Embargo hasta 13de Noviembre, 2008
Asociación pro Derechos Humanos de España y Centro de Justicia y Responsabilidad:
Asesinato de los Jesuitas
(Noviembre 16, 1989, San Salvador)
El 13 de noviembre, 2008, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) interpondrán una querella criminal en Madrid en contra del antiguo Presidente de El Salvador y comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Alfredo Cristiani Burkard, y otros 14 antiguos oficiales y soldados del Ejército Salvadoreño por su participación en la “Masacre de los Jesuitas” del 16 de noviembre, 1989 en la Universidad de Centro América “José Simeón Cañas” (UCA) en El Salvador. El caso será presentado en España bajo el principio de jurisdicción universal también contra antiguos miembros del alto mando. CJA y nuestros colegas de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) presentarán de manera conjunta el caso como acusadores populares1.
La querella alega cargos por crímenes de lesa humanidad, asesinato en el contexto de crímenes contra la humanidad, encubrimiento de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado.
ÍNDICE
- INTRODUCCIÓN ……………………………………………………… 1
- LAS VÍCTIMAS ………………………………………………………... 2
- LOS ACUSADOS....... ………………………………………………….. 5
- HECHOS..............................................................……………………...... 10
- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.............………………………………... 14
- DOCUMENTOS PÚBLICOS ………………………………………….. 16
En la mañana del 16 de noviembre de 1989, El Salvador y el mundo despertaron con las noticias del asesinato de seis Jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta. El ejército Salvadoreño llevo a cabo el crimen como parte de su desencaminada defensa contra una ofensiva lanzada por el Frente Farabundo Martín de Liberación Nacional (FMLN). El ejército buscó eludir su responsabilidad por los asesinatos y culpó al FMLN pintando con espray eslóganes en varios muros de la escena del crimen, los cuales acusaban falsamente al grupo de haber colaborado con el gobierno.
En el informe de la Comisión de la Verdad, en la noche del 15 de noviembre de 1989, el entonces coronel Ponce, en presencia del General Juan Rafael Bustillo, coronel Juan Orlando Zepeda, coronel Inocente Orlando Montano y Coronel Francisco Elena Fuentes, ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides asesinar al Padre Jesuita Ellacuría y no dejar testigos. Esa misma noche, Benavides ordenó a Espinoza Guerra llevar a cabo la misión de matar a Ellacuría y no dejar ningún testigo vivo.
Espinoza Guerra y su sección llegaron a la Universidad de Centro América en San Salvador a primera hora del 16 de noviembre de 1989 y se abrieron paso a través del Centro Pastoral. Cuando los sacerdotes salieron para averiguar de qué se trataba la conmoción, se les ordenó salir al jardín y tumbarse boca abajo en el suelo, mientras los soldados registraban el edificio. En esos momentos, el Teniente Espinoza Guerra dio la orden de matar a los sacerdotes. Al final, seis sacerdotes, su ama de llaves y la hija de ésta fueron brutalmente asesinados.
En respuesta a la petición presentada por la UCA en 1999, la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (IACHR) encontró que El Salvador había violado los derechos de las víctimas a la vida, a garantías jurídicas y a acciones judiciales efectivas. La IACHR recomendó que El Salvador condujera una investigación completa, imparcial y efectiva de acuerdo a los estándares internacionales para identificar, enjuiciar y sentenciar a las partes responsables. La Comisión también llamó a El Salvador a indemnizar a las partes afectadas y a ajustar sus leyes internas para cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos, que incluye revocar la Ley de Amnistía.
El Salvador todavía no ha tomado los pasos necesarios para cumplir con ninguna de estas recomendaciones. La Ley de Amnistía sigue en vigor, y ninguna de las personas responsables del crimen ha sido llevada ante la justicia. En su lugar, muchos de ellos ocupan importantes posiciones políticas en el país. Todo esto ha ocurrido a pesar de que la Masacre de los Jesuitas es, junto con los asesinatos del Arzobispo Romero, y de las religiosas estadounidenses, uno de los casos más emblemáticos de impunidad de la guerra civil de El Salvador. Es nuestra esperanza, que a través del litigio, podamos ayudar a los parientes de las victimas así como a todas las víctimas salvadoreñas y contribuir al esfuerzo de conseguir que se les reconozca la justicia que se les niega desde hace 19 años
- Padre Ignacio Ellacuría Bescoetxea
Ignacio Ellacuría, S.J., nació el 9 de noviembre de 1930 en Bilbao, España. Fue Rector de la UCA durante más de diez años. Fue teólogo, filósofo e intelectual de gran talento, con un feroz compromiso con los derechos humanos. Fueron sus tremendos esfuerzos por llegar a una solución negociada los que le ganaron la enemistad del ejército y de sectores políticos derechistas. En los últimos veinte años de su vida el Padre Ellacuría estuvo dedicado de pleno a su trabajo pastoral con los pobres.
La orden de Ponce que resultó en la Masacre de los Jesuitas fue “matar al Padre Ellacuría y no dejar testigos.” Debido a sus críticas de la dictadura militar, Ellacuría fue objetivo del ejército Salvadoreño. Ellacuría mantuvo que la causa fundamental del conflicto armado en El Salvador, no era la agresión del comunismo sino una injusticia estructural vivida por los salvadoreños. Para el Padre Ellacuría el único modo de terminar con la guerra era lidiar con esta injusticia.
