Martes, 18 de Noviembre de 2008 / 12:40 h
Buscamos justicia y verdad en caso jesuitas
| De izquierda a derecha: Juan Carlos Marcos, padre jesuita; Almudena Bernabeu, principal abogada del Centro de Justicia y Responsabilidad; Juan José Tamayo, teólogo; Manuel Olle, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos en España; Carmen Lamarca, catedrática de derecho penal, Universidad Carlos III, Madrid. |
Redacción Diario Co Latino
La demanda interpuesta en la Audiencia Nacional de España en contra del ex presidente Alfredo Cristiani y catorce miembros del ejército de El Salvador, en situación de retiro, busca que se “apliquen las leyes y se exija la verdad”. Es necesario conocer a los responsables del cruel asesinato de los seis padres jesuitas, la empleada y la hija de esta, hecho ocurrido la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
Almudena Bernabeu, abogada principal del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), institución que acompañó la querella interpuesta, habló de esta iniciativa y de lo que esperan posterior a ella.
El CJA, con sede en San Francisco (EE.UU.), presento la iniciativa en el caso denominado «La masacre de los Jesuitas».
La abogada precisó que al ex presidente Cristiani se le acusa del «delito de encubrimiento de crímenes contra la humanidad», mientras que a los 14 militares se les acusa de ser autores materiales de «un crimen de lesa humanidad y asesinato en el contexto de crímenes contra la humanidad».
- ¿Cuál fue el motivo de presentar esta querella?
Buscar justicia y poder buscar la verdad sobre quienes fueron responsables del asesinato de los jesuitas de la UCA, su empleada y su hija. Siete de las víctimas eran de origen español, y España lidera el mundo en materia de enjuiciamiento nacional de crímenes internacionales por violaciones de derechos humanos.
- ¿Existen suficientes elementos para que se pueda abrir este proceso legal en España?
Sí. España tiene jurisdicción, dada la naturaleza de los crímenes, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 de la ley orgánica del poder judicial
- Hay un pacto de extradición entre España y El Salvador ¿Se podría utilizar para llevar a España a los acusados de estos crímenes?
Sí, existe un tratado y efectivamente se podría solicitar y proceder si se determinara el arresto internacional con fines de extradición. Pero eso sería más adelante en la instrucción.
-¿Ustedes, como organización están pidiendo encarcelamiento?
Nosotros pedimos que se apliquen las leyes y dentro de la más estricta legalidad se exija la verdad. Se establezcan las responsabilidades de los responsables del crimen (de los jesuitas y las dos empleadas)
-En El Salvador se han hecho varias peticiones para el juzgamiento de los responsables materiales e intelectuales ¿que opinan de estos proceso?
Conocemos el proceso que se siguió en 1990 y el cual, de acuerdo con reportes y testimonios del momento, y así registrados fue un proceso fraudulento y lleno de irregularidades. También conocemos la iniciativa y todos los esfuerzos llevados adelante por la UCA, que nos parecen excepcionales y que seguimos atentamente en espera que se pronuncie la Comisión Interamericana.
- ¿Consideran que ya están agotados todos los procesos judiciales nacionales para llevarlo a un tribunal internacional?
Sí, entendemos que el enjuiciamiento dentro de El Salvador no es posible en este momento y por ello queda pendiente el caso promovido por la UCA ante la CIDH y el esfuerzo ahora iniciado (querella presentada la semana pasada ante la Audiencia Nacional). Tengamos en cuenta que el sistema interamericano se dirige solo contra Estados, no contra individuos, como lo hace la Audiencia Nacional Española.
-El IDHUCA, en conferencia de prensa, aseguró que no participarán en este proceso ¿Que opinan de esta decisión?
Lógicamente, respetamos profundamente la decisión de la UCA de no participar en este proceso.
- El IDHUCA criticó el momento en que se interpone esta querella, ya que el país está en un proceso de elección y puede existir manipulación política.
No tengo nada que decir a este respecto más allá que los salvadoreños, ustedes y la UCA conocen la situación en El Salvador y pueden juzgar la existencia de esta iniciativa en relación con la situación nacional. Nosotros, las organizaciones de Derechos Humanos que hemos impulsado este esfuerzo no somos salvadoreños y no tenemos más que respeto por ese país y sus procesos políticos.
