opere en estrecha colaboración con la sociedad civil palestina para poner en práctica la demanda palestina de BDS.

Conscientes de las numerosas y fuertes similitudes entre Israel y el antiguo régimen del apartheid de África del Sur,

proponemos:

1) realizar una gira internacional de sindicalistas palestinos y surafricanos, junto a activistas de la sociedad civil, que tendrá lugar en los primeros seis meses de 2010, a la que se unirán sindicalistas y activistas comprometidos con este programa en los países visitados, para realizar actos de educación de masas en materia de BDS directamente a los sindicalistas y a la opinión pública internacional;

2) participar en la Semana del Apartheid israelí, en marzo de 2010;

3) desarrollar un enfoque unificado sistemático para el boicot de productos israelíes, en el que participen los consumidores, los trabajadores y sus sindicatos del sector de la venta al por menor, el almacenaje y el transporte;

4) fomentar el boicot académico, cultural y deportivo a Israel;

5) desarrollar campañas para fomentar la desinversión de los fondos de pensiones de los sindicatos y empresas directamente implicadas en la ocupación, o de las empresas militares israelíes;

6) iniciar acciones legales dirigidas contra la contratación externa de los soldados por el ejército israelí y en favor del enjuiciamiento de los criminales de guerra israelíes; fomentar la coordinación con Citizen's Arrest Bureauxpara identificar, hacer objeto de campañas y enjuiciar a los criminales de guerra israelíes; respaldar el Informe Goldstone y la aplicación de sus recomendaciones;

7) hacer campaña cuestionando el carácter benéfico del Jewish National Fund (JNF).

Hacemos un llamamiento a las organizaciones e individuos que compartan el contenido de esta declaración a firmarla y colaborar con nosotros para hacerla realidad.

Pueden contactarnos por correo electrónico en: cairodec@gmail.com

<http://us.mc388.mail.yahoo.com/mc/compose?to=cairodec@gmail.com>

Firmado por:

(* Se indica la filiación sólo con fines de identificación.)

1. Hedy Epstein, Holocaust Survivor/ Women in Black*, EE.UU.

2. Nomthandazo Sikiti, Nehawu, Congress of South African Trade

Unions (COSATU), Affiliate International Officer*, África del Sur

3. Zico Tamela, Satawu, Congress of South African Trade Unions

(COSATU) Affiliate International Officer*, África del Sur

4. Hlokoza Motau, Numsa, Congress of South African Trade Unions

(COSATU) Affiliate International Officer*, África del Sur

5. George Mahlangu, Congress of South African Trade Unions (COSATU)

Campaigns Coordinator*, África del Sur

6. Crystal Dicks, Congress of South African Trade Unions (COSATU)

Education Secretary*, África del Sur

7. Savera Kalideen, SA Palestinian Solidarity Committee*, South

Africa

8. Suzanne Hotz, SA Palestinian Solidarity Group*, África del Sur

9. Shehnaaz Wadee, SA Palestinian Solidarity Alliance*, África del Sur

10. Haroon Wadee, SA Palestinian Solidarity Alliance*, África del Sur

11. Sayeed Dhansey, África del Sur

12. Faiza Desai, SA Palestinian Solidarity Alliance*, África del Sur

13. Ali Abunimah, Electronic Intifada*, EE.UU.

14. Hilary Minch, Irlanda Palestine Solidarity Committee*, Irlanda

15. Anthony Loewenstein, Australia

16. Sam Perlo-Freeman, Reino Unido

17. Julie Moentk, Pax Christi*, EE.UU.

18. Ulf Fogelström, Suecia

19. Ann Polivka, Chico Peace and Justice Center*, EE.UU.

20. Mark Johnson, Fellowship of Reconciliation*, EE.UU.

21. Elfi Padovan, Munich Peace Committee*/Die Linke*, Alemania

22. Elizabeth Barger, Peace Roots Alliance*/Plenty I*, EE.UU.

23. Sarah Roche-Mahdi, CodePink*, EE.UU.

24. Svetlana Gesheva-Anar, Bulgaria

25. Cristina Ruiz Cortina, Al Quds-Malaga*, España

26. Rachel Wyon, Boston Gaza Freedom March*, EE.UU.

27. Mary Hughes-Thompson, Women in Black*, EE.UU.

28. David Letwin, International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN)*,

EE.UU.

29. Jean Athey, Peace Action Montgomery*, EE.UU.

30. Gael Murphy, Gaza Freedom March*/CodePink*, EE.UU.

31. Thomas McAfee, Journalist/PC*, EE.UU.

32. Jean Louis Faure, International Jewish Anti-Zionist Network

(IJAN)*, Francia

33. Timothy A King, Christians for Peace and Justice in the Middle

East*, EE.UU.