- Padre Ignacio Martín-Baró
Ignacio Martín-Baró, S.J. nació el 7 de noviembre, 1942 en Valladolid, España. Era un reconocido académico, psicólogo social y filosofo. Tras su entrada en la Compañía de Jesús, sus superiores le enviaron a Centro-América. En 1967, el padre Martín-Baró comenzó a enseñar en la UCA. Durante su ocupación en la UCA ejerció importantes papeles, incluyendo el de Decano de Estudiantes y director del Departamento de Psicología. En 1986, el Padre Martín-Baró fundó el Instituto Universitario de Opinión Publica de la UCA cuya misión era evaluar las aptitudes y opiniones del pueblo Salvadoreño. Miembro activo de la comunidad, el Padre Martín-Baró también participó en la Junta Directiva Editorial de la revista de la UCA Estudios Centroamericano, del Diario de Psicología de El Salvador y la revista Costarriqueña Polémica.
El Padre Martín-Baró era el cuarto de seis hijos. En la noche del 15 de noviembre de 1989, llamó a su hermana Alicia en España. Durante la llamada, Alicia le preguntó, “¿Cuando van a mejorar las cosas en El Salvador?” el Padre Martín-Baró respondió, “Muchas personas van a tener que morir antes que eso ocurra.” Apenas unas horas más tarde, el y los otros eran asesinados.
Segundo Montes, S.J., nació el 15 de mayo de 1933 en Valladolid, España. Fue un reconocido académico y activista de derechos humanos. Entró en el noviciado de la Sociedad Jesuita en 1950. El Padre Montes comenzó su carrera enseñando en el Externado San José, una escuela tradicional Jesuita dedicada a educar a los niños de la elite Salvadoreña. Uno de sus alumnos, José Ricardo Espinoza Guerra, sería el comandante de los soldados que más tarde le asesinarían.
En 1985, el Padre Montes fundó el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), el cual dirigió hasta su muerte en 1989. Como director del IDHUCA, el Padre Montes se volvió muy popular en El Salvador y en Estados Unidos debido a su trabajo con refugiados salvadoreños en todo Centro- y Norte-América. Fue designado en las juntas directivas del Centro de Recursos de Centro America y del Centro para Refugiados Centroamericanos. El Padre Montes también se convirtió en consejero informal del Congreso Joe Moakley de Massachusetts en el tema de los refugiados salvadoreños en Estados Unidos. El miembro del Congreso Joe Moakley fue más tarde encomendado con la tarea de investigar la Masacre de los Jesuitas.
Armando López, S.J., nació el 6 de febrero de 1936 en Burgos, España. En 1952 inició su noviciado en la Sociedad Jesuita. Fue a El Salvador en el segundo año de su noviciado y después, en 1954, a Quito, Ecuador para estudiar filosofía y humanidades clásicas. Se graduó en Europa, y regresó a El Salvador en 1970 para enseñar en el seminario San José de la Montaña. Poco después se convirtió en su rector. Durante 1973 y 1974, el Padre López enseñó filosofía en la UCA.
En 1975, el Padre López se mudó a la Universidad de Centro America en Managua, Nicaragua. Su llegada coincidió con los años finales del régimen de Somoza, durante los cuales el Padre López asistió a gran numero de personas que sufrían penurias. Durante los momentos más difíciles de los bombardeos de Somoza a civiles, el Padre López abrió las puertas de la ciudad universitaria a aquellas familias que lo necesitaban. En 1979, tras el éxito de la revolución Sandinista en Nicaragua, el Padre López fue nombrado rector de la universidad, puesto que mantuvo hasta 1983 cuando el conflicto entre la Iglesia y el estado Nicaragüense le forzó a dimitir. En 1984, el Padre López regresó una vez más a El Salvador y ejerció como profesor de teología y filosofía en la UCA. Fue también pastor de la comunidad Tierra Virgen en Soyapango, una barriada pobre de la periferia de San Salvador.
Juan Ramón Moreno, S.J., nació el 29 de agosto de 1933 en Navarra, España. Tras comenzar su noviciado en la Sociedad Jesuita en 1950, pasó los siguientes ocho años en El Salvador. En 1969, el Padre Moreno viajó a Roma para tomar cursos en espiritualidad, y en 1970 regresó a El Salvador para dirigir el seminario Jesuita. Durante ese tiempo también enseñó en la UCA.
En 1976, el Padre Moreno fue enviado a Panamá con objeto de crear el Centro Ignaciano de Centro America para promover la espiritualidad ignaciana. De 1976 a 1980, construyó la biblioteca del Centro y fundó la publicación Diakonia, la cual buscaba propagar información sobre teología espiritual y de liberación. En 1985, el Padre Moreno volvió a El Salvador para organizar el Centro de Reflexión Teológica de la UCA. Así mismo enseñó filosofía y supervisó la construcción del Centro Pastoral Monseñor Romero. A pesar de todos sus logros académicos, el Padre Moreno siempre añoró trabajar como sacerdote en una parroquia rural.