Sin embargo, si me gustaría dejar esto claro, este caso es el ejercicio de un derecho recogido en nuestra ley, y es un esfuerzo legal ya en manos de la justicia española, que esperamos prospere al amparo de lo contempla la ley española. Nosotros no hacemos política, ni pretendemos nada político… esta es una iniciativa estrictamente legal y no persigue fin político alguno y no vamos a dejar que el mismo sea manipulado o utilizado con esos fines.
Almudena Bernabeu, abogada principal del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), institución que acompañó la querella interpuesta, habló de esta iniciativa y de lo que esperan posterior a ella.
El CJA, con sede en San Francisco (EE.UU.), presento la iniciativa en el caso denominado «La masacre de los Jesuitas».
La abogada precisó que al ex presidente Cristiani se le acusa del «delito de encubrimiento de crímenes contra la humanidad», mientras que a los 14 militares se les acusa de ser autores materiales de «un crimen de lesa humanidad y asesinato en el contexto de crímenes contra la humanidad».
- ¿Cuál fue el motivo de presentar esta querella?
Buscar justicia y poder buscar la verdad sobre quienes fueron responsables del asesinato de los jesuitas de la UCA, su empleada y su hija. Siete de las víctimas eran de origen español, y España lidera el mundo en materia de enjuiciamiento nacional de crímenes internacionales por violaciones de derechos humanos.
- ¿Existen suficientes elementos para que se pueda abrir este proceso legal en España?
Sí. España tiene jurisdicción, dada la naturaleza de los crímenes, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 de la ley orgánica del poder judicial
- Hay un pacto de extradición entre España y El Salvador ¿Se podría utilizar para llevar a España a los acusados de estos crímenes?
Sí, existe un tratado y efectivamente se podría solicitar y proceder si se determinara el arresto internacional con fines de extradición. Pero eso sería más adelante en la instrucción.
-¿Ustedes, como organización están pidiendo encarcelamiento?
Nosotros pedimos que se apliquen las leyes y dentro de la más estricta legalidad se exija la verdad. Se establezcan las responsabilidades de los responsables del crimen (de los jesuitas y las dos empleadas)
-En El Salvador se han hecho varias peticiones para el juzgamiento de los responsables materiales e intelectuales ¿que opinan de estos proceso?
Conocemos el proceso que se siguió en 1990 y el cual, de acuerdo con reportes y testimonios del momento, y así registrados fue un proceso fraudulento y lleno de irregularidades. También conocemos la iniciativa y todos los esfuerzos llevados adelante por la UCA, que nos parecen excepcionales y que seguimos atentamente en espera que se pronuncie la Comisión Interamericana.
- ¿Consideran que ya están agotados todos los procesos judiciales nacionales para llevarlo a un tribunal internacional?
Sí, entendemos que el enjuiciamiento dentro de El Salvador no es posible en este momento y por ello queda pendiente el caso promovido por la UCA ante la CIDH y el esfuerzo ahora iniciado (querella presentada la semana pasada ante la Audiencia Nacional). Tengamos en cuenta que el sistema interamericano se dirige solo contra Estados, no contra individuos, como lo hace la Audiencia Nacional Española.
-El IDHUCA, en conferencia de prensa, aseguró que no participarán en este proceso ¿Que opinan de esta decisión?
Lógicamente, respetamos profundamente la decisión de la UCA de no participar en este proceso.
- El IDHUCA criticó el momento en que se interpone esta querella, ya que el país está en un proceso de elección y puede existir manipulación política.
No tengo nada que decir a este respecto más allá que los salvadoreños, ustedes y la UCA conocen la situación en El Salvador y pueden juzgar la existencia de esta iniciativa en relación con la situación nacional. Nosotros, las organizaciones de Derechos Humanos que hemos impulsado este esfuerzo no somos salvadoreños y no tenemos más que respeto por ese país y sus procesos políticos.
Sin embargo, si me gustaría dejar esto claro, este caso es el ejercicio de un derecho recogido en nuestra ley, y es un esfuerzo legal ya en manos de la justicia española, que esperamos prospere al amparo de lo contempla la ley española. Nosotros no hacemos política, ni pretendemos nada político… esta es una iniciativa estrictamente legal y no persigue fin político alguno y no vamos a dejar que el mismo sea manipulado o utilizado con esos fines.