34. Gail Chalbi, Palestine/Israel Justice Project of the Minnesota

United Methodist Church*, EE.UU.

35. Ouahib Chalbi, Palestine/Israel Justice Project of the Minnesota

United Methodist Church*, EE.UU.

36. Greg Dropkin, Liverpool Friends of Palestine*, Inglaterra

37. Felice Gelman, Wespac Peace and Justice New York*/Gaza Freedom

March*, EE.UU.

38. Ron Witton, Australian Academic Union*, Australia

39. Hayley Wallace, Palestine Solidarity Committee*, EE.UU.

40. Norma Turner, Manchester Palestine Solidarity Campaign*, Inglaterra

41. Paula Abrams-Hourani, Women in Black (Viena)*/ Jewish Voice for

Just Peace in the Middle East*, Austria

42. Mateo Bernal, Industrial Workers of the World*, EE.UU.

43. Mary Mattieu, Collectif Urgence Palestine*, Suiza

44. Agneta Zuppinger, Collectif Urgence Palestine*, Suiza

45. Ashley Annis, People for Peace*, Canadá

46. Peige Desgarlois, People for Peace*, Canadá

47. Hannah Carter, Canadian Friends of Sabeel*, Canadá

48. Laura Ashfield, Canadian Friends of Sabeel*, Canadá

49. Iman Ghazal, People for Peace*, Canadá

50. Filsam Farah, People for Peace*, Canadá

51. Awa Allin, People for Peace*, Canadá

52. Cleopatra McGovern, EE.UU.

53. Miranda Collet, España

54. Alison Phillips, Escocia

55. Nicholas Abramson, Middle East Crisis Response Network*/Jews Say

No*, EE.UU.

56. Tarak Kauff, Middle East Crisis Response Network*/Veterans for

Peace*, EE.UU.

57. Jesse Meisler-Abramson, EE.UU.

58. Hope Mariposa, EE.UU.

59. Ivesa Lübben. Bremer Netzwerk fur Gerechten Frieden in Nahost*,

Alemania

60. Sheila Finan, Mid-Hudson Council MERC*, EE.UU.

61. Joanne Lingle, Christians for Peace and Justice in the Middle

East (CPJME)*, EE.UU.

62. Barbara Lubin, Middle East Children’s Alliance*, EE.UU.

63. Josie Shields-Stromsness, Middle East Children’s Alliance*, EE.UU.

64. Anna Keuchen, Alemania

65. Judith Mahoney Pasternak, WRL* and Indypendent*, EE.UU.

66. Ellen Davidson, New York City Indymedia*, WRL*, Indypendent*,

EE.UU.

67. Ina Kelleher, EE.UU.

68. Lee Gargagliano, International Jewish Anti-Zionist Network

(Chicago)*, EE.UU.