- Padre Joaquín López y López
Joaquín López y López, S.J., nació en Chalchuapa, El Salvador el 16 de agosto de 1918. Entró en el noviciado de la Sociedad Jesuita con Jesuitas Mexicanos en El Paso, Texas, en 1938. El Padre López y López comenzó sus estudios teológicos en Estados Unidos y los completó en España en 1951. Tomó sus votos con la Sociedad de Jesús en 1952.
Unos años más tarde, el Padre López y López aunó esfuerzos para crear la UCA. En 1969, junto con un grupo de mujeres, recaudó dinero y creó la organización Fe y Alegría, la cual dirigió hasta su muerte. Durante ese tiempo, se abrieron 30 centros de educación en comunidades marginadas a través del país y 48,000 personas recibieron entrenamiento vocacional y educación en El Salvador, uno de los problemas más urgentes en el país.
Julia Elba Ramos nació en Santiago de María, El Salvador el 5 de marzo, de 1947. El esposo de Elba, Obdulio, trabajaba como supervisor en una plantación en Santa Tecla, y ella trabajaba como empleada doméstica en San Salvador. Durante la recolección de la cosecha del café, Elba dejaba su trabajo domestico para cortar café en
la plantación donde trabajaba su esposo. En 1970, el dueño de la plantación fue secuestrado y asesinado, forzando a Elba y Obdulio a abandonar sus trabajos. La pareja se mudó a Jayaque, donde Obdulio trabajó como vigilante y Elba cultivaba maíz y judías (frijoles) para alimentar a su familia. Elba y Obdulio tuvieron cuatro hijos, dos de los cuales murieron. En el momento de la masacre, Elba y Obdulio tenían dos hijos vivos, uno de ellos Celina Meredith.
En1985, Elba comenzó a trabajar en la residencia de los Jesuitas en la UCA. En 1989, el Padre Montes ofreció a Obdulio trabajo como jardinero y vigilante de la nueva residencia universitaria, así como una casa nueva construida cerca de la residencia. Elba fue asesinada junto con su hija Celina, su cuerpo abrazando el de su hija, tratando de protegerla de los disparos.
Celina Meredith Ramos nació en Jayaque, El Salvador el 23 de febrero de 1976. En 1989, terminó su primer año de instituto en el Instituto José Damian Villacorta en Santa Tecla. El 11 de noviembre, 1989, al comienzo de la ofensiva del FMLN, una patrulla del FMLN bombardeó una de las entradas de la UCA y rompió todas las ventanas de la casa de la familia Ramos. A partir de esa noche, Celina y su madre dormían en un pequeño cuarto junto al refectorio de los Jesuitas. La noche de la masacre, el padre de Celina se quedó en la casa. Él fue el primero en encontrar los cuerpos de su esposa e hija junto a los sacerdotes Jesuitas asesinados.
- Alfredo Cristiani Burkard
En el momento de la Masacre de los Jesuitas, Alfredo Cristiani Burkard era el Presidente de El Salvador y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a la querella, jugó un papel activo en el encubrimiento del crimen y la obstrucción de la subsiguiente investigación. En el momento de la Masacre de los Jesuitas, Cristiani había sido Presidente de El Salvador y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas aproximadamente 16 meses.
De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad de la ONU y a la querella, unos días antes de la masacre Cristiani llamó al Padre Ellacuría en España y le preguntó cuando regresaba a El Salvador. Además, Cristiani estaba en contacto casi diario con los arquitectos de la intriga para asesinar a Ellacuría y sus compañeros sacerdotes. Su oficina estaba inmediatamente seguida de la oficina del General Emilio Ponce.
Cristiani es miembro de ARENA y un exitoso hombre de negocios que se caso con la hija de una de las familias lideres de la oligarquía de El Salvador conocidas como “Las Catorce Familias”. Fue educado en la Escuela Americana en San Salvador y la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.
- General Rafael Humberto Larios
Rafael Humberto Larios ostentaba el rango de General y era Ministro de Defensa en el momento de la masacre. De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, Larios estaba presente en la reunión del 15 de noviembre de 1989, donde el Coronel Emilio Ponce ordenó al Coronel Benavides asesinar al Padre Ellacuría. Larios también dijo a la Comisión de la Verdad que el Presidente Alfredo Cristiani se reunió con el Coronel René Emilio Ponce y con el propio Larios durante unas horas inmediatamente antes de la masacre en las oficinas de la Junta de Jefes Del Ejército. El General Larios reside en El Salvador.
- General René Emilio Ponce
René Emilio Ponce nació en El Salvador. Se graduó primero de su clase en la Escuela Militar Gerardo Barrios en 1966. Su clase fue conocida como “La Tandona” porque sus miembros dominarían más tarde en el ejercito. Los miembros de La Tandona estaban al mando de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas en 1989. En el momento de la Masacre de los Jesuitas, Ponce tenía el rango de coronel y era el Director de la Junta del Estado Mayorde las Fuerzas Armadas Salvadoreñas. Ponce fue promocionado más tarde a General y ocupó el puesto de Ministro de Defensa de El Salvador. Eventualmente fue forzado a retirarse debido a la inminente publicación del informe de la Comisión de la Verdad de ONU exponiendo su participación en ordenar la Masacre de los Jesuitas.
De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, en la noche del 15 de noviembre de 1989, Ponce, en presencia del General Bustillo, Coronel Zepeda, Coronel Montano y Coronel Fuentes, ordenó al Coronel Benavides asesinar al Padre Ellacuría y no dejar testigos. Dos días antes, Ponce había transferido el mando de la unidad al Coronel Benavides, y sus soldados habían realizado el registro de la residencia de los Jesuitas en la UCA. El General Ponce reside en El Salvador y es actualmente el presidente de la Asociación de Militares Veteranos de El Salvador “General Manuel José Arce” (ASVEM). La misión principal de ASVEM es advocar al gobierno Salvadoreño para que se oponga a cualquier intento de revocar la Ley de Amnistía que actualmente protege a sus miembros más influyentes.
- General Juan Rafael Bustillo
Juan Rafael Bustillo tenía el cargo de general y era el comandante de las Fuerzas Aéreas Salvadoreñas en el momento de la masacre. Durante la ofensiva del FMLN, Bustillo participó en un número de reuniones del Estado Mayor Salvadoreño. Fue, tras una de estas reuniones, en la noche del 15 de noviembre de 1989, cuando Ponce dio la orden a Benavides de asesinar al Padre Ellacuría, en presencia de Bustillo. Bustillo reside en El Salvador.
- General Juan Orlando Zepeda
Juan Orlando Zepeda es otro miembro de “La Tandona,” tenia el rango de coronel , y era a su vez Vice Ministro de Defensa en el momento de la masacre. Zepeda recibió más tarde la promoción al rango de general. Estaba presente la noche del 15 de noviembre de 1989 cuando Ponce dio la orden a Benavides de asesinar al Padre Ellacuría. Anterior a la masacre, Zepeda había acusado públicamente a la UCA de ser el centro de operaciones del FMLN. Zepeda reside en El Salvador y es actualmente presidente de Manejo Integral de Desechos Sólidos, la compañía de servicios de retirada de desechos residenciales y comerciales más grande de El Salvador.
- Coronel Inocente Orlando Montano
Inocente Orlando Montano tenía el rango de coronel y era Vice Ministro de Seguridad Publica de El Salvador cuando la masacre tuvo lugar. Estaba presente la noche del 15 de noviembre de 1989, cuando Ponce dio la orden a Benavides de asesinar a Ellacuría. Anterior a la masacre, Montano afirmó públicamente que los Jesuitas estaban alineados con los movimientos subversivos. Montano reside en El Salvador.
- Coronel Francisco Elena Fuentes
Francisco Elena Fuentes tenía el rango de coronel y era comandante de la Primera Brigada de Infantería en San Salvador cuando ocurrió la masacre. Estaba presente la noche del 15 de noviembre de 1989, cuando Ponce dio la orden a Benavides de asesinar a Ellacuría. Un día después, tropas de la Primera Brigada de Infantería de Elena Fuentes intentaron intimidar a miembros de la Archidiócesis de San Salvador emitiendo mensajes por megafonía diciendo, “Todavía estamos matando comunistas, Ellacuría y Martín-Baró ya han caído, ríndanse, esta es la Primera Brigada.” Fuentes reside en El Salvador.
- Teniente Coronel Carlos Camilo Hernández Barahona
Carlos Camilo Hernández Barahona tenía el rango de mayor y era Decano Asistente Interino del Colegio Militar en El Salvador en el momento de la masacre. Más tarde fue promovido al rango de teniente coronel. Estaba presente la noche del 15 de noviembre de 1989, cuando Benavides informó a los oficiales en el Colegio Militar, de la orden que había recibido de asesinar a Ellacuría, y mantuvo silencio cuando Benavides le preguntó si se tenía alguna objeción. Más tarde, Benavides ordenó a Hernández Barahona que organizara y planificara la operación.
Hernández Barahona organizó y atendió la reunión que tuvo lugar el 15 de noviembre de 1989, cuando Benavides ordenó a Espinoza Guerra que liderara la misión de asesinar a Ellacuría. Tras esa reunión, Hernández Barahona se reunió con Espinoza Guerra y el Segundo Teniente Gonzalo Guevara Cerritos del Batallón Atlacatl. Hernández Barahona les dio un rifle AK-47 que había sido capturado del FMLN y les dijo que lo usaran para matar a Ellacuría. El uso del FMLN AK-47 serviría para desviar la culpa de las fuerzas armadas y en su lugar culpar al FMLN. Así mismo, Hernández Barahona les ordenó dejar en el lugar de los asesinatos propaganda mencionando al FMLN.
Hernández Barahona estuvo también involucrado en el encubrimiento del crimen, participando en la destrucción, quemando una pequeña maleta conteniendo fotografías, documentos y dinero que los soldados habían robado de los Jesuitas. Conjuntamente con Benavides ordenó que todos los diarios de llegadas y salidas del Colegio Militar de ese año y el año anterior fueran quemados. Esto se hizo para evitar que los investigadores se dieran cuenta de quien había atendido las reuniones en el Colegio Militar cuando se planificaban y ordenaban los asesinatos de los Jesuitas.
En 1992, Hernández Barahona fue condenado por la Cuarta Sala de lo Penal de El Salvador como cómplice en los asesinatos. El juez le sentenció a tres años de encarcelamiento; no permaneció un solo día en la cárcel por aplicación de la Ley de Amnistía. Es residente en El Salvador.