69. Brad Taylor, OUT-FM*, EE.UU.

70. Helga Mankovitz, SPHR (Queen’s University)*, Canadá

71. Mick Napier, Scottish Palestine Solidarity Campaign*, Escocia

72. Agnes Kueng, Paso Basel*, Suiza

73. Anne Paxton, Voices of Palestine*, EE.UU.

74. Leila El Abtah, Países Bajos

75. Richard, Van der Wouden, Países Bajos

76. Rafiq A. Firis, P.K.R.*/Isra*, Países Bajos

77. Sandra Tamari, EE.UU.

78. Alice Azzouzi, Way to Jerusalem*, EE.UU.

79. J’Ann Schoonmaker Allen, EE.UU.

80. Ruth F. Hooke, Episcopalian Peace Fellowship*, EE.UU.

81. Jean E. Lee, Holy Land Awareness Action Task Group of United

Church of Canadá*, Canadá

82. Delphine de Boutray, Association Thèâtre Cine*, Francia

83. Sylvia Schwarz, EE.UU.

84. Alexandra Safi, Alemania

85. Abdullah Anar, Green Party*, Turquía

86. Ted Auerbach, EE.UU.

87. Martha Hennessy, Catholic Worker*, EE.UU.

88. Louis Ultale, Interfaile Pace e Bene*, EE.UU.

89. Leila Zand, Fellowship of Reconciliation*, EE.UU.

90. Emma Grigore, CodePink*, EE.UU.

91. Sammer Abdelela, New York Community of Muslim Progressives*, EE.UU.

92. Sharat G. Lin, San Jose Peace and Justice Center*, EE.UU.

93. Katherine E. Sheetz, Free Gaza*, EE.UU.

94. Steve Greaves, Free Gaza*, EE.UU.

95. Trevor Baumgartner, Free Gaza*, EE.UU.

96. Hanan Tabbara, EE.UU.

97. Marina Barakatt, CodePink*, EE.UU.

98. Keren Bariyov, EE.UU.

99. Ursula Sagmeister, Women in Black – Viena*, Austria

100. Ann Cunningham, Australia

101. Bill Perry, Delaware Valley Veterans for Peace*, EE.UU.

102. Terry Perry, Delaware Valley Veterans for Peace*, EE.UU.

103. Athena Viscusi, EE.UU.

104. Marco Viscusi, EE.UU.

105. Paki Wieland, Northampton Committee*, EE.UU.

106. Manijeh Saba, New York / New Jersey, EE.UU.

107. Ellen Graves, EE.UU.

108. Zoë Lawlor, Irlanda – Palestine Solidarity Campaign*, Irlanda

109. Miguel García Grassot, Al Quds – Málaga*, España

110. Ana Mamora Romero, ASPA-Asociacion Andaluza Solidaridad y Paz*,

España

111. Ehab Lotayef, CJPP Canadá*, Canadá

112. David Heap, London Anti-War*, Canadá

113. Adie Mormech, Free Gaza* / Action Palestine*, Inglaterra

114. Aimee Shalan, Reino Unido

115. Liliane Cordova, International Jewish Anti-Zionist Network

(IJAN)*, España

116. Priscilla Lynch, EE.UU.

117. Jenna Bitar, EE.UU.

118. Deborah Mardon, EE.UU.

119. Becky Thompson, EE.UU.

120. Diane Hereford, EE.UU.

121. David Heap, People for Peace London*, Canadá

122. Donah Abdulla, Solidarity for Palestinian Human Rights*, Canadá

123. Wendy Goldsmith, People for Peace London*, Canadá

124. Abdu Mihirig, Solidarity for Palestinian Human Rights-UBC*,

Canadá

125. Saldibastami, Solidarity for Palestinian Human Rights-UBC*,

Canadá

126. Abdenahmane Bouaffad, CMF*, Francia

127. Feroze Mithiborwala, Awami Bharat*, India

128. John Dear, Pax Christi*, EE.UU.

129. Ziyaad Lunat, Portugal

130. Michael Letwin, New York City Labor Against the War (NYCLAW)

131. Labor For Palestine

DECLARATORIA DE INDEPENDENCIA ABSOLUTA Y DEFINITIVA DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (CENTROAMERICANA) 1º DE JULIO DE 1823

2009-12-06T02:09:00.000-08:00

Después de una guerra de anexión y con la abdicación de Agustín de Iturbide en México, finalmente se reunieron los constituyentes de la nueva República y declararon...

"Los Representantes de las Provincias Unidas del Centro de América, congregados a virtud de la convocatoria, dada en esta Capital a 15 de Septiembre de 1821 y renovada en 20 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos, nuestros comitentes: Sobre su recíproca unión: Sobre su Gobierno; y sobre todos los demás puntos contenidos en la memorable Acta citado 15 de Septiembre, que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de éste basto territorio, ya que se han adherido posteriormente todos los demás que hoy se hallan representados en ésta Asamblea General.

Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez que exige la naturaleza y entidad de los objetos con que somos congregados, así el Acta expresada en Septiembre de 1821 y la 5 de enero de 1822, como también el Decreto del Gobierno Provisorio de esta Provincia, de 29 de marzo último, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión.

Después de traer a la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de la población, su riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado Reino de Guatemala.

Habiendo discutido la materia: oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar a esta Asamblea todas las luces posibles acerca de los puntos indicados: teniendo presente cuanto puede requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado; y tomando en consideración:

PRIMERO.- Que la independencia del Gobierno Español ha sido y es necesaria en las circunstancias de aquella Nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme a los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del Nuevo Mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.

Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del Globo, separada por un océano inmenso de la que fue su Metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.

Que la experiencia de más de trescientos años manifestó a la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad a que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de Europa.

Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la Nación Española, y la conducta que ésta observó constantemente desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.

Que, a impulsos de tan justos sentimientos, todas las Provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos: que las que pueblan el antiguo Reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los últimos meses del año de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.

SEGUNDO.- Considerando por otra parte: que la incorporación de éstas provincias al extinguido Imperio Mexicano, verificada SOLO DE HECHO en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales.

Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos: que por éstos principios la Representación Nacional del Estado Mexicano jamás la aceptó expresamente, ni pudo con derecho aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió. Agustín de Iturbide, fueron nulas.

Que la expresada agresión ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos, nuestros comitentes: que es opuesta a su voluntad; y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismas y con separación del Estado Mexicano.

Nosotros, por tanto, los Representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conforme en todo con sus votos,declaramos solemnemente:

1º Que las expresadas Provincias, representadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del Antiguo como del Nuevo Mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni de familia alguna.

2º En consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derechos y aptitudes de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.

3º Que las Provincias sobredichas, representadas en esta Asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán por ahora, sin prejuicio de lo que se resuelva en la Constitución que ha de formarse, “PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA”.

Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala, y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta Asamblea; que se imprima y circule, que se comuniquen a las Provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo que se acordará oportunamente, se comunique también a los Gobiernos de España, México y de todos los demás Estados independientes de ambas Américas.

Dado en Guatemala, a primero de julio de mil ochocientos veintitrés.

José Matías Delgado, Diputado por San Salvador, Presidente.- Fernando Antonio Ávila, Diputado por Sacatepequez, Vice-Presidente.- Pedro Molina, Diputado por Guatemala.- José Domingo Estrada, Diputado por Chimaltenango.- José Francisco Córdova, Diputado por Santa Ana.- Antonio J. Cañas, Diputado por Cojutepeque.- José Antonio Jiménez, Diputado por San Salvador.-Mariano Beltranena, Diputado por Cobán.- Isidro Menéndez, Diputado por Sonsonate.- Marcelino Menéndez Diputado por Santa Ana.- José María Herrarte, Diputado Suplente por Totonicapán.- Simeón Cañas, Diputado por Chimaltenango.- José Francisco Barrundia, Diputado por Guatemala.- Felipe Márquez, Diputado suplente por Chimaltenango.- Felipe Vega, Diputado por Sonsonate.- Cirilo Flores, Diputado por Quezaltenango.- Francisco Flores, Diputado por Quezaltenango.- Juan Vicente Villacorta, Diputado por San Vicente.- Luis Barrutia, Diputado por Chimaltenango.- José María Castillo, Diputado por Cobán.- José Antonio Azmitia, Diputado Suplente por Guatemala.- Julián Castro, Diputado por Zacatepequez.- José Antonio Arcayaga, Diputado por Zacatepequez.- Serapio Sánchez, Diputado por Totonicapán.- Leoncio Domínguez, Diputado por San Miguel.- J. Antonio Peña, Diputado por Quezaltenango.- Francisco Aguirre, Diputado por Olancho.- J. Beteta, Diputado por Salamá.- José María Ponce, Diputado por Escuintla.- Francisco Benavente, Diputado Suplente por Quezaltenango.- Miguel Ordóñez, Diputado por San Agustín.- Pedro José Cuéllar, Diputado Suplente por San Salvador.- Francisco Javier Valenzuela, Diputado por Jalapa.- José Antonio Larrave, Diputado Suplente por Esquipulas.- Lázaro Herrarte, Diputado Suplente por Suchitepequez.- Juan Francisco Sosa, Diputado Suplente por San Salvador, Secretario.- Mariano Gálvez, Diputado por Totonicapán, Secretario.- Mariano Cordón, Diputado por Huehuetenango, Secretario.- Simón Vasconelos, Diputado Suplente por San Vicente, Secretario.

Comuníquese al Supremo Poder Ejecutivo para que lo haga imprimir, publicar y circular.

Dado a Guatemala a primero de julio de mil ochocientos veintitrés.

José Matías Delgado, Presidente.- Juan Francisco Sosa, Diputado, Secretario.- Mariano Gálvez, Diputado Secretario.- Al Supremo Poder Ejecutivo.

Por tanto: Mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus partes.

Lo tendrá entendido el Secretario del Despacho, y hará se imprima, publique y circule.

Palacio Nacional de Guatemala, Julio 11 de 1823.

Pedro Molina, Presidente.- Juan Vicente Villacorta.- Antonio Rivera.

CONTRA LA ANEXION A MEXICO

2009-12-06T02:07:00.000-08:00

ACTA DEL MUY NOBLE AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR
11 DE ENERO DE 1822

Aquellos eran tiempos de cambios, Agustín de Iturbide se había proclamado Emperador de México y el Gobierno Provincial de Guatemala acordó la unión al recién formado Imperio Mexicano, sin embargo la Provincia de San Salvador declaró...