- Teniente José Ricardo Espinoza Guerra
José Ricardo Espinoza Guerra tenía el rango de teniente y era miembro del Batallón Atlacatl en el momento de la masacre. Espinoza Guerra y la sección bajo su mando fueron asignados a Benavides en el Colegio Militar el 13 de noviembre de 1989
por orden directa de Ponce. En la noche del 13 de noviembre de 1989, Benavides ordenó a Espinoza Guerra que registrara los dormitorios de los Jesuitas como parte de una misión de reconocimiento antes de los asesinatos. Espinoza Guerra informó a Benavides de la presencia de Ellacuría en la UCA.
En la noche del 15 de noviembre de 1989, Benavides ordenó a Espinoza Guerra llevar a cabo la misión de matar a Ellacuría y no dejar testigos. Espinoza Guerra y su sección llegaron a la UCA en las tempranas horas del 16 de noviembre de 1989, y se abrieron paso hacia el Centro Pastoral. Cuando los sacerdotes salieron a ver de qué se trataba la conmoción, se les ordenó salir al jardín y tumbarse boca abajo en el suelo, mientras los soldados registraban el edificio. En estos momentos, el Teniente Espinoza Guerra dio la orden de matar a los sacerdotes. En enero de 1990, el Teniente Espinoza Guerra confesó su participación en el crimen a la Comisión de Verdad. Espinoza Guerra es residente de El Salvador.
- Teniente Segundo Gonzalo Guevara Cerritos
Gonzalo Guevara Cerritos tenía el rango de teniente segundo. Estaba asignado al Batallón Atlacatl cuando tuvo lugar la masacre. Aunque Espinoza Guerra lideró la unidad, Guevara Cerritos también tenía responsabilidad de mando sobre las tropas que llevaron a cabo la masacre.
En enero de 1992, Guevara Cerritos fue condenado a tres años de encarcelamiento por instigación y actos de terrorismo por su rol en la masacre de los Jesuitas. Más tarde fue puesto en libertad como resultado de la Ley de Amnistía y continuo su servicio activo en las fuerzas armadas.
Guevara Cerritos llegó a los Estados Unidos en 2005 y trabajó como conserje en un motel en Los Ángeles. Fue expulsado de vuelta a El Salvador en Abril de 2007 por su participación en la masacre de los Jesuitas. Guevara Cerritos es residente de El Salvador.
- Soldado Raso Oscar Mariano Amaya Grimaldi
Oscar Mariano Amaya Grimaldi era soldado raso en el Ejército Salvadoreño y estaba asignado al Batallón Atlacatl cuando se la masacre tuvo lugar. En 1992, durante el juicio penal en El Salvador, Amaya confesó que había recibido un AK-47 del demandado Hernández Barahona y que había matado al Padre Ellacuría, Martín-Baró, y Montes. No fue condenado por el asesinato. Su paradero es desconocido.
- Sargento Antonio Ramiro Avalos Vargas
Antonio Ramiro Avalos Vargas era sargento en el Ejército Salvadoreño y estaba asignado al Batallón Atlacatl cuando se realizó la masacre. En el juicio de 1991-1992, confesó que había matado al Padre López y al Padre Moreno. Es residente en El Salvador
Ángel Pérez Vásquez era cabo en el Ejército Salvadoreño y estaba asignado al Batallón Atlacatl cuando se realizó la masacre. En el juicio de 1991-1992, confesó que había matado al Padre López y López.. Es residente en El Salvador.
- Sargento Segundo Tomás Zárpate Castillo
Tomás Zárpate Castillo era sargento segundo en el Ejército Salvadoreño y estaba asignado al Batallón Atlacatl cuando se realizó la masacre. Más tarde confesó que había disparado a Julia Elba Ramos y a su hija Celina. Es residente en El Salvador.
- Soldado Raso José Alberto Sierra Ascencio
José Alberto Sierra Ascencio era soldado raso en el Ejército Salvadoreño y estaba asignado al Batallón Atlacatl cuando se realizó la masacre. Sierra Ascencio confesó a la Comisión de la Verdad que había disparado a Julia Elba Ramos y a su hija Celina pero más tarde fue procesado en ausencia y absuelto del crimen.
- La Ofensiva del FMLN del 11 de Noviembre, 1989
El FMLN lanzó una ofensiva el día 11 de noviembre de 1989 que sorprendió al ejército Salvadoreño por su eficacia. Los guerrilleros ganaron control de varias áreas alrededor de San Salvador. Atacaron las residencias del Presidente de la Republica y del Presidente de la Asamblea Legislativa. También atacaron los barracones de la Primera, Tercera y Sexta Brigadas de Infantería y los de la Policía Nacional. El 12 de noviembre,
el gobierno declaró el estado de emergencia e impuso la ley marcial de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
En una reunión del Estado Mayor de los Generales el 13 de noviembre, los comandos de seguridad fueron creados para contrarrestar la ofensiva. Cada comando estaba liderado por un oficial, bajo el mando operativo del entonces, Coronel Ponce. El Coronel Benavides fue designado para liderar el comando de seguridad del complejo militar, una zona que incluía el Colegio Militar, el Ministerio de Defensa, el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), la residencia del embajador de Estados Unidos y la ciudad universitaria de la UCA. Se estableció así mismo un canal nacional de radio militar.
Después que las guerrillas volaran por los aires una de las puertas de entrada principales de la UCA y cruzaran la ciudad universitaria el 11 de noviembre, estacionaron un destacamento militar para vigilar quien entraba y salía de la UCA. Desde el 13 de noviembre no se permitía la entrada a nadie en el campus sin autorización.
También el 13 de noviembre, Ponce ordenó al Coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores que se encargara de conducir un registro de las instalaciones de la UCA. De acuerdo a lo relatado por Ponce, el ordenó el registro porque había sido informado que había más de 200 guerrilleros en la ciudad universitaria de la UCA.
La noche del 15 de noviembre de 1989, entre las 10 y las 11 horas, el Coronel Benavides se reunió con los oficiales bajo su mando, incluido el Mayor Hernández Barahona. Benavides explicó que acababa de estar en una reunión con el Estado Mayor donde se habían adoptado medidas especiales para combatir la ofensiva del FMLN. Aquellos presentes en la reunión del Estado Mayor habían sido informados que las situación era critica y que todo elemento subversivo conocido debía ser eliminado. Benavides pidió a aquellos oficiales que tenían algo que objetar que levantaran la mano. Nadie lo hizo.
El Ministro de Defensa Humberto Larios, también acusado en el caso, testificó ante la Comisión de la Verdad de la ONU en El Salvador que a horas tempranas del 16 de noviembre, apenas unas horas antes de la masacre, se reunió en la oficina del Estado Mayor Conjunto con su jefe Emilio Ponce y el entonces Presidente Alfredo Cristiani donde discutieron los niveles de tropas en el área rodeando la UCA.
Benavides ordenó entonces a Hernández Barahona que organizara y planeara la operación. Se decidió que usarían tropas del Batallón Atlacatl bajo el mando del Teniente Espinoza Guerra.
Más tarde ese día tras la reunión, Hernández Barahona se encontró con Espinoza Guerra y el Teniente Segundo Guevara Cerritos del Batallón Atlacatl. En un intento de desviar atención de su rol en las muertes, Hernández Barahona ordenó que usaran un rifle AK-47 que pertenecía al FMLN para asesinar al Padre Ellacuría. También les instruyó que dejaran una pancarta y propaganda haciéndolo parecer que había sido una operación del FMLN. El AK-47 , se lo entregaron al soldado raso Amaya Grimaldi.
Para llegar a la UCA era necesario pasar a través de las defensas de los cordones militares del complejo del ejército. El Teniente Martínez Marroquín se encargó de que los soldados de Atlacatl pasaran. Eran las primeras horas del 16 de noviembre de 1989. Los soldados se dirigieron hacia el Centro Pastoral, que era la residencia del Padre Ellacuría y de los otros sacerdotes. Los soldados, primero trataron de forzar su entrada en el Centro Pastoral. Cuando los sacerdotes se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, dejaron entrar a los soldados que procedieron a registrar el edificio y ordenaron a los sacerdotes que salieran al jardín trasero y se tumbaran boca abajo en el suelo.
Espinoza Guerra, que estaba al mando de la unidad, dio a los soldados la orden de matar a los sacerdotes. Los Padres Ellacuría, Martín-Baró y Montes fueron disparados y asesinados por el soldado raso Amaya Grimaldi, y los Padres López y Moreno por el Sargento Segundo Avalos Vargas. Poco después, los soldados, incluido el Cabo Pérez Vásquez, encontraron al Padre López y López dentro de la residencia y lo mataron. El Sargento Segundo Zárpate Castillo disparó a Julia Elba y su hija Celina. El soldado raso Sierra Ascencio disparó a Julia y a Celina otra vez para asegurarse que estaban muertas. Todos los fallecidos estaban desarmados e indefensos. El ejército no sufrió herida alguna.
Los soldados tomaron una pequeña maleta perteneciente a los sacerdotes, con fotografías, documentos y $5000 dólares. Dispararon una metralleta en la fachada de la residencia lanzando misiles y granadas. Antes de marcharse escribieron en un pedazo de cartón, “El FMLN ejecuta a aquellos que los delatan.” “Victoria o muerte, FMLN.”
El 16 de noviembre de 1989, después de la operación, Hernández Barahona fue a la oficina de Ponce para informar de lo que había ocurrido en la UCA. Informó que tenía en su posesión una pequeña maleta con fotografías, documentos y $5000 dólares que los soldados habían robado a los Jesuitas horas antes. Ponce ordenó destruirla porque era evidencia que apuntaba a la responsabilidad del Ejército en los hechos. La maleta fue destruida en el Colegio Militar.
De regreso a su unidad, Espinoza Guerra informó al Comandante del Batallón Atlacatl, Teniente Coronel Oscar Alberto León Linares, de lo que había ocurrido y que habían asesinado a seis sacerdotes y dos mujeres en la UCA.
Una vez conocidos los asesinatos, el Presidente Alfredo Cristiani asignó la investigación del crimen a una unidad especial de la policía, la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (“CIHD”). Con el conocimiento de Cristiani, la unidad empezó el proceso de encubrir el crimen y destruir pruebas.