"En la Ciudad de San Salvador, a once de enero de mil ochocientos veintidós. Reunidos en la Consistorial los señores que componen este Ayuntamiento, presidido por el Señor Intendente Jefe Político, Doctor Don José Matías Delgado, con asistencia de los individuos de la Excelentísima Diputación Provincial y el pueblo, se leyó el oficio que con fecha 7 del corriente dirigió a este N. Ayuntamiento el Excelentísimo Señor Presidente de Guatemala, Don Gabino Gaínza, en que comunica que en Acta de 5 del mismo mes, acordó el Gobierno Provincial, con vista de la mayoría de la voluntad de los Ayuntamientos, la unión al Imperio Mexicano: Observando que el referido Gobierno, en el acuerdo indicado, se excedió de las facultades que le habían conferido los pueblos que lo constituyeron, entregándolos al Imperio contra el pacto celebrado en el Acta de 15 de Septiembre, último, en que se reservó esta decisión al Congreso: teniendo presente que dicha acta juró solemnemente, y que, por lo mismo, ya los pueblos no están en plenitud de sus facultades para poder por sí mismos decidirse ahora por el Imperio: Viendo que ha desatendido el mismo Gobierno Provincial las otras razones que expusieron algunos Ayuntamientos de la Provincia, en contestación del oficio de 30 del último noviembre dirigido por el Excelentísimo Señor Don Gabino Gaínza, con las que mostraba hasta la evidencia, que el medio adoptado para indagar la voluntad de los pueblos era inadecuado; que los Ayuntamientos no están constituidos en razón de vecindario, sino en la del número de pueblos, de suerte que hay Ayuntamiento que representa un pueblo que contiene un número de vecinos mayor que el que representan veinte o más Ayuntamientos: en vista de todo, el pueblo dijo y el Noble Cuerpo acordó lo siguiente: - Protestar de nulidad del Acuerdo de la Excelentísima Junta Provisional, tanto por el exceso de facultades de que se ha hecho mención, cuanto porque los pueblos no han obrado con libertad en sus decisiones: lo primero, porque se les ha intimidado con el riesgo de una división numerosa que ha querido suponerse (con notorio agravio de los sentimientos liberales del Excmo. Señor Iturbide), que marcha con el objeto de hostilizar estos pueblos: lo segundo, porque aprovechando la ignorancia de casi todos, no han sido ellos, sino los que lo suceden, los que han hecho la decisión, de lo cual tiene pruebas nada equívocas este N. Ayuntamiento, que en uno de sus juzgados constitucionales ha seguido un expediente sobre el modo con que se ha obrado en varios pueblos del partido.–Que, habiendo cesado el Gobierno Provincial de Guatemala, en consecuencia de su unión a México, el de San Salvador lo es respecto de la provincia (conviniendo en esto los demás pueblos de ella y los otros que quieran agregarse) provisional gubernativo; a cuyo efecto, la misma Excelentísima Junta Provincial queda constituida en ese carácter, siendo Presidente de ella el Señor Intendente Jefe Político, Doctor Don José Matías Delgado; quedando, por consiguiente todo lo económico, político, gubernativo, militar y judicial, independiente de la antigua capital de Guatemala; que no se haga alteración ninguna sobre gobierno, rigiendo por ahora la Constitución española y demás leyes, conforme a lo jurado en el acta citada del 15 de septiembre, reservando al Congreso el punto de unión al Imperio Mexicano, pues San Salvador hasta ahora no ha tratado sobre la materia; y en caso de que el Congreso decida la unión que considere ventajosa, no será una obra del temor, ni a virtud de un acuerdo ilegal, sino por los trámites decorosos y justos, según se juró en el Acta de 15 de septiembre. Que inmediatamente se proceda a la elección de Diputados que deban ir a los Jefes de ambas Américas, según está acordado.- Que queden desde éste día abolidos los tributos, como opuesta esta contribución a la libertad e igualdad de que deben gozar los ciudadanos de una Nación Culta; y, aunque la resolución de este punto no corresponde al Noble Ayuntamiento, éste lo representará al Gobierno Provisional, quien desde luego lo acordará de la misma suerte que otras solicitudes que no están bajo las atribuciones de ésta corporación. Que desde luego el Gobierno Provisional ponga en planta todas las solicitudes que hizo el pueblo y que aparecen del Acta de 6 del último noviembre. Que se conceda indulto moderado, según las autoridades acuerden, pero que a los presos por insulto al pueblo y otras ocurrencias políticas, se les ponga inmediatamente en libertad, escribiéndose para los que vengan a los que por iguales motivos, se han fugado y extrañado de ésta ciudad, asegurándoles que nada tienen que temer de ella, porque el pueblo sepultará en el olvido todos sus resentimientos por las ocurrencias de los años pasados. Que se oficie a todos los ministros de rentas para que a la mayor brevedad presenten un estado actual de sus fondos y no cobrar libramiento que no sea dado por nuestro Gobierno Provincial: que se oficie igualmente a todos los empleados que se hallen ausentes en cualquier punto para que vengan a ocupar sus destinos, con advertencia de que si no lo verifican, se entenderá que los renuncian. Que se comunique por correos extraordinarios esta Acta a todos los pueblos de ésta y otras provincias para que, si lo tuvieren a bien, se sirvan abrazar esta resolución, como conforme a los principios del derecho público y el carácter religioso y sostenido que ha distinguido siempre a los mismos pueblos; con lo cual se concluyó esta Acta que firmaron dichos señores, de que certifico. Delgado, Jáuregui, Lara, Delgado, Morales, Villaseñor, Pérez, Estupinián, López, Camacho, Carranza, Arana, Cisneros, Joaquín Chávez, Secretario."