Rivas Mejía también aconsejó a Benavides que se asegurara de no mantener ningún listado de aquellos que entraron y salieron del Colegio Militar que pudiera relacionar a personal militar con los asesinatos de los Jesuitas. Subsecuentemente, Benavides y Hernández Barahona ordenaron que los registros de entradas y salidas del Colegio Militar de aquel año y del año anterior fueran quemados.
Poco después del comienzo de la investigación, Ponce se encargó de que se uniera al CIHD el Coronel Nelson Iván López y López, quien era el líder de la unidad I del Estado Mayor y había estado al mando también del Centro de Operaciones Tácticas del Estado Mayor el 15 y 16 de noviembre.
En noviembre de 1989, el CIHD oyó el testimonio de dos testigos: el Sargento Segundo Germán Orellana Vázquez y el oficial de policía Víctor Manuel Orellana Hernández Barahona. Ambos testigos afirmaron haber visto soldados del Batallón Atlacatl cerca de la UCA desde las 5 de la tarde esa noche. Ambos testigos cambiaron sus declaraciones más tarde.
CIHD no tomó declaración a Benavides durante el marco de tiempo inmediatamente seguido a los asesinatos, aunque el incidente había tenido lugar dentro de la zona bajo su mando. De acuerdo al dossier de la corte, la primera declaración que dio Benavides fue a la Comisión de Honor Especial el 11 de enero, 1990.
El 2 de enero de 1990, un mes y medio después de los asesinatos, el Mayor Eric Warren Buckland, consejero militar de Estados Unidos, informó a su superior, el Teniente Coronel William Hunter, de una conversación que había tenido lugar unos días antes con el Coronel Carlos Armando Avilés Buitrago. Durante esa conversación Avilés le había dicho a Buckland que se había enterado, a través del Coronel Nelson Ivan López y López, que Benavides se había encargado de preparar los asesinatos y que una unidad del Batallón Atlacatl los había llevado a cabo. Avilés también dijo que Benavides había pedido a Rivas Mejía (el encargado de la comisión de investigaciones) que le ayudara. Hunter le contó al Jefe de la Misión Militar de Estados Unidos, Coronel Milton Menjívar, sobre la alegación que el ejército estaba involucrado en los asesinatos. El Coronel Menjívar concertó una reunión con la oficina de Ponce con ambos Buckland y Avilés donde este ultimo, Avilés, negó haber contado a Buckland que el Coronel Benavides estaba involucrado en los asesinatos.
En enero de 1990, unos días después de las declaraciones de Buckland y sólo por las presiones de EEUU,Alfredo Cristiani estableció una Comisión de Honor Especial, consistente de cinco oficiales y dos civiles, para investigar los asesinatos. La Comisión de Honor interrogó a 30 miembros del Batallón Atlacatl, incluido el Teniente Espinoza Guerra y el Teniente Segundo Guevara Cerritos, y a un número de oficiales del Colegio Militar, incluido el Coronel Benavides.
Espinoza Guerra y Guevara Cerritos, así como los soldados que habían participado en los asesinatos, confesaron su papel en el crimen a la Comisión de Honor. Sin embargo, un miembro civil de la Comisión, Rodolfo Antonio Parker Soto, el consejero legal del Estado Mayor, alteró las declaraciones con el fin de borrar cualquier referencia a la existencia de órdenes provenientes de cargos superiores. Así mismo, borró algunas referencias a otros oficiales, incluida una a Hernández Barahona.
El 12 de enero ,1990 la Comisión presentó su informe al Presidente Cristiani. El informe identificaba a nueve miembros del ejército como responsables de los asesinatos, cuatro oficiales y cinco soldados rasos. El Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, el Teniente José Ricardo Espinoza Guerra y el Teniente Segundo Gonzalo Guevara Cerritos fueron acusados de asesinato, actos de terrorismo, actos preparatorios de terrorismo e instigación y conspiración para cometer actos de terrorismo. El Sargento Segundo Antonio Ramiro Avalos Vargas, el Sargento Segundo Tomas Zárpate Castillo, el Cabo Ángel Pérez Vásquez y el soldado raso Oscar Mariano Amaya Grimaldi fueron acusados de asesinato, actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo. El soldado raso Jorge Alberto Sierra Ascencio fue juzgado en ausencia y el Teniente Coronel Carlos Camilo Hernández Barahona fue acusado más tarde de ser un accesorio.
Los procedimientos anteriores al juicio duraron más de dieciocho meses. Durante este tiempo, Ponce, Zepeda, Montano y el General Gilberto Rubio presionaron a oficiales de bajo rango para que no mencionaran ordenes de superiores en sus testimonios.
El juicio con jurado tuvo lugar en septiembre de 1991. El juicio se llevó a cabo con numerosas dificultades. Las Fuerzas Armadas Salvadoreñas y el Gobierno Salvadoreño no respondieron a las peticiones del juez, Zamora del Juzgado 4 de Lo Penal de Instrucción, de presentar pruebas y testigos. El jurado emitió veredictos en los cargos por asesinato y terrorismo. Los otros cargos los dejaron para que el juez los decidiera. Solo dos de los diez demandados en el juicio, uno de ellos Benavides, fue encontrado culpable de asesinato, instigación y conspiración para cometer actos de terrorismo y fue sentenciado a la máxima sentencia de 30 años en prisión.