ACTA DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE SAN SALVADOR . 21 DE SEPTIEMBRE DE 1821.

2009-12-06T02:05:00.000-08:00

Para aquellos días, las comunicaciones no eran tan veloces como hoy en día y fue hasta el 21 de Septiembre que el Ayuntamiento de San Salvador, confirmó la independencia firmada el 15 del mismo mes en 1821, lean a continuación:

"En el nombre de Dios Todopoderoso, Trino y Uno, con cuya divina invocación todo tiene buen principio, buenos medios y dichoso fin.En la ciudad de San Salvador del Mundo, a las nueve y media de la noche de hoy veintiuno de Septiembre del año de mil ochocientos veintiuno, primero de nuestra independencia y libertad. Impuesto ya el señor Intendente, Jefe Político Accidental, Dr. D. Pedro Barriere, del acta sancionada en Guatemala, en quince del corriente, y circulada a estas provincias, con acuerdo y a instancia de todas las autoridades que se reunieron para declarar, como efectivamente declararon en aquel memorable día, la Independencia del gobierno Español, en los términos que se leen en dicha acta y en el manifiesto que con la propia fecha circuló el señor Jefe Político superior D. Gabino Gaínza, en que se enuncian los fundamentos y razones impulsivas que del modo más imperioso exigían tan alta resolución: De acuerdo el citado señor Intendente y el señor Alcalde primero D. Casimiro García Valdeavellano, dispusieron que en aquella hora concurrieran a este Ayuntamiento todos los individuos, y se convocara también a los jefes militares, la señor Cura Rector y Vicario, a los Prelados Regulares, a los vecinos principales de todas clases y que se excitara a todo el vecindario, como se hizo por repiques de campanas, música y fuegos artificiales. Verificada la reunión con numerosísimo pueblo, se le hizo entender la causa del regocijo, que también manifestó el suyo en medio de unos transportes inexplicables, con vivas, aclamaciones e infinidad de demostraciones, que explicaban, del modo más enérgico que generalmente tenían todo de este señalado y venturoso acontecimiento, que fija la felicidad futura. En este estado dispuso, como primer paso, conducirse todos a la Santa Iglesia Parroquial a darle al Dios de las Misericordias las debidas gracias, por tamaño beneficio. En el templo se dio principio leyéndose por el Coadjutor Br. D. Crisanto Salazar literalmente la Acta expresada, como monumento sagrado de nuestra libertad; y concluido este acto, todo el concurso postrado en tierra, dio adoración a Dios Sacramentado, se cantó con la mayor solemnidad el TEDEUM, y volviéndose el Ayuntamiento a las casas consistoriales, entre vítores y aclamaciones del numeroso pueblo que le seguía, a puerta abierta se repitió la lectura el acta citada. Enseguida, puesto en pie el señor Jefe Político, que preside el acto, exigió del Sr. Alcalde 1º (Así lo pidió el pueblo) que le recibiera el juramento debido, para poder funcionar; y en efecto lo hizo solemne por Dios nuestro Señor, la Santa Cruz y los Santos Evangelios, de guardar y hacer guardar la Independencia; ser fiel a la Monarquía Americana, y observar el Gobierno que se establezca y las leyes que se sancionen. Concluido éste acto, en la forma de estilo se acordó que para mañana a las diez prestasen juramento los individuos de este Ayuntamiento, corporaciones, empleados y oficinistas y que enseguida se publiquen por bando con toda la pompa y solemnidad posibles, la referida acta y manifiesto circulados por el señor Jefe Político Superior, allanándose previamente con el Sr. Coronel y Comandante de Armas, el correspondiente auxilio: que se anuncie al público en dicho bando que para el día veintinueve del corriente se verificará con toda la solemnidad que permite el corto tiempo intermedio, la publicación y proclamación correspondientes; y el día treinta se celebrará, también solemnemente, la misa de gracias, y se recibirá juramento del pueblo: de todo lo cual quedó entendido para tomar sus disposiciones el Señor Cura y Vicario Br. D. José Ignacio Zaldaña, que a todo ha estado presente. Se permitió al pueblo, en deshago del entusiasmo y júbilo, que no ha podido reprimir al ver conseguidos sus deseos, que continúe en sus regocijos la honradez y moderación correspondientes a la preciosa y deseada ocurrencia, y se dieron todas las providencias de precaución para conservar el buen orden. También quedó acordado que sirviendo éste cuaderno en principio, se forme un nuevo libro para extender las actas del Ayuntamiento Nacional en papel común, mientras se sanciona si, fuera de las materias judiciales, se ha de usar del papel sellado, por obtener el actual el signo de dependencia de la dominación española. Con lo que se concluyó esta Acta, que firmaron con su Presidente los individuos de este Ayuntamiento.- Pedro Barriere, Casimiro García Valdeavellano, José Ignacio Zaldaña, José Rossi, Milián Bustos: Gerónimo de Ajuria, Francisco Del Duque, Santiago Rossi, Trinidad Estupinián, Juan Bautista De Otondo, Francisco Ignacio De Urrutia, Narciso Ortega.- Por mandato del Muy Noble Ayuntamiento: Pedro Miguel López.- Srio."