Espinoza Guerra y Guevara Cerritos fueron encontrados culpables de instigación y conspiración para cometer actos de terrorismo y fueron sentenciados a tres años. Hernández Barahona fue encontrado accesorio para cometer asesinato y sentenciado a tres años. Excepto por Mendoza Vallecillos y Benavides, ninguno de los demandados estuvieron en prisión. Mendoza y Benavides fueron más tarde puestos en libertad cuando la Ley de Amnistía fue aprobada bajo el mando de Cristiani.
CJA y APDHE se presentarán conjuntamente como acusación popular. Vea nota de pagina 1.
En 1985 España aprobó una Ley Orgánica estableciendo las reglas de operación de sus Cortes y Tribunales. El Articulo 23 de la Ley de 1985 generalmente establece las reglas de jurisdicción de las cortes españolas en casos criminales. La ley incorpora varios tipos de jurisdicción. El primer principio de "territorialidad" permite a las cortes españolas ejercer jurisdicción cuando el acto criminal tuvo lugar en suelo español. Un segundo principio es de "personalidad" dando jurisdicción cuando el perpetrador del crimen es español. La ley también reconoce jurisdicción bajo el principio de "protección de la integridad nacional" con indiferencia de quien haya cometido el crimen.
Las cortes españolas también tienen jurisdicción sobre casos relacionados con crímenes particulares. Este principio toma en consideración la naturaleza del crimen y la obligación internacional de los estados de procesarlo, a pesar de quien haya cometido el crimen y donde haya ocurrido el mismo. Algunos de estos crímenes son especificados en la ley (genocidio, terrorismo, piratería). La sub-sección (g), artículo 23 también reconoce la jurisdicción universal por "cualquier otro [acto criminal] que, de acuerdo a los convenios y tratados internacionales, deberían ser procesados en España."
Bajo la autoridad del articulo 23.4(g), los jueces de investigación en España iniciaron casos de jurisdicción universal en 1996 surgiendo de Chile y Argentina. Los casos argentinos implicaron la investigación de aproximadamente 10 sospechosos. Los casos chilenos se enfocaron en el General Pinochet y sus subordinados. Desde aquel entonces, muchos otros casos han sido presentados, incluyendo el Caso por Genocidio en Guatemala donde CJA es el fiscal principal.
- Audiencia Nacional de España
La Audiencia Nacional (AN) es un tribunal español con sede en Madrid y que tiene jurisdicción en todo el territorio de España. Es un tribunal tanto de apelación como de instancia en aquellas materias que la Ley Orgánica del Poder Judicial indica pero en ningún caso se trata de un tribunal de casación.
La sección de Lo Penal está compuesta de seis Juzgados Centrales de Instrucción. El juez designado lleva a cabo la instrucción tras admitir la querella a trámite.
La querella alega cargos por crímenes de lesa humanidad, asesinato en el contexto de crímenes contra la humanidad, encubrimiento de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado. La ley española ofrece jurisdicción universal para todos estos crímenes.
- Crímenes de Lesa Humanidad
El Código Penal de España ofrece a las cortes jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad en el Libro II, Titulo XXIV, Capitulo I, articulo 607Este nuevo articulo fue creado por la Ley Orgánica 15/2003. La lengua del estatuto está tomada directamente del Articulo 7 del Estatuto de Roma. Cuando, como en este caso, el crimen contra la humanidad resulta en la muerte de la(s) víctima(s), puede ser castigado con 15-20 años de prisión.
- Asesinato
El Código Penal de España ofrece jurisdicción en el caso de asesinatos en el Libro II, Titulo XXIV, artículo 138. El Artículo 139 declara que cuando un asesinato es premeditado el castigo se incrementara 15-20 años más de prisión. Bajo el Código, un asesinato es premeditado cuando 1) deriva de la existencia de un plan para cometer el crimen; 2) todas las personas involucradas tienen conocimiento del plan; y, 3) las víctimas no podían esperar de forma razonable el ataque (el elemento de "sorpresa").
El Código Penal de España ofrece jurisdicción sobre terrorismo en el artículo 571 del actual Código Penal y el artículo 174 bis b) del Código Penal de 1973 que establecen la responsabilidad por terrorismo de Estado sobre aquellos que cooperen con grupos armados con la intención de subvertir el poder del Estado, o seriamente dañar la paz general.
- Encubrimiento de Crímenes Contra la Humanidad
El Código Penal de España ofrece jurisdicción sobre el encubrimiento de crímenes contra la humanidad en el articulo 451.3 del actual Código Penal incluso si el demandado no participó directamente en el crimen, cuando el/ella ayudó a aquellos responsables a evadir al investigación por parte de las autoridades o a ser encontrados o arrestados por el crimen si el crimen es de hecho un crimen contra la humanidad o un crimen contra personas protegidas en el caso de un conflicto armado (crímenes de guerra) y terrorismo. Esta última provisión fue incorporada por la Ley Orgánica 12/2005 noviembre 25 que adapta el Código Penal de España al Estatuto de Roma.
Paul Auster y su esposa, la escritora Siri Hustvedt, ayer, durante su disertación en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca Foto: Ericka Montaño 