ACTA DE INDEPENDENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1821.

2009-12-06T02:03:00.000-08:00

Esta es una transcripción del Acta de Independencia firmada el 15 de Septiembre de 1821.

"El día 15 del corriente se acordó lo que sigue:

Palacio Nacional, Guatemala, quince de Septiembre de mil ochocientos veintiuno.- Siendo públicos e indudables los deseos de independencia del Gobierno Español, que por escrito y de palabra ha manifestado el pueblo de ésta Capital: recibimos por el último correo diversos oficios de Ayuntamientos Constitucionales de la Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, en que comunican haber proclamado y jurado dicha independencia, excitan a que se haga lo mismo en ésta ciudad: siendo positivo que han circulado iguales oficios a otros Ayuntamientos: Determinado de acuerdo con la Excma. Diputación Provincial, que para tratar de asunto tan grave se reuniese en uno de los salones de éste palacio la misma Diputación Provincial, el Ilmo. Sr. Arzobispo, los señores individuos que diputasen la Excma. Audiencia Territorial, el venerable señor Dean y Cabildo Eclesiástico, el Excmo. Ayuntamiento, el muy Ilustre Claustro, el Consulado y muy Ilustre Colegio de Abogados, los Prelados Regulares, Jefes y funcionarios públicos: Congregados todos en el mismo salón: Leídos los oficios expresados: discutido y meditado detenidamente el asunto, y oído el clamor de Viva la Independencia, que repetía lleno de entusiasmo el pueblo que se veía reunido en las calles, plaza, patio, corredores y antesala de éste palacio, se acordó por esta Diputación e individuos del Excelentísimo Ayuntamiento:

PRIMERO.- Que siendo la Independencia del Gobierno Español la voluntad general del pueblo de Guatemala, sin perjuicio de lo que determine sobre ella, el Congreso que debe formarse, el Señor Jefe Político le mande publicar para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo.

SEGUNDO.- Que desde luego se circulen oficios a las Provincias, por correos extraordinarios, para que sin demora alguna, se sirvan proceder a elegir Diputados o Representantes suyos, éstos concurrirán a esta Capital a formar el Congreso que debe decidir el punto de Independencia general absoluta, y fijar, en caso de acordarla, la forma de Gobierno y Ley fundamental que debe regir.

TERCERO.- Que para facilitar el nombramiento de Diputados, se sirvan hacerlo las mismas Juntas electorales de provincia que hicieron o debieron hacer las elecciones de los últimos Diputados a Corte.

CUARTO.- Que el número de estos Diputados sea en proporción de uno por cada quince mil individuos; sin excluir de la ciudadanía a los originarios de Africa.

QUINTO.- Que las mismas Juntas electorales de provincia, teniendo en presentes los últimos censos, se sirvan determinar, según esta base, el número de Diputados o Representantes que deban elegir.

SEXTO.- Que en atención a la gravedad y urgencia del asunto, se sirvan hacer las elecciones de modo que el día primero de marzo del año próximo de 1822 estén reunidos en esta Capital todos los Diputados.

SEPTIMO.- Que entre tanto, no haciéndose novedad entre las autoridades establecidas, sigan éstas ejerciendo sus atribuciones respectivas, con arreglo a la Constitución, decretos y leyes, hasta que el Congreso indicado determine lo que sea más justo y benéfico.

OCTAVO.- Que el señor Jefe Político, Brigadier D. Gabino Gaínza, continúe con el Gobierno superior político y militar; y para que éste tenga el carácter que parece propio de las circunstancias, se forme una Junta Provisional Consultiva, compuesta de los señores individuos actuales de esta Diputación Provincial, y de los señores D. Miguel Larreinaga, Ministro de esta Audiencia; Don José Del Valle, Auditor de Guerra; Marqués de Aycinena, Dr. José Valdés Tesorero de esta Santa Iglesia; Dr. Don Angel María Candina, y Licenciado D. Antonio Robles, Alcalde 3º constitucional: el primero por la Provincia de León; el segundo por la de Comayagua; el tercero por Quetzaltenango; el cuarto por Sololá y Chimaltenango; el quinto por Sonsonate, y el sexto por Ciudad Real de Chiapas.

NOVENO.- Que esta Junta Provincial consulte al señor Jefe Político todos los asuntos económicos y gubernativos dignos de su atención.

DECIMO.- Que la Religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en los siglos sucesivos, se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala, respetando a los ministros eclesiásticos seculares y regulares, y protegiéndose en sus personas y propiedades.

UNDECIMO.- Que se pase oficio a los dignos Prelados de las Comunidades religiosas para que cooperando a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno a otro, dispongan que sus individuos exhorten a la fraternidad y concordia a los que estando unidos en el sentimiento general de la independencia, deben estarlo también en todo lo demás, sofocando pasiones individuales que dividen los ánimos y producen funestas consecuencias.

DUODECIMO.- Que el excelentísimo Ayuntamiento, a quien corresponde la conservación del orden y tranquilidad, tome las medidas más activas, para mantenerla imperturbable en toda esta Capital y pueblos inmediatos.

DECIMO TERCERO.- Que el señor Jefe Político publique un manifiesto haciendo notorios a la faz de todos, los sentimientos generales del pueblo, la opinión de las autoridades y corporaciones, las medidas de este Gobierno, las causas y circunstancias que lo decidieron a prestar en manos del señor Alcalde 1º, a pedimento del pueblo, el juramento de independencia y fidelidad al Gobierno americano que se establezca.

DECIMO CUARTO.- Que igual juramento preste la Junta Provincial, el Excelentísimo Ayuntamiento, el Ilustrísimo señor Arzobispo, los Tribunales, Jefes Políticos y Militares, los Prelados Regulares, sus comunidades religiosas, Jefes y empleados en las rentas, autoridades, corporaciones y tropas de las respectivas guarniciones.

DECIMO QUINTO.- Que el Señor Jefe Político, de acuerdo con el excelentísimo Ayuntamiento, disponga la solemnidad y señale el día en que el pueblo deba hacer la proclamación y juramento expresado de independencia.

DECIMO SEXTO.- Que el Excelentísimo Ayuntamiento acuerde la acuñación de una medalla que perpetúe en los siglos la memoria del “QUINCE DE SEPTIEMBRE DE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO” en que proclamó su feliz independencia.

DECIMO SEPTIMO.- Que imprimiéndose esta Acta y el manifiesto expresado, se circule a las Excelentísimas Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos constitucionales y demás autoridades eclesiásticas regulares, seculares y militares, para que siendo acordes en los mismos sentimientos que ha manifestado este pueblo, se sirvan obrar con arreglo a todo lo expuesto.

DECIMO OCTAVO.- Que se cante el día que designe el señor Jefe Político, una misma solemne gracias, con asistencia de la Junta Provincial, de todas las autoridades, corporaciones y jefes, haciéndose salvas de artillería y tres días de iluminación.

Palacio Nacional de Guatemala, Septiembre 15 de 1821.- Gabino Gaínza.- Mariano De Beltranena.- J. Mariano Calderón.- José Matías Delgado.- Manuel Antonio Molina.- Mariano De Larrave.- Antonio De La Rivera.- J. Antonio De Larrave.- Isidoro De Valle y Castriciones.- Mariano De Aycinena.- Pedro De Arroyave.- Lorenzo De Romaña, Secretario.- Domingo Diéguez, Secretario.